La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido la liberación inmediata de Édgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue arrestado este miércoles.

“Instamos a las autoridades a que detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros”, ha dicho en su cuenta de Twitter la Oficina que dirige Michelle Bachelet.

El dirigente opositor fue despojado la semana pasada de su inmunidad parlamentaria junto a otros seis miembros de la Asamblea Nacional y es probable que otros tres corran la misma suerte.

Los 10 parlamentarios están acusados ​​de conspiración, rebelión y traición debido a su presunta participación en el video que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, «pidió a los soldados y la familia militar” que le acompañen “en el marco de la Constitución y en el marco de la lucha no violenta”, según un comunicado emitido por la Unión Interparlamentaria. El Gobierno de Nicolás Maduro considera que se trató de un intento de golpe de Estado.

La Unión Interparlamentaria ha mostrado su preocupación por el arresto. La Unión “solo reconoce a la Asamblea Nacional como el Parlamento elegido en Venezuela”. Según lo estipulado por la Constitución, dicen, “solo la Asamblea Nacional tiene la autoridad para eliminar la inmunidad parlamentaria y no la Asamblea Constituyente”.

La UIP hace un llamamiento a todas las partes en Venezuela para que “respeten el estado de derecho y trabajen para encontrar soluciones” a la crisis actual. La UIP “cree firmemente” que esto también implica “el pleno respeto de la independencia y la integridad de la Asamblea Nacional y la protección de los derechos de sus miembros”.

Gilber Caro, en paradero desconocido

En este sentido, la UIP asegura que sigue “profundamente preocupada” por la detención del diputado Juan Requesens y las condiciones en las que se le ha mantenido recluido desde agosto de 2018; así como por la “presunta detención arbitraria” del diputado Gilber Caro, que lleva en paradero desconocido desde el 26 de abril.

La Oficina de Derechos Humanos también expresó, el pasado día 3 de mayo, su preocupación por la detención de Caro.

“Su arresto no solo se llevó a cabo en violación de su inmunidad parlamentaria, sino que, hasta el día de hoy, su destino y paradero no han sido confirmados por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo el derecho internacional”, aseguró la portavoz Ravina Shamdasani.

Según la portavoz, Caro fue llevado ante un tribunal, en violación de la ley venezolana, que limita el tiempo de detención policial a 48 horas, y la Alta Comisionada está particularmente preocupada por su bienestar, ya que corre un alto riesgo de ser torturado o maltratado.

Caro ya había sido detenido arbitrariamente en enero de 2017. En junio de 2018 fue liberado condicionalmente. La comisión técnica que visitó Venezuela en marzo se reunió con él.

Protestas

Durante las protestas de la semana pasada en Venezuela, cinco personas murieron, tres de ellas adolescentes.  Estos últimos fallecimientos elevaron a 49 las muertes de manifestantes en lo que va de año.

Las víctimas murieron todas por disparos de armas de fuego. Un adolescente de 15 años falleció en el estado de Mérida, dos jóvenes de 16 y 24 años murieron en Aragua por disparos de grupos pro-Gobierno y otros dos de 15 y 27 fallecieron en la plaza de Altamira en Caracas.

La Oficina de Bachelet también informó de que al menos 10 periodistas resultaron heridos cuando cubrían las protestas del 1 de mayo, cinco de ellos por arma de fuego.


Prensa OACNUDH