El 18 de septiembre de 2020 el diario venezolano El Periodiquito reseñó en su primera plana, que la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la población de Villa de Cura, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, había “neutralizado” a cuatro presuntos integrantes de una banda delictiva denominada “Los Chevrolet” en medio de un operativo policial.
La acción de los detectives se habría producido tras la denuncia de los familiares de un hombre, que supuestamente había sido raptado por los presuntos delincuentes en el sector Aragüita, parroquia Villa de Cura.
Apuntaba la nota periodística que el CICPC conformó una “comisión de inteligencia” para dar con el paradero del secuestrado y determinar también quiénes era los responsables del hecho.
Según el relato, cuando la comisión llegó al sitio donde tendrían en cautiverio al hombre, se produjo un supuesto enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los funcionarios. En el hecho murieron a mano de los agentes de la fuerza pública, cuatro hombres supuestos integrantes de la banda dedicada al robo de vehículos y la extorsión.
Como en las clásicas cintas policíacas ningún funcionario del cuerpo detectivesco salió herido o en el peor de los casos, muerto. Narrativa común en los partes policiales cada vez que se produce un supuesto intercambio de disparos entre “delincuentes” y agentes de seguridad pública.
Entre las víctimas fue identificado Marcelo Antonio Terán Esparragoza, de 39 años de edad, cuyo cuerpo junto a los otros tres fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar, lugar acostumbrado a donde trasladan las víctimas resultantes de este tipo de operativos.
A la morgue llegaron los familiares de Terán Esparragoza para su respectiva identificación. Al confirmarla, declararon a los medios de comunicación que el hombre no era ningún delincuente y que no pertenecía a ninguna agrupación criminal.
Su hermana María, denunció que Marcelo fue “ajusticiado” por los detectives del CICPC.
En sus declaraciones se revela su profunda indignación, dolor e impotencia. Cuenta que ese día su hermano iba saliendo de su casa con su esposa e hijos cuando comenzó la balacera. “En ese momento le dijo a su pareja que corriera mientras él terminaba de trancar su casa, sin embargo, no respetaron eso y lo asesinaron dentro de su casa”, dice María con lágrimas en sus ojos.
Agrega que todo el pueblo de Villa de Cura estaba consternado por la noticia. Que les resultaba difícil de creer lo que había ocurrido con Marcelo porque lo conocían bien y aseguraban que el hombre humilde no era integrante de ninguna organización delictiva.
María prosigue con su relato, invadida por el llanto doloroso. Ha sido otra víctima, junto a otros de sus familiares, de las recurrentes historias que ocurren, casi a diario, en los barrios de Venezuela. Inocentes que son asesinados por funcionarios de cuerpos policiales y militares.
Señala que a su hermano ni siquiera lo detuvieron para interrogarlo si estaba involucrado en el secuestro. Sencillamente, según lo cuenta, “lo mataron, ¿y si era inocente? ¿Cómo es que tenía secuestrada a una persona y él estaba saliendo de su casa? Alguien que me explique eso”.
Los detectives no preguntaron ni averiguaron. En este caso, al parecer, dispararon primero pero tampoco investigaron después. Simplemente reseñaron en su informe que Marcelo Terán era el cuarto integrante de “Los Chevrolet”. Los otros tres asesinados también fueron identificados.
Marcelo trabajaba como obrero en la sede del Ministerio de Educación en Villa de Cura. Dejó a 5 niños huérfanos y a su viuda.
Su familia ni siquiera ha pensado formular la denuncia contra los funcionarios del CICPC ante la fiscalía ni en la defensoría del pueblo. Dicen que no tienen tiempo para eso. Que tuvieron que hacer muchas diligencias para lograr enterrar el cuerpo antes de que se descompusiera en la morgue. La tardanza para retirarlo fue “por razones económicas… los entierros están muy caros… además tuvimos que conseguirle gasolina al carro de la funeraria porque no tenían para llevarlo al cementerio… todo eso tuvimos que hacerlo para enterrar a nuestro hermano”, confiesa María para este reportaje.
Y lo más probable es que pocos pudieron acompañar a Marcelo a su última morada por aquello de las medidas de protección por el Coronavirus.
La familia Terán es una más afectada por el abuso policial que enluta miles de hogares pobres.
La participación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en miles de presuntas ejecuciones llamó la atención de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en su Informe presentado el pasado 16 de septiembre.
Una de las recomendaciones realizadas al Estado venezolano fue» Emitir inmediatamente directivas de alto nivel en las fuerzas policiales, en particular la PNB y el CICPC, para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y declarar públicamente que esos delitos se investigarán con prontitud y se castigará a los responsables».
Ver: Aragua: entre enero y junio, 181 personas fueron asesinadas por policías y militares
(*) Trabajo conjunto del Centro Gumilla y Provea como parte de la observación a la violencia policial y militar en Venezuela
