Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como plataforma de implementación de los programas alimentarios se fueron convirtiendo en una única versión de programa social que fue sustituyendo a Mercal y PDVAL. Esta transición lleva implícita la regresión desde la facultad de comer por autodeterminación alimentos obtenidos libremente en los mercados, a tener como única opción accesible los alimentos que el Estado decide vender, en un mecanismo que periódicamente se usa a manera de extorsión.
En los CLAP se extorsiona con la alimentación y eso, aparte del efecto regresivo por la pérdida de libertades, es una de las violaciones más evidentes del derecho a la alimentación.
Las formas de implementación de los programas alimentarios en las que el ciudadano todavía tenía el control de su alimentación fueron perdiendo fuerza. La Misión Alimentación, que pasó de tener 20.376 establecimientos en 2015, y repartir 5,6 millones de toneladas de alimentos, prácticamente desapareció con los CLAP ―bajo control y peculado del Estado―, llevándose por el medio la libertad de alimentarse en forma soberana y llegando en 2018 a manejar solo 34%16 de los alimentos que controlaba en 2005.
Manejar la alimentación a través de plataformas de mercado en las que el ciudadano todavía tuviera el control de lo que quiere comer no resultaba políticamente tan rentable como la estrategia de desabastecer los mercados, encarecer los alimentos y convertir al Estado en el único proveedor de alimentos subsidiados a la población, que ni siquiera los elige sino que el Estado escoge en redes de internacionales de corrupción con empresas transnacionales de alimentos.
Esto le permite tener el control de un bien vital y extorsionar con su acceso a las personas más necesitadas, captándolas así no solo para obtener de ellas votos, sino para organizarlas e ideologizarlas. Para que esto funcionara se necesitaba escala de cobertura, controlar gran parte del país, sin importar que la caja de alimentos fuese adecuada en lo nutricional o asignada adecuadamente. Ello explica en parte por qué con los CLAP se aumentó el número de hogares alcanzados, pero se disminuyó la calidad de los alimentos que se le venden a la población con este programa. Su asignación a segmentos geográficos y sociales de la sociedad que concentran parte importante del padrón electoral o de la intención de voto es otra evidencia del fin político, más que alimentario, del programa.
Las cifras disponibles (públicas y privadas) muestran que los principales beneficiarios del CLAP no han sido las poblaciones más vulnerables, y que la suficiencia y calidad de las raciones vendidas por los CLAP es variable y en general muy inadecuada. Un asunto que se agudiza en las poblaciones más distanciadas de la capital. Aunque explícitamente no se exige el Carnet de la Patria para asignar los alimentos de los CLAP, convertir ese carnet en una billetera electrónica se hizo imprescindible en una economía hiperinflacionaria y con escasez de dinero en efectivo.
El mecanismo de control electrónico para los CLAP y otras misiones sociales ha sido útil para extorsionar, y su sofisticación tecnológica ha permitido fortalecer el condicionamiento al voto a través de los llamados “puntos rojos” instalados en las cercanías de los centros de votación para registrar a los votantes y ofrecer bonos y beneficios asociados a ese registro. En la elección presidencial del 20 de mayo, la extorsión ofrecida por Maduro públicamente como una estrategia de “dando y dando” de votos por bonos, fue cuestionada incluso por las autoridades electorales, pero igualmente desatendida y luego desestimada. El TSJ sentencia en su Sala Electoral que “el anuncio o la ejecución de los programas sociales no configuran ilícitos electorales, ni menoscaban el libre ejercicio del derecho constitucional al sufragio”.
El éxito en el uso de esta extorsión fue incluso reconocido públicamente por las autoridades que encabezan los CLAP en el seno de la ANC. La extorsión que se aplica con el manejo de las raciones de alimentos de los CLAP fue uno de los puntos denunciados con claridad en el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Panel de Expertos Internacionales Independientes, publicado el 29.05.18, respecto a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El informe afirma que “la escasez de alimentos y el hambre es una de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el Régimen, y ahora usada como arma contra su población”; y habla de un “apartheid alimentario”.
El uso de lo alimentario con fines políticos fue una estrategia utilizada no solo por el Estado. Todos los partidos políticos con candidatos a las elecciones presidenciales de mayo de 2018 también apelaron al reparto colectivo de comida. Igualmente, fuera de temporadas electorales casi todos los candidatos de los partidos han instalado comedores y casas de alimentación como espacios para mantener visibilidad y contacto con la población. Ninguna de estas iniciativas ha sido anónima; antes por el contrario, ocupan buen espacio en las redes sociales. Otra de las formas como se ha malversado el uso de los CLAP y se ha incumplido con los principios básicos del derecho a la alimentación es el uso de tales beneficios para mantener y pagar lealtades de grupos importantes en los cuadros de poder del gobierno o para manipular las manifestaciones y protestas. Esto se demuestra con el beneficio preferencial a los integrantes de las milicias y la consolidación de un “CLAP Obrero”, instalado para distribuir alimentos a personal público independientemente de su vulnerabilidad social.
Esto, visto desde la perspectiva de que existen productores y vendedores de alimentos a quienes se les obliga a asignar al Estado un tercio de su producción para los CLAP, materializa esta estrategia como una contundente vulneración por la cual el garante del derecho a la alimentación abusa de productores de alimentos que malversa para mantener sus lealtades políticas. “Yo no puedo estar bien si mi equipo no está bien”; así describe el secretario de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales de Carabobo la estrategia.
Los alimentos del CLAP han sido malversados también al ser distribuirlos a grupos organizados durante protestas por derechos ciudadanos. De esto se tienen evidencias entre el personal de salud que se ha mantenido en protesta constante por las condiciones de trabajo, incluyendo las enfermeras que reaccionaron ante la extorsión haciéndose zapatos con las cajas CLAP que les asignaron. Bajo esta modalidad de manipulación ocurrió el siniestro de una avioneta militar que transportaba más de 200 cajas CLAP a la comunidad indígena donde dos semanas antes se había perpetrado un asalto militar por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un indígena fallecido y tres heridos en la comunidad indígena Kamarata, en Canaima, estado Bolívar.
La malversación de los alimentos asignados a los CLAP como recurso público no solo la hace el Estado en su beneficio. También se tuvo la denuncia desde Colombia de la distribución de cajas CLAP por parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los Estados fronterizos de Venezuela. Esta distribución por el ELN se ha hecho incluso con una regularidad que no ha alcanzado el propio Estado. En su accionar repartiendo los alimentos el grupo guerrillero colombiano se promueve y publicita su estación de radio. Esto no solo confirma la malversación del recurso, sino las operaciones de estos grupos ilegales en el territorio nacional a la vista y en complicidad con el Estado.
Extracto del capítulo sobre Derecho a la Alimentación del Informe Anual 2018 de Provea
