Por invitación de Dejusticia dos defensores de derechos humanos de la ONG Provea, visitaron Colombia para explicar y contar detalles sobre la profunda crisis política y social que atraviesa el país vecino.
“50 muertos en 50 días de protestas en Venezuela”, titularon varios medios internacionales el sábado 20 de mayo. La cifra iba acompañada de otros datos igual de chocantes: las manifestaciones en ese país en contra del gobierno de Nicolás Maduro, los atentados a la democracia y la expansión de la pobreza, han dejado además 13.050 heridos y 2.459 presos. A pesar de ese escenario, el lunes los venezolanos volvieron a las calles. Esta vez, para reclamar su derecho a la salud en un país que se declaró en “escasez de medicinas” a finales de marzo.
“A pesar del incremento de la crueldad y la represión la gente se mantiene en la calle y cada día, como el efecto de la bola de nieve, se van sumando nuevas personas a este proceso”, reiteró la semana pasada desde Bogotá Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). Uzcátegui y Marino Alvarado, excoordinador de la ONG y hoy miembro de la junta directiva, visitaron Colombia por invitación de Dejusticia para tener un diálogo y un intercambio con Dejusticia y la sociedad civil colombiana sobre la peor crisis económica y política en la historia reciente de ese país.
Provea anunció públicamente, en octubre pasado, que Venezuela se encuentra bajo una dictadura moderna. Bajo un gobierno elegido por democracia que, paulatinamente, fue coaptando las instituciones del Estado hasta obtener el control pleno hasta alejar al país de la democracia. Quizás el comienzo más claro de ese proceso fueron las elecciones parlamentarias 2015, donde la oposición ganó terreno y el Gobierno de Maduro, en palabras de Rafael Uzcátegui, “tomó la decisión de promover un modelo que no necesitara contar con el apoyo popular”.
Luego vino la aprobación del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, en mayo del 2016, que le quitó competencias a la Asamblea y le dio nuevas facultades al presidente en nombre de la crisis económica. Después fueron aplazadas las elecciones regionales a finales de octubre de ese año, y días después llegó el acto final del desmantelamiento de la democracia: la suspensión del proceso de referendo revocatorio al presidente Maduro. Ese día, señala Provea, Venezuela se convirtió abiertamente en una dictadura.
Como reacción a todo ello, surgieron las protestas de los últimos dos meses, a las que Uzcátegui y Alvarado se refieren como “la primera rebelión popular del siglo XXI”: un movimiento de indignación social que, por primera vez en la historia reciente del país, unió a las diferentes clases sociales venezolanas. A los jóvenes y a los viejos. Y a los habitantes de la ciudad y del campo. Provea calcula que 1’200.000 personas han salido a las calles de los 24 estados del país a protestar por la crisis económica, a exigir el retorno de la democracia, a pedir que se celebren las elecciones aplazadas, a reclamar que se respeten las competencias de la Asamblea Nacional, y a rechazar la opresión que ya ha dejado media centena de muertos. Pidiendo, en otras palabras, el retorno de la democracia. El respeto por la dignidad.
“Hay una práctica que corresponde a la dictadura –dice Marino Alvarado–. Se ha consolidado la misma doctrina de seguridad nacional que aplicaron las dictaduras del Cono Sur, que veían en todo comunista a un enemigo que había que enfrentar y derrotar de cualquier forma. Y eso implica violaciones graves de los derechos humanos”.
En esas violaciones las fuerzas militares están jugando un papel protagónico. Alvarado lo explica así: hoy la militarización de Venezuela es mayor que cuando gobernó Hugo Chávez, que venía del ejército. Sectores de las fuerzas militares no solo tienen poder político sino económico, en tanto han sido beneficiarios de empresas exclusivamente manejadas por ellos.
hoy la militarización de Venezuela es mayor que cuando gobernó Hugo Chávez, que venía del ejército. Sectores de las fuerzas militares no solo tienen poder político sino económico, en tanto han sido beneficiarios de empresas exclusivamente manejadas por ellos.
¿Y qué papel ha jugado Colombia en esta crisis? El director de Dejusticia, César Rodríguez Garavito, llama la atención sobre el silencio que ha imperado. “Ante el silencio de sectores progresistas, incluso algunos sectores de derechos humanos, en Colombia los espacios discursivos y la denuncia sobre lo que pasa en Venezuela lamentablemente ha sido capturada por sectores políticos de derecha, guiados muchas veces por el oportunismo político”. Al mismo tiempo, Rodríguez llama la atención sobre la indiferencia de algunos países y sectores de derechos humanos latinoamericanos, que en otras épocas recibieron solidaridad de la sociedad civil venezolana, que los acogió y los respaldó ante violaciones de derechos humanos en sus países como las que hoy sufren ciudadanos y activistas de Venezuela.
Provea insiste en el poder de la movilización ciudadana, y en la necesidad de que esos indignados se mantengan en las calles levantando la bandera de la protesta pacífica a pesar de la violencia y las represiones gubernamentales. Dejusticia y la sociedad civil colombiana y latinoamericana seguirán atentos y solidarios con los reclamos a favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Prensa Dejusticia.
https://www.dejusticia.org/crisis-en-venezuela-por-que-esta-no-es-una-protesta-mas/
