Luis Crespo economista

La menguada economía venezolana no parece dar muestras reales de recuperación. A pesar de los anuncios oficiales sobre la mejora del desempeño económico, los trabajadores y sus familias deben sortear la crisis con salarios congelados y el progresivo despojo de derechos laborales. En medio de este panorama, la gestión de Nicolás Maduro impone un nuevo modelo económico que luce apartado de las consignas y los objetivos históricos que el «proyecto bolivariano» decía encarnar: la protección de la clase obrera. Sobre estos y otros aspectos conversamos con Luis Crespo, Economista, Magister en Moneda e Instituciones Financieras, Profesor de la Universidad Central de Venezuela y Vicepresidente de la Asociación de Profesores de esa casa de estudios.

Los trabajadores venezolanos han sido los principales protagonistas de la conflictividad social en los últimos dos años, pero pese a las demandas ciudadanas el gobierno insiste en negar un aumento de salario. ¿Por qué se empeña en esta política?

Tenemos más de 500 días sin aumento de salario mínimo.

Esa situación afecta a un sector importante de la población -sobre todo a los trabajadores del sector público- y, aunque no todos allí perciben salarios mínimos, los tabuladores salariales arrancan o usan como punto de partida el salario mínimo. Es decir, lo usan como elemento referencial. Por lo tanto, al controlarlo y no permitir su movilidad, el gobierno congela prácticamente esas tablas salariales, impidiendo a los trabajadores percibir mejores ingresos.

En un contexto en el que la tasa de inflación -según el Banco Central- ronda el 404% al mes de julio y la cesta alimentaria -según el CENDAS- está próxima a los 502 dólares, los salarios actuales someten a los trabajadores a unas condiciones de depauperación.

El gobierno de Maduro insiste en imponer una política económica basada en ajustar variables macroeconómicas a partir de controlar el gasto, sacrificando el ingreso y los derechos de los trabajadores.

Pretenden controlar el gasto a partir de la congelación de los salarios, con el fin de evitar distorsiones en el mercado cambiario y en los niveles de precios de la economía, obviando su responsabilidad en todo el fracaso de la economía que el propio gobierno generó.

Maduro culpa a las sanciones económicas de la crisis y afirma que no puede aumentar los salarios debido a estas medidas ¿Cuán válido es ese argumento?

El gran responsable de la crisis pretende que hoy en día los trabajadores paguen por su culpa.

El ingreso de los trabajadores comenzó a deteriorarse antes de las sanciones. La hiperinflación fue antes de que se apretaran las sanciones, empezamos a padecerla en el último trimestre del 2017, pero ya antes veníamos con un año de alta inflación y la causante fue la irresponsabilidad política y económica del Gobierno que des-institucionalizó el gasto público e incurrió en un gasto desenfrenado.

Ha habido un manejo muy oscuro de las finanzas públicas, vimos recién, en marzo, como el propio Gobierno anunció la desaparición de 3.000 millones de dólares y dijo que no encuentran otros 20.000 millones de dólares. Eso es una vergüenza, porque mientras negaban aumento de salarios y argumentaban que no había recursos para ese aumento, les explotó en la cara un escándalo de corrupción de más de 23.000 millones de dólares.

Los distintos planes, proyectos y acciones en materia económica de Nicolás Maduro han sido un fracaso.

Desde que presentó en la Asamblea Nacional el segundo Plan de la Patria, el segundo Plan Socialista, en el que se definió un conjunto de objetivos que no se cumplieron nunca, los sucesivos planes, acciones, decretos y leyes han sido un completo fracaso que hundieron al país en una de las recesiones más grandes de nuestra historia.

Ello desembocó en una hiperinflación muy agresiva, distorsionó los sistemas monetarios, los sistemas de precios, destruyó la moneda, el poder de compra.

Entonces los niveles de pobreza en el país llegaron a cifras máximas.

Hay toda una lista de situaciones que hemos atravesado en los últimos 14 años que son el mayor ejemplo de lo que significa el fracaso de la política económica de Nicolás Maduro.

¿Hacía donde avanza el modelo económico de Nicolás Maduro?

Estamos frente a lo que hemos descrito como un viraje silencioso.

Cuando se comenzaron a tomar decisiones pragmáticas en materia legal, en materia económica, como el desmontaje de la Ley de Ilícitos Cambiarios, ocurrió un punto de inflexión.

En Venezuela se perseguía a las personas hasta por hablar del dólar. Con el desmontaje de esa ley, en 2019, la economía venezolana, las familias, las empresas, comenzaran a convivir con esa moneda porque era una necesidad para reconstruir equilibrios microeconómicos del día a día, del funcionamiento de las empresas, del funcionamiento de las familias y poder, en una economía distorsionada, inmersa en un espiral de hiperinflación, reestablecer algunos equilibrios y retomar algún funcionamiento mínimo.

La magnitud de la variación de los precios marcaba el deterioro de la moneda, del poder de compra y del consumo de los venezolanos. Ese es un momento bien interesante para describir el punto de inflexión de toda esa política que comenzó a desarrollarse en el inicio del 2019.

Es entonces cuando aparece el dólar como una moneda que se puede transar, en la venta de un apartamento, de una finca, de un carro, pero también para transar en el día a día. Para comprar una Harina Pan o un rollo de papel.

Pero, es en medio del gran apagón del 7 de marzo del 2019, cuando el dólar debuta públicamente como un instrumento transaccional y, a partir de allí, se da comienzo a una etapa en la que el gobierno acoge el pragmatismo como bandera y los controles excesivos comienzan a quedar atrás.

Se empiezan a tomar medidas, que no se anuncian al país, pero que afectan distintas áreas de del quehacer económico. En el área monetaria, fiscal, comercial, cambiaria y en el comercio internacional.

Ese viraje silencioso está caracterizado por un alto nivel de pragmatismo donde se soltaron los controles.

Están tratando de revertir algunas privatizaciones porque se están entendiendo con el sector privado, pero en el caso de los trabajadores se mantiene una política de restringir los derechos laborales y eso inicia con la reconversión monetaria del 2018 cuando se aprobó el Memorando 2792 y se dio al traste con las contrataciones colectivas, se actuó contra el marco jurídico de las convenciones colectivas de los trabajadores venezolanos e inició una etapa muy lamentable en la que, luego de cuatro años de caída del poder de compra de los ingresos producto de la hiperinflación, se actúa ahora bajo instrucciones del Ministerio de Planificación para desconocer las contrataciones colectivas, anclar el salario y no permitir la actualización de los mismos.

El gobierno pone a los trabajadores a pagar la crisis con un plan de ajuste económico que no ha discutido con ningún sector de la población.

Lo implementa en distintas áreas y busca favorecer al sector empresarial a costa del sacrificio de los trabajadores, en términos de salarios, convenciones colectivas y de la extinción de activos que son fundamentales para las familias como las prestaciones sociales y las cajas de ahorro, entre otros. Esos derechos fueron pulverizados.

Sí, las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía venezolana, pero en definitiva no son la causa principal de lo que ha ocurrido en materia económica.

El gran responsable es un gobierno que en una década ha cometido todo tipo de errores, que desconoció principios fundamentales en política monetaria, en política fiscal y en política comercial.

Abusaron y fueron irresponsables en el manejo de las finanzas públicas, des-institucionalizaron al Banco Central y auparon y mantuvieron una fuente de corrupción que propició que millones de dólares, que ingresaron al país provenientes de la actividad petrolera, fueran a para al bolsillo de particulares.

Ahora se crea toda una campaña para tratar de responsabilizar a otros de su propio fracaso. Y aunque la economía venezolana atraviesa grandes problemas, ello no justifica que no se pudieran realizar ajustes a los salarios de los trabajadores en los últimos años.

En definitiva, hay una orientación en materia económica de no discutir aumento de salario con los trabajadores, para sacrificar a ese sector debido al colapso que ellos generaron en otras áreas, y también hay una orientación política dirigida a abaratar y precarizar el empleo en Venezuela.

¿Venezuela se arregló?

Eso no es más que una campaña publicitaria y una estrategia comunicacional del gobierno tratando de crear una falsa idea de la economía venezolana.

Los economistas estuvimos advirtiendo que existían distorsiones presentes en variables y áreas fundamentales y que algunos de los comportamientos positivos de algunas variables de la economía, no eran sostenibles en el tiempo.

Nos alegró mucho salir del ciclo recesivo que tuvimos del 2014 al 2020, un ciclo depresivo que destruyó más del 75% la producción interna con una gran devastación, y que ocasionó que la economía venezolana hoy sea una economía muy pequeña con factores de la producción, la inversión y el trabajo destruidos.

Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón.

Creemos que que es fundamental la recuperación económica del país para poder generar mejores condiciones para los trabajadores, sus familias y las generaciones futuras. Se ha sufrido mucho en las últimas décadas por la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores, y en ese sentido siguen estando presente varios factores que hay que corregir como el tema de la institucionalidad, la productividad, los salarios, el acceso a los servicios públicos y la credibilidad de una política o de planes económicos que puedan generar confianza para que la actividad económica pueda retomarse con fuerza en el país.

Sigue habiendo opacidad en el manejo de las finanzas públicas, quisiéramos saber cuánto ingresa por el sector petrolero, cuánto ingresa por el sector de la minería, en cuánto está ingresando por recaudación y en fin, cuál es la planificación presupuestaria del gobierno para poner en contexto la situación del país desde el punto de vista de la discusión sobre los trabajadores y sus necesidades salariales.


Prensa Provea