Nos llena de satisfacción la excarcelación, ocurrida la noche de este martes, de la activista y defensora de Derechos Humanos Martha Lía Grajales, miembro del equipo de Surgentes.
La excarcelación de Grajales se produjo gracias a la solidaridad nacional e internacional y a las insistentes denuncias de sus familiares, activistas y ONG sobre la detención arbitraria y desaparición forzada de Martha Lía, la negativa de los Tribunales de Caracas a recibir un Hábeas Corpus a su favor y tras el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien pidió la liberación de la activista.
Pese a los abusos de los que fue víctima, Martha Lía Grajales fue imputada -sin fundamentos y en abierta violación al debido proceso-, de los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación«.
El Ministerio Público admitió públicamente que Martha Lía fue presentada en Tribunales el pasado lunes y que le fue negado el derecho a comunicarse con sus familiares y ser asistida por un abogado de confianza, violando el artículo 44 de la CRBV, una práctica que forma parte del repertorio de abusos cometidos por las autoridades judiciales del país.
Su esposo, el también defensor Antonio González, informó que Grajales continuará juzgada por delitos que no cometió. “Sigue un proceso judicial que es a todas luces arbitrario”, dijo González en un vídeo difundido la noche del martes.
Recordamos que más de 800 personas –entre ellas 5 defensores de DDHH y 100 mujeres- continúan privadas de libertad por razones políticas y por haber ejercido los mismos derechos que defendió Martha Lía: la libre expresión, la asociación y manifestación pacíficas.
La mayoría de estas personas han sido víctimas del mismo patrón de abusos que sufrió Grajales: detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones al debido proceso e incomunicación y/o aislamiento prolongado.
Reiteramos que defender derechos no es delito y por tanto todas las personas presas políticas deben ser liberadas de inmediato.
Asimismo, afirmamos que la escalada represiva registrada la pasada semana contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que incluyó las agresiones físicas contra sesenta mujeres, madres y familiares de presos políticos cometidas por miembros de «colectivos» paramilitares frente al TSJ, y la posterior detención arbitraria de Martha Lía Grajales, forma parte de una ofensiva estatal dirigida a intimidar y silenciar las voces de centenares de familiares que han permanecido en las calles denunciado los graves abusos cometidos tras la razzia post-electoral y el continuo cierre del espacio cívico.
Estos ataques contra las distintas instancias de organización y articulación de las víctimas, se han producido también, de forma recurrente, contra el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y sus principales voceras como las defensoras de DD.HH Andreina Baduel y Sairam Rivas, quienes han sido víctimas de constantes actos de amenazas y hostigamiento.
La permanente denegación de acceso a la justicia y el cierre de las vías institucionales para que la ciudadanía canalice sus reclamos, ha generado un ciclo de re-victimización para los presos políticos y sus familiares.
Por ello expresamos nuestro firme respaldo a los Comités de Víctimas y exigimos que su labor sea respetada y protegida.
La historia de América Latina ha sido enriquecida por las iniciativas de millones de personas quienes, exigiendo justicia en medio de las adversidades, han contribuido a la preservación de la memoria y a la consolidación de garantías de no repetición.
En tiempos de represión y abusos, reivindicamos las palabras del luchador Leonardo Ruíz Pineda y plasmadas en nuestro Informe Anual 2024: “La historia y nuestro pueblo podrán reclamarnos mañana, si evadimos el compromiso solemne, si desertamos del rumbo, si abandonamos la marcha”.
Prensa Provea
