La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual 2022 que hace referencia a la situación de derechos humanos de los Estados miembros de la OEA, exponiendo logros y desafíos, además, de las actividades realizadas por la CIDH para garantizar y proteger los derechos humanos en la región.
«El Informe Anual es un referente regional de interés público interamericano para comprender los desafíos en derechos humanos que viven y enfrentan las personas en las Américas y El Caribe, el cual contribuye a que los Estados y distintos actores de la región sumen esfuerzos para promover la vigencia de los derechos humanos en el hemisferio,» destacó la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay
En ese sentido, la CIDH destaca el avance significativo en el cumplimiento de las metas y objetivos definidos en dicho Plan Estratégico. Entre estos logros se destacan principalmente los avances registrados en la superación del atraso procesal y el desarrollo de nuevos estándares en el sistema de casos; el aumento de la cobertura de monitoreo; y el incremento de actividades de cooperación técnica y promoción, así como el refuerzo de sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de recomendaciones emitidas a través de diferentes instrumentos. Estos esfuerzos intentan responder a demandas históricas de los Estados de la región: más equilibrio entre las relatorías temáticas y más coordinación entre los tres mandatos de la CIDH.
Sobre Venezuela, la CIDH ha seguido con especial atención la grave crisis de derechos humanos derivada de la ausencia del Estado de Derecho, advirtiendo la continuidad de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza, desapariciones forzadas y torturas en contextos de privación de la libertad, restricciones indebidas a la libertad de expresión y actos de persecución contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos. Del mismo modo, vertiginoso deterioro de las condiciones de vida en Venezuela y del colapso del sistema de salud.
En el ámbito regional, la Comisión identifica el aumento de acciones de militarización y mayor uso de la figura de los Estados de excepción como medida para atender situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Asimismo, grupos en situación de discriminación y vulnerabilidad histórica, las graves condiciones que enfrentan personas privadas de libertad; y la persistencia de la discriminación y violencia contra mujeres, personas mayores, con discapacidad, LGBTI, afrodescendientes, indígenas, y niñas, niños y adolescentes.
Respecto a medidas cautelares, por primera vez, la CIDH finiquitó el trámite de todas las solicitudes de medidas cautelares registradas hasta el año anterior. De 1033 solicitudes de medidas cautelares recibidas, se evaluó el 97.09% y otorgaron y/o ampliaron 50, las que permitieron la protección de más de 1648 personas, y colectivos identificables.
Por último, el informe de la CIDH pone de manifiesto la defensa y promoción de los derechos humanos y la obligación de los Estados de fortalecer la institucionalidad democrática, desarrollo de políticas y prácticas, medidas legislativas y judiciales con el fin de avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, así como establece una herramienta institucional de transparencia y rendición de cuentas, inherentes al mandato de la Comisión.
Desirée González | Prensa Provea
