Menos de un mes después de registrarse el primer gran apagón nacional, el pasado 7 de marzo, una nueva interrupción del servicio eléctrico agudiza las ya precarias condiciones de vida de los venezolanos. Desde el pasado lunes 25 de marzo la mayor parte del territorio nacional sufre constantes cortes de luz, que afectan la dinámica diaria de millones de familias y comprometen la salud e integridad de cientos de miles de personas.
Desde que se produjo el primer apagón nacional el pasado lunes, buena parte del territorio nacional ha dejado nuevamente de contar con servicio de agua potable. La situación catastrófica generada a raíz del apagón eléctrico ocurrido desde horas de la tarde del 25 de marzo, ha generado la interrupción del servicio de agua corriente hacia los hogares del país, sin que hasta ahora -nuevamente en menos de un mes- exista respuesta o un protocolo de emergencia por parte de quienes detentan por la vía de facto el poder y controlan los recursos e instituciones del Estado venezolano.
La prolongada interrupción del servicio de agua potable, habitualmente deficiente en Venezuela, ha significado un verdadero drama para millones de familias venezolanas, quienes ven afectadas la realización de otros derechos como la alimentación, la salud, la educación y el libre tránsito, entre otros.
Se repite un escenario en el que la ausencia de respuestas efectivas e inmediatas por parte del gobierno de facto frente a la crisis del agua, revela la indolencia e incapacidad de los funcionarios de la dictadura para atender un drama que compromete la salud y la vida de millones. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que apunte a brindar certezas a la población sobre el tiempo requerido para la reactivación total del servicio eléctrico y por ende el suministro de agua. No se han desarrollado operativos especiales para surtir de agua a las comunidades más afectadas o para atender a los sectores en riesgo. La opacidad oficial ha generado más incertidumbre y desasosiego en la población, propiciando la ocurrencia de protestas para demandar soluciones, y con ellas la tradicional respuesta represiva de los agentes de la fuerza pública de la dictadura.
La situación actual, consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país, es una nueva condena de Maduro contra los más pobres. En un contexto de empobrecimiento generalizado; severo deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud; y colapso de los servicios públicos, una interrupción tan prolongada del suministro de agua potable y la ausencia de medidas efectivas para mitigar el impacto, agrava los problemas de la gente sometiendo a más riesgos a quienes ya se encontraban en condición de vulnerabilidad, debido al escenario negativo para los derechos humanos generado por las propias autoridades.
En 2018 prácticamente toda la nación padeció la carencia del servicio de agua, lo cual se sumó a otras graves privaciones como la falta de alimentos, de medicinas, las fallas eléctricas, el déficit en el transporte, afectando a la población en tal magnitud que degradó aún más la calidad de vida de los habitantes de una nación golpeada intensamente por políticas económicas que condujeron al país a la hiperinflación; más pobreza; hambre y desnutrición. Esto se reflejó en hogares, escuelas, centros de salud, donde la falta del líquido causó impactos drásticos, incluso incidiendo en las cifras de mortalidad y morbilidad. Como resultado, en 2018 se produjo un alto número de protestas reclamando servicios públicos de calidad, 1.138 reclamando agua. Una penuria que marcó a la nación en cuyas escuelas sólo asiste regularmente la mitad de sus estudiantes siendo la principal razón de eso la falta de agua, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2018.
2019 es un año marcado por la acelerada erosión de las garantías para los derechos económicos, sociales y culturales. Provea advierte que de prolongarse por más tiempo esta crítica situación, las consecuencias podrían ser devastadoras para amplios sectores de la población y el desespero ante la falta de soluciones podría propiciar escenarios de desespero y violencia. En este preocupante escenario exigimos información veraz y oportuna sobre las medidas que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del suministro de agua potable; Atención inmediata a la población en mayor riesgo debido a la prolongada interrupción del servicio de agua potable, tales como: adultos mayores; personas sometidas a tratamientos de salud: niños, niñas y adolescentes; privados de libertad, entre otros; Garantizar que el restablecimiento del servicio de agua potable se haga de manera profesional.
Prensa Provea
