El pasado jueves 25 de agosto se celebró en Caracas el «XXVI Encuentro Nacional del Comité en Defensa de los Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados», un espacio que permitió el reencuentro de veteranos activistas y defensores del derecho a la Seguridad Social, quienes acumulan años luchas y experiencias exitosas en defensa de las pensiones y jubilaciones.
Bajo el auspicio de Provea y con la presencia de especialistas en Seguridad Social, como el profesor universitario Absalón Méndez, los asistentes a la actividad -en su mayoría delegados de las seccionales regionales de El Comité-, hicieron balance sobre los 31 años de trayectoria de la organización, desde su fundación, en 1991 -y en medio de una oleada gubernamental que planteaba la privatización de la Seguridad Social-, hasta las demandas actuales que han sido atizadas por la ofensiva antipopular del gobierno de Nicolás Maduro.
«Luego de creado el Comité se abrió un franco camino de luchas que permitieron algunos logros concretos en cuanto a conquistas legales y constitucionales, así como económicas y sociales», reflexionó Edgar Silva, Presidente y fundador de El Comité, quien caracterizó el momento actual como un período de regresividad en materia de derechos y de empobrecimiento generalizado de la población.
Para Silva, la agudización de la crisis económica, los ha empujado a tomar las calles nuevamente.
«A partir del 2013 se agudizan las precarias condiciones económicas y sociales de los adultos mayores, en especial de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La política económica del gobierno genera un proceso hiperinflacionario que unido al estancamiento de los salarios, pensiones y jubilaciones propicia el empobrecimiento general de la población», afirmó.
«A partir del 2019, 2020, 2022, a través de los medios de comunicación y redes sociales se documentan muertes de mayores por falta de medicinas y por inanición. La situación es insoportable e insostenible para el sector y nace desde la Plaza Altagracia, en Caracas, la necesidad de tomar las calles de nuevo para enfrentar tan deleznable situación», añadió Silva.
Seguridad Social, voluntad política y presión social
Para Absalón Méndez, profesor universitario y Coordinador del Postgrado en Seguridad Sociale de la Universidad Central de Venezuela, las problemáticas que giran en torno a la Seguridad Social no se limitan a un asunto exclusivo del marco jurídico vigente.
“El problema de la seguridad social en nuestro país no es un problema de leyes, es un problema de voluntad política y de presión social. Hemos hecho muy poco para que el marco jurídico que regula la seguridad social del país sea una realidad» , aseguró
En su opinión las exigencias de la sociedad civil vinculadas a la seguridad social, se han enfocado en la lucha por el costo de las pensiones, descuidando el reclamo y la movilización referida al concepto de Seguridad Social de manera integral, «eso le ha permitido al Estado desmontar la seguridad social”, lamentó Méndez.
Sin embargo, el especialista resaltó el importante alcance de la lucha emprendida hace 31 años por los activistas de El Comité, «[…] la lucha de ustedes no es de hoy ni de ayer, es una lucha emprendida desde hace años«.
Unidad y lucha
Los asistentes a la actividad anunciaron nuevas movilizaciones para hacer frente a las medidas del Ejecutivo que lesionan los derechos de los pensionados y jubilados.
Afirmaron, que en medio de la debilidad del movimiento social, es necesario promover espacios de articulación y unidad para trazar una lucha en defensa de las garantías previstas en la Constitución Nacional, y las conquistas alcanzadas a través de años de luchas.
«Dada la debilidad de todas las organizaciones gremiales y sindicales producto de la política anti-laboral y sindical del gobierno, a la cual El Comité no escapa, decidimos unir fuerzas con otras agrupaciones de jubilados y trabajadores activos», leyeron entre las conclusiones del evento.
Una de la más reciente consecuencia de esa política, es la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), que aplanó todas las escalas salariales de los trabajadores públicos, y desconoce derechos establecidos en las convenciones colectivas.
Ello ha generado una intensa ola de protestas a nivel nacional, en la que ha participado El Comité y otras instancias que agrupan a jubilados y pensionados, toda vez que la medida lesiona el ingreso de quienes dependen de las pensiones de jubilación otorgadas por el Estado venezolano.
Los miembros del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, afirman que se mantendrán en la calle, luchando por la Seguridad Social, de la misma manera que lo han hecho durante los últimos 31 años.
Prensa Provea
