Los que usurpan la condición de representantes del Ministerio de Educación Universitaria en Venezuela han amenazado abiertamente y en forma oficial a las autoridades universitarias de las Universidades Autónomas y las Experimentales no intervenidas (1) de no transferirles a las casa de estudios que ellas dirigen los recursos presupuestarios correspondientes a los gastos de personal de la primera quincena del mes de marzo, si estas no suscriben antes una certificación de solicitud de recursos, en la cual se incorpora de manera ventajista y chantajista un reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Esta nueva agresión contra las universidades venezolanas no representan solo una acción política de orden táctico y coyuntural, impulsada por el régimen para obtener de las instituciones de educación universitaria, aunque sea de manera forzosa, un reconocimiento que, dado su origen y desempeño, le es esquivo a Maduro por parte de la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional. También es una ofensiva inscrita en la aspiración estratégica del Socialismo del Siglo XXI de subordinar todas las instituciones a la verdad oficial, aquella que emana del poder, es decir, convertir en este caso a las universidades, que cuentan con autonomía, en instituciones que se ajustan a los propósitos de la dictadura.
Los propósitos de la dictadura en materia de educación universitaria pueden apreciarse en su sostenida política represiva hacia las casas de estudios de educación superior que cuentan con algún grado o plena autonomía, pero se distinguen más claramente en el modelo de instituciones universitarias creadas por el régimen en los últimos años y en el accionar de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL).
En cuanto al modelo de instituciones universitarias creadas por el régimen en los últimos años, es pertinente comentar que en ellas se expresa las prácticas habituales de la dictadura. En esas universidades no se ha realizado desde que han sido creadas proceso electoral alguno para designar autoridades universitarias porque la voluntad de sus comunidades importa poco y nada. Los Rectores y principales autoridades son designados e impuestos por el Ministerio de Educación Universitaria. En ellas no hay organizaciones gremiales y sindicales y allí donde permanece representación de los trabajadores, como ocurre en el caso de las universidades intervenidas, sus dirigentes son duramente perseguidos y se les limita su acción en favor de sus afiliados. En esas universidades no es permitida la opinión crítica sobre la vida nacional, no es posible de ninguna manera, por ejemplo, el cuestionamiento a las políticas públicas que impulsa la dictadura. Su modelo pedagógico se centra en la docencia, en consecuencia, la investigación y sus aportes a la resolución de los grandes problemas nacionales es intrascendente. Aunque en ellas, seguro hay docentes, estudiantes y trabajadores que desean la autonomía y anhelan la libertad académica, estos se encuentran atrapados en un modelo autoritario que como tantas veces en las dictaduras en Venezuela y América Latina ha propiciado instituciones universitarias que le sean funcionales y trabajen en favor de concederles legitimidad.
En cuanto a la ARBOL esta es una asociación de rectores que no representa a sus comunidades, pues ellas no los escogieron para ocupar esos cargos. Su lealtad es al régimen, es la dictadura quien los designa y remueve de sus posiciones. Este es el motivo de su apoyo a las agresiones que sufre la universidad venezolana y su posición en favor de condenar toda autonomía dentro del sistema nacional de educación universitaria. No se les conoce manifestación alguna demandando recursos o proponiendo cambios en materia de educación universitaria, se pronuncian exclusivamente para reclamar investigaciones y sanciones contra las autoridades de las universidades autónomas y las experimentales no intervenidas.
La amenaza de no transferir los recursos de gasto de personal de la primera quincena de marzo hecha por la dictadura a las universidades autónomas si sus autoridades no reconocen a Nicolás Maduro como presidente constitucional es un castigo a casi 110.000 trabajadores universitarios, a quienes se les niega inconstitucionalmente su salario. El régimen busca crear un conflicto entre ellos y sus autoridades, para que de él se produzcan manifestaciones que le sean favorables a sus fines de búsqueda de legitimidad.
La no transferencia de recursos señalada es también una agresión a estas instituciones por su actitud crítica ante el régimen y en favor de la verdad. La dictadura pretende doblegar a las universidades autónomas y convertirlas en instituciones que reproduzcan el modelo de universidades que exhiben las casas de educación superior que ha creado.
Exclusivamente por razones de espacio, citaré cuatro ejemplos –existen muchos más- de acciones emprendidas por las universidades autónomas y experimentales no intervenidas de gran importancia para el país y para la lucha por la democracia que la dictadura no admite y dan cuenta del modelo de universidades que quienes reivindicamos la autonomía debemos defender del chantaje del régimen:
- La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) una iniciativa de investigación de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello que desde 2016 cubre la ausencia de estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida de la población en Venezuela. Estas universidades, con libertad académica, a través de este proyecto dan cuenta del acceso de la población a derechos económicos y sociales, midiendo, entre otros asuntos, realidades tan sensibles en la vida de la gente como lo son los niveles de pobreza y la realidad del mundo de trabajo. Asimismo muestra – más allá de la propaganda oficial- y con base en estudios de campo, el impacto de las políticas de tipo social que desarrolla la dictadura. La ENCOVI se ha convertido en una referencia obligada de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de académicos dentro y fuera del país, en fin de todas las organizaciones e instituciones interesadas en la realidad social en Venezuela.
- La declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja en el sector universitario asumida por diversos Consejos Universitarios, entre ellos, los de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia. Una alerta al país y al mundo de las terribles condiciones de vida de los universitarios, los cuales en su totalidad, según el tabulador salarial del sector, perciben remuneraciones que no alcanzan para alimentarse y los mantienen en una situación de pobreza. Además no cuentan con ninguna protección efectiva ante contingencias de salud. Este es un hecho inédito que no encuentra precedentes en Venezuela ni en el mundo.
- El documento de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela presentado al país por sus profesores en enero del presente año. En el cual se fundamenta jurídicamente la tesis de la usurpación del poder ejecutivo en Venezuela a partir del 10 de enero, en tanto que el ejercicio de la presidencia de la república es ejercido desde esa fecha por una persona que no resulta electa en con base en los criterios que establece la constitución para tal fin.
- El informe suscrito por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en el que queda al descubierto, por autoridades en la materia, las causas del colapso del servicio eléctrico en Venezuela, fuera de las tesis oficiales centradas en variables de tipo político. En él se muestra la vulnerabilidad del suministro eléctrico en Venezuela: las deficiencias de funcionamiento de plantas termoeléctricas y el crecimiento en consecuencia de la dependencia del país a la energía hidroeléctrica, al igual que, permite comprender las razones que demoraron la restauración del servicio eléctrico. En síntesis explica, presenta hipótesis y soluciones sobre las deficiencias del sistema eléctrico en Venezuela.
Lo dicho hasta ahora pretende indicar que al defender la transferencia de recursos a las universidades sin chantaje de ningún tipo es un acto ¿cómo no? de defensa del salario de sus trabajadores, pero es también defender a la universidad venezolana, aquella que no acepta subordinación alguna distinta a la verdad. Sus principios son contrarios al autoritarismo, por lo que reivindicar la autonomía universitaria es luchar por la democracia, es otro capítulo dentro del reclamo generalizado de cambio de la sociedad venezolana, es un acto de rebeldía ante el poder.
Gregorio Alfonso Directivo de la Asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela
