Un total de 337 personas fueron víctimas de violación al derecho a la vida por parte de cuerpos de seguridad del Estado Venezolano en 2016, cifra récord en la serie de tiempo elaborada por Provea desde 1989. Este dato representa un incremento de 24,81% respecto al periodo inmediato anterior y da cuenta del sensible deterioro de la preservación de este elemental derecho, que desde 2012 viene incrementando de manera sostenida el número de víctimas. Si a esta cifra agregáramos las muertes de civiles que se producen en el marco de la OLP donde no se cuenta expresamente con la “denuncia” o declaración de algún familiar el número de víctimas se eleva a 520 personas.
De acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público , en 2016 se violó el derecho a la vida a 241 personas sólo en el marco de la OLP, y para ese mismo año se adelantaron en este escenario 182 investigaciones por homicidio, se imputaron a 80 funcionarios policiales o militares, y se adelantaron 3.667 experticias.
De acuerdo a la base de datos de Provea y advirtiendo el sub-registro que existe, en 2016 el 17% de las víctimas de violación al derecho a la vida (58 personas) murieron en el marco del despliegue de alguna OLP, para 2015 esta cifra es de 20%. La letalidad del “operativo de seguridad ciudadana” se mantiene, toda vez que de acuerdo al informe de la Fiscalía General de la República, 505 personas murieron en el marco de la OLP entre julio de 2015 (fecha de inicio de su ejecución) y marzo de 2017, lo que arroja un promedio de 25 a 26 personas fallecidas por mes, muy superior al registro que Provea logra desarrollar donde estaríamos en un promedio de 5 víctimas por mes para 2016.
No obstante, otras 279 fueron victimizadas en contextos diferentes a la OLP. En un registro conjunto del total de víctimas, como en años anteriores, el patrón que reúne la mayor parte de los fallecimientos 87,83% son la “ejecuciones”, le siguen los casos de “uso excesivo de la fuerza” y los casos de personas que mueren por “tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”, contabilizando bajo cada patrón 14 muertes. Luego encontramos el uso indiscriminado de la fuerza (9 personas fallecidas) y finalmente 4 muertes que se agrupan bajo el patrón de “negligencia”.
Debe destacarse en este sentido que se sostiene la tendencia a que la inmensa mayoría de los fallecimientos se debe a actuaciones en las que los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado dispara con el objeto de causar la muerte a la víctima, y en este sentido destaca otro dato relevante: el 96% de las personas resultaron muertas por el accionar de un arma de fuego, y para el 69% de las víctimas la versión oficial es que hubo un enfrentamiento con funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado.
Se mantienen el patrón presentado desde años atrás, siendo la inmensa mayoría hombres jóvenes. De esta manera el 3,56 de las víctimas conocidas fueron mujeres y el 96,44% hombres. De los 297 casos en los que pudimos conocer la edad de la persona fallecida, sabemos que el promedio es de 25 años, la mediana 24 años y la edad modal 19, mostrando una distribución asimétrica positiva que deja ver cómo los datos se concentra en las edades inferiores. En este sentido cabe destacar que el rango de edades oscila entre los 4 años de edad (la víctima más joven para este periodo) y los 69. El 10% de las víctimas no llegaban a los 18 años, y más de la mitad (56,56%) tenían 24 años o menos.
La mayor parte de las violaciones se produjeron en Miranda (22,26%) y Distrito Capital (18,99%), seguido de Aragua (14,24%), Zulia (13,35%) y Bolívar (10,39%), dando cuenta del carácter eminentemente urbano del fenómeno. El mes de enero (44 víctimas) junto a Marzo (41), Mayo (40) y Noviembre (41) fueron los momentos del año más críticos en cuanto a concentración de fallecimientos. Comienza el año con cifras oscilantes el primer semestre, estando más estabilizado hacia el segundo semestre con una variación importante en noviembre cuando se observan cifras registradas a inicio de año. Cabe destacar que el descenso importante en diciembre nos hace sospechar de algunas debilidades en el registro.
Sin lugar a duda son los cuerpos de seguridad de adscripción nacionales quienes resultan señalados en la mayoría de los casos, reuniendo en conjunto el 77,75% de las víctimas. A ello hay que añadir el preocupante dato de que, de las 4 organizaciones señaladas, 3 no deberían tener injerencia directa en despliegues y operativos de seguridad ciudadana y control del delito que resulten en “enfrentamientos” esgrimidos en el 69,4% de los casos como versión oficial, además de explicativa y en muchos casos como “suficiente” para dar cuenta de los fallecimientos. A saber estas instituciones son:
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) cuyos funcionarios son señalados como responsables en el 28% de los fallecimientos, cifra que aumenta sensiblemente al agregar las muertes en las que se le atribuye participación conjunta a otro organismo, entonces el dato es de 39,33%. Este organismo debería estar dedicado a labores de investigación, lo que debería colocarlos a resguardo de este tipo de situaciones pero ya vemos que –también como en años anteriores- lidera la lista de cuerpos responsables.
Fuerza Armada Nacional (FAN), especialmente con su componente Guardia Nacional, organización señalada como responsable en el 20,12% de las muertes conocidas. Este organismo de seguridad no está formado ni cuenta con el equipamiento y dotación para atender situaciones de seguridad ciudadana, tal y como se ha referido en diversas ocasiones, por lo que no deberían participar en situaciones de control del delito.
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Esta organización es señalada como responsable del 1,22% de los fallecimientos pero, tal como ocurre con el CICPC, se incrementan sustantivamente los señalamientos hacia ella cuando se consideran los casos conjuntos, llegando entonces a aparecer como participantes en la muerte del 6,71% de las víctimas.
Policía Nacional Bolivariana (PNB), institución que ocupa el tercer lugar entre las señaladas como responsables de la violación al derecho a la vida del 16,16% de las víctimas, llegando a 18,20% al considerar las actuaciones conjuntas. Destaca que esta es una institución naciente, sobre la que se fundó en su momento el nuevo modelo policial que aspiraba fundarse en el respeto y garantía de los derechos humanos y, aunque no es la primera vez que aparece en las listas del histórico de Provea, rápidamente, a solo 8 años de su nacimiento se ubica en la tercera posición de las instituciones señaladas.
Los cuerpos de policía estadales son responsabilizados del 11.89% de los fallecimientos y los municipales el 10,37%, de donde se desprende que el grueso de las violaciones al derecho a la vida son perpetradas desde instancias nacionales.
Prensa Provea
