La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este miércoles que un creciente número de defensores de las libertades fundamentales en el mundo sufren represalias de varios tipos y durezas por cooperar con el organismo multilateral en materia de derechos humanos.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, presentó este miércoles un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el que da cuenta de represalias e intimidaciones contra activistas que van desde la prohibición de viajes a la congelación de activos, la detención o la tortura.
El documento menciona a 29 países donde se han documentado casos de represalias e intimidación, lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados.
Se trata de Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.
“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.
También dijo estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos. Indicó que hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.
En un caso hubo «tratamiento psiquiátrico forzado», en otro confinamiento solitario, y asaltos sexuales o violaciones durante la detención. Recalcó que estas agresiones le ocurrieron tanto a hombres como a mujeres.
El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.
El número de situaciones de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore.
Según la ONU, “muchos” ataques contra activistas son “perpetrados o consentidos por funcionarios” y muchos otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.
El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países “tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos”.
“Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización”, señala el informe de Gilmore.
El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición.
