Libertad de expresión y elecciones.
Un punto de inflexión de la desinformación en Venezuela ocurrió en octubre de 2016, por el círculo de censura que rondó el proceso previo a la activación del Referendo Revocatorio, anulado el 20 de octubre sin posibilidad de escrutinio por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, instituciones que representan a dos poderes que se comportaron como censores.
Las decisiones que rodearon la suspensión de esta opción electoral no tuvieron la posibilidad de ser escrutadas por los periodistas. No hubo espacio para que los reporteros hicieran preguntas ni confrontaran estas decisiones entre diversas voces y sectores de la sociedad. Pero, sobre todo, no hubo cabida para que los ciudadanos pudieran conocer otras perspectivas y no solo la versión oficial.
Previo a estas decisiones –durante el trabajo de campo del Estudio 2016 Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela que se realizó entre 18 de septiembre y el 16 de octubre– los periodistas alertaban sobre los rasgos del círculo de la censura en torno a los asuntos electorales, específicamente en relación a la antesala a una posible consulta popular sobre la continuación del mandato del Presidente Nicolás Maduro, que además es una garantía constitucional.
El análisis que hizo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y el Observatorio Electoral Venezolano sobre estos asuntos, evidenció que en este proceso se hicieron sentir las órdenes directas de censura de parte del Estado, pero también de grupos partidistas. Fueron acentuadas las intenciones de mantener, bajo oscurantismo, las informaciones oficiales sobre los asuntos electorales.
Resultaron ser catalizadores del silencio las agresiones de calle y las acciones de intimidación, que tomaron diversos matices con la intención de acallar las voces incómodas sobre los asuntos electorales que son el fundamento de cualquier democracia. De acuerdo a la percepción de los periodistas, privó un ambiente de hostilidad para el ejercicio de su oficio.
Pero previo a la decisión estatal de anular este mecanismo de consulta popular, la percepción de los periodistas de medios estatales, comunitarios y privados indicaba un panorama de desinformación sobre los asuntos electorales, que se manifestaba a través del círculo de la censura: opacidad, agresiones y órdenes de censura desde las diversas fuerzas de poder hasta llegar a la autocensura.
En esta antesala a la solicitud del referendo revocatorio presidencial, los periodistas coincidieron en que continuaba un ambiente de opacidad sobre los asuntos electorales. De los 252 consultados para esta investigación, 64% refirió restricciones para acceder a la información pública en manos del Consejo Nacional Electoral. También sintieron las limitaciones por parte de las diversas fuentes de información del sector estatal, privado o independiente, quienes no quisieron ofrecer información a la prensa sobre los asuntos previos a la recolección de firmas para activar esta posibilidad electoral.
Estos patrones denotan la ausencia de transparencia que hubo alrededor de la convocatoria, la activación y la suspensión del referendo revocatorio presidencial. No hubo rendición de cuentas, ni equilibrio informativo, ni pluralidad, esencias de la libertad de expresión y de la democracia. Esto se tradujo en una profundización del fenómeno del mutismo que imposibilitó que los ciudadanos estuviesen lo suficientemente informados para tomar decisiones, en plena libertad y conciencia, sobre sus garantías electorales y de organización social.
Estos datos demuestran que la opacidad y los rasgos de la censura que acompañaron la anulación de este mecanismo electoral marcaron una ruptura de la institucionalidad en el país, de la separación y autonomía de los poderes poderes públicos. Estos elementos acentúan la mirada fragmentada y poco clara que tienen los ciudadanos sobre los asuntos de interés público.
Con la liquidación del referendo también se suspendió la democracia en el país, y Venezuela se convirtió en un campo de libertades restringidas. Se sacrificaron las garantías de la libertad de expresión para imponer el círculo de la censura que giró a diversas velocidades en 2016.
Órdenes para silenciar
Antes de la suspensión del referendo revocatorio los periodistas alertaban sobre órdenes de censura dirigidas desde el Estado sobre asuntos previos a la recolección de firmas, de acuerdo a la percepción de 15% de los consultados en esta investigación. También sentían las presiones y medidas de censura impuestas por el medio de comunicación sobre asuntos previos a la recolección de firmas (12%). Hasta llegó a consolidarse la autocensura, pues 12% de los periodistas admitió que por voluntad personal decidió no informar por temor a represalias.
Las obstrucciones coparon todos los espacios. Así 17% refirió limitaciones para informar y expresarse en las plataformas digitales sobre los asuntos electorales.
El Estado policial
En este campo de libertades restringidas, de opacidad, censura y autocensura, también, prevaleció el abuso policial y militar como medida de amedrentamiento hacia los periodistas. Según 36% de los encuestados, fueron recurrentes las actuaciones irregulares de cuerpos de seguridad del Estado, que afectaron su cobertura periodística, específicamente en torno a la recolección de firmas para la solicitud del referendo.
Para 29% de los periodistas tuvieron efectos inhibidores las agresiones y las acciones de hostigamiento, que pusieron en riesgo su integridad personal, durante la cobertura de estos asuntos electorales. Igualmente, ocurrió con las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación (29%), los robos y confiscaciones de equipos y material periodístico (18%).
Para minimizar el debate público sobre el mecanismo del referendo revocatorio, de manera selectiva el Consejo Nacional Electoral -institución de debería ser garante del derecho a elegir de los ciudadanos y su posibilidad de expresarse- utilizó mecanismos de inhibición contrarios a la libertad de expresión. Al menos 8% de los consultados refirió, como un obstáculo, las sanciones informativas impuestas, directamente, contra ellos o los medios de comunicación para los cuales laboraban.
Entre los periodistas también se sintió el peso del hostigamiento judicial. De los consultados, 6% señaló haber sido afectado por procedimientos administrativos y judiciales, a propósito de la cobertura del proceso de recolección de firmas para la solicitud del referendo revocatorio.
La democracia en paréntesis
Estos datos son piezas del rompecabezas de un país en el que se impone la censura y se restringen las libertades esenciales de la democracia, como lo son el derecho al voto, a opinar con libertad y, sobre todo, a disentir. Garantías que contribuyen a canalizar los desacuerdos en sociedades abiertas. Son fracciones que, además, reflejan el debilitamiento de la institucionalidad en Venezuela, proceso que le ha confiscado la libertades electorales y de participación a los ciudadanos ya los periodistas, quienes sufren las consecuencias negativas de ejercer su rol de contrapoder y de escrutinio público, en un contexto de discrecionalidades, abuso del poder e impunidad.
Urge en Venezuela construir condiciones necesarias para la convivencia pacífica y retomar el rumbo hacia la democracia. Es apremiante establecer un acuerdo social que contribuya a reconstruir la institucionalidad, a que se respeten plenamente las garantías electorales y de libertad de expresión, con la intención de que se restituya su sistema de pesos y contrapesos, se recupere la esencia de equilibrio e independencia de poderes, así como la alternabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la diversidad de pensamiento.
Nota: El análisis cuantitativo del estudio de censura sobre los asuntos electorales se levantaron a través de la alianza el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y el Observatorio Electoral Venezolano. Además, este texto comprende aportes y percepciones que surgieron de una consulta especial, bajo criterios cualitativos, a la historiadora Margarita López Maya y el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka, quienes generosamente aportaron su interpretación de esta realidad para construir este capítulo.
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
