La situación económica y social del país es muy grave y la crisis política traba seriamente la posibilidad de encararla y superarla. La mayoría de los venezolanos parecen coincidir en que es necesario, para iniciar la resolución de esa crisis política, que los ciudadanos sean consultados, es decir, que se celebren elecciones como condición necesaria, aunque puede que no suficiente, para que la sociedad venezolana comience a salir de las dificultades que la agobian.
La decisión del 20 de octubre del CNE de paralizar, hasta nueva orden judicial, el referendo revocatorio presidencial, que es un derecho constitucional consagrado en su artículo 72, cerró ese proceso pacífico y democrático que parecía contar con amplio apoyo. Esa decisión estuvo acompañada de una anterior, dos días antes, y anunciada por el mismo CNE, de que este año no se realizarían las elecciones regionales, lo que también violenta lo establecido en la constitución, al no respetar los plazos en ella estipulados. Las graves consecuencias que ambas decisiones acarrean, al cercenar de en la práctica el derecho al voto de todos los ciudadanos, podría enmendarse si el Poder Electoral, en ejercicio de los principios de independencia orgánica, autonomía funcional que la Constitución le otorga, rectificara y posibilitara la realización prontamente de ambas consultas electorales.
Se añade a lo anterior, la situación de minusvalía en que se encuentran los electores del Estado Amazonas al ser sus representantes electos ante la Asamblea Nacional, desconocidos por una sentencia aprobada la última semana del mes de diciembre del 2015, sin que a esta fecha haya sido solventada la situación de esos cuatro diputados. Es también probable que esta irregular situación requiera, para solventarla, de un nuevo proceso electoral.
Sorprende en este contexto el anuncio hecho hace pocos días por la Presidenta del CNE, informando que el organismo disfrutará de vacaciones colectivas a partir del 1° de diciembre. Sorprende, porque deja la impresión de que el Poder Electoral elimina nuevamente la posibilidad de que en un tiempo cercano –siendo que la urgencia política es evidente– se pueda realizar alguna consulta electoral reclamada por buena parte del país, o bien acordada en la Mesa de Diálogo, o por una rectificación del mismo CNE, cosa que también es reclamada, legítimamente y apegados a la Constitución, por muchos.
Sorprende, además, porque coincide con diversas actuaciones de otros poderes del Estado que no ayudan a crear un clima propicio para un eventual acontecimiento electoral y, por el contrario, parecen querer torpedearlo. Así, el TSJ mantiene su tónica de restringir las funciones de la Asamblea Nacional y de también restringir, a petición de la Procuraduría General de la República, manifestaciones públicas, poniendo en cuestión la vigencia misma de la Constitución. Coincide, así mismo, con opiniones de líderes oficialistas, incluyendo al propio Presidente Maduro, que parecen descartar de plano cualquier opción electoral pronta.
En sistemas democráticos, es el diálogo el medio para canalizar pacíficamente los disensos y desavenencias. Es la forma de construir las condiciones mínimas para la convivencia pacífica en función del interés de todos. El país debe salir de sus problemas mediante la conversación y la negociación para darle un sentido de dirección compartido. Y también por la vía de la consulta a los ciudadanos en ejercicio de su derecho constitucional al sufragio. Así lo debe entender el liderazgo nacional. Es la sociedad la que eleva estas urgentes demandas.
Caracas, 21 de noviembre de 2016.
Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
