Durante el año 2017 Provea logró individualizar a un total de 397 personas víctimas de violación al derecho a la vida, cifra que de acuerdo a nuestros registros representa un incremento de 17,51% respecto al 2016, manteniéndose la tendencia ascendente por sexto año consecutivo, con lo que se consolida el incremento que experimenta desde 2012. Este dato marca un nuevo récord en el número total de muertes causada por la acción de cuerpos de seguridad del estado desde 1989.
Son las ejecuciones con 359 víctimas, el patrón de violación al derecho a la vida que concentra el mayor número de muertes, representando el 90,42% de los decesos, seguido de “negligencia” (14) que reúne el 3,52% del total de las muertes; “uso excesivo de la fuerza” (11) y “uso indiscriminado de la fuerza” (10) que congregan el 2,77% y 2,51% de los fallecimientos respectivamente; y finalmente encontramos 3 víctimas de violación al derecho a la vida por “tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” que representa el 0,75% del total de personas victimizadas. Por tanto, es la actuación deliberada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado lo que está incrementando las violaciones al derecho a la vida y se erige como claro indicador del aumento de la violencia estatal mortal.
Del total de víctimas identificadas, se registró un total de 7 víctimas del sexo femenino que representan el 1,7% del total, y 390 víctimas del sexo masculino que constituyen el 98,23% del total, con lo cual la vulnerabilidad masculina queda nuevamente evidenciada. De esta manera, son los hombres jóvenes son más victimizados en el marco de violaciones al derecho a la vida. El rango de edad oscila entre los 2 años (dato extremo) y los 70. Con una distribución asimétrica positiva, se observa la concentración de víctimas entre las edades más tempranas. De hecho, la mayoría tiene 20 años y la edad promedio son 25.
Junto al patrón «Ejecución», los otros que aumentaron su presencia respecto al periodo anterior son “negligencia” que se incrementa en 71,43% respecto a lo conocido en 2016, y el uso indiscriminado de la fuerza con un aumento de 10%.
8.291 asesinados por cuerpos de seguridad entre 2015 y 2017
El pasado 16 de noviembre 2017, durante la interposición de la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de Lesa Humanidad, la Fiscal General de la República, destituida inconstitucionalmente por la asamblea nacional constituyente, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habría sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017.
La Fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de asesinatos habría ascendido a 4.667 personas, y entre enero y junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. Ortega Díaz también reiteró la información suministrada en el Informe Anual del Ministerio Público de 2016 en el que se señaló que desde el inicio del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en junio de 2015, hasta diciembre de 2016, 512 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares, la mayoría de dichas muertes se habría producido bajo la figura de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.
De acuerdo a estas cifras, en aproximadamente 912 días, fueron asesinadas diariamente 9 personas a manos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. El Ministerio Público venezolano informó en 2015 que un total de 17.778 personas fueron víctimas de homicidios, lo que ubicó la tasa en 58 homicidios por cada 100.000 habitantes; para el cierre de 2016 la Fiscalía informó que 21.752 personas habían sido víctimas de homicidios, lo que elevó la tasa a 70,1 homicidios por cada 100 habitantes. De acuerdo a esta data, en 2015 el Estado venezolano fue responsable de un número de homicidios que representó el 10% del total de muertes violentas registradas en el período; mientras que en 2016, la responsabilidad del Estado se elevó a la alarmante tasa de 21,45% del total.
Ya lo habíamos advertido en nuestro Informe Anual 2015: el gobierno comenzó una verdadera guerra contra los ciudadanos, en especial contra los más pobres. La adopción de estrategias de mano dura y lógicas belicistas en el control de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, están dirigidas a intimidar y generar temor entre los habitantes de las zonas populares y disidentes políticos, para consolidar mecanismos de control y contención frente el creciente descontento social. El gobierno, convertido en dictadura, continúa amplificando la visión del enemigo externo e interno y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares. La militarización de la seguridad ciudadana y la militarización de la actuación policial, amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
Prensa Provea
