El derecho de los niños a la salud se ha visto deteriorado en Venezuela no solo por la falta de acceso a medicamentos e insumos indispensables. Los jueces actúan con poca celeridad y toman decisiones que menoscaban garantías que amparan a la población infantil. Ello ha ocurrido ante la inacción de instituciones que ignoran su obligación de salvaguardar a los niños y desatienden llamados de la comunidad internacional.
Un equipo de periodistas de IPYS Venezuela, en alianza con reporteros de El Pitazo, lo explican en esta sexta entrega «Huérfanos de la salud», un microsite que alberga un conjunto de nueve reportajes de investigación, distribuidos en nueve capítulos. Un ejercicio de periodismo colaborativo muy propio de la contemporaneidad.
Eximir al Estado, condenar a los niños. Esta parece ser la máxima del Poder Judicial venezolano. En su microsite «Huérfanos de la salud», IPYS Venezuela demuestra que la crisis de salud que afecta a los niños tiene su origen en fallas estructurales del Estado y no sólo en la crisis económica como se ha querido hacer ver.
La serie de seis capítulos que culminó este domingo 16 de julio, aborda el problema desde el punto de vista de los derechos humanos, con una perspectiva ajustada a los retos del milenio suscritos por Venezuela, convenio en el cual el país se comprometió a reducir en 30% la mortalidad infantil, y por el contrario la brecha se ha ensanchado.
Mientras los jueces evaden enfrentarse al Ministerio de Salud, la mortalidad infantil repunta –11.466 bebés menores de un año murieron en 2016, 30 por ciento más que el año anterior según datos oficiales– al igual que se multiplican casos como el de Amelie, una niña de dos años de edad que padece una enfermedad sanguínea crónica que la obliga a contar con provisiones permanentes de antibióticos, definidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, OMS, pero que son escasos en Venezuela.
En «Enfermos de injusticia», los periodistas descubren a un aparato judicial cómplice de un poder ejecutivo negligente. Una solicitud introducida por Cecodap para obligar al Ministerio de Salud a ejecutar un plan especial de suministro de medicamentos esenciales para los niños en el país, fue rechazada por un tribunal de primera instancia, un tribunal superior y el mismo TSJ. Primero a la Sala de Casación Social, y finalmente a la Sala Constitucional, instancia en la que recae la última palabra sobre actuaciones judiciales relacionadas con los derechos contemplados en la Carta Magna.
Los periodistas hicieron una revisión de 46 expedientes judiciales y reportes organismos nacionales e internacionales, que permitió confirmar que la justicia venezolana ha reducido su disposición para decidir con celeridad y de manera favorable los casos relacionados con los derechos colectivos de la niñez en el área de la salud y que además instituciones con competencias para la protección de la infancia no solo presentan debilidades y limitaciones sino que en ocasiones actúan en contra de normativas y garantías de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y de la lógica de la progresividad de los derechos infantiles.
«Nacidos bajo riesgo», «Vacunas que no llegan», «Hambre de auxilio», «Antibiótico ausente» y «Sobrevivir a la emergencia», son los otros cinco capítulos que, junto a «Enfermos de injusticia», cierran el círculo de esta saga que muestra una tragedia contemporánea, en la que la posibilidad de sobrevivir al sistema de salud son más que precarias.
