La muerte del estudiante Fabian Urbina, de 17 años, ocurrido el día 19 de junio de 2017, no es consecuencia de una actuación «aislada» de funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana, sino de una política de Estado que ha ordenado impedir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en la ciudad de Caracas, y ha estimulado cualquier actuación de los funcionarios para ello.
El día 19.06.17 la oposición convocó a manifestarse desde varios puntos de la ciudad capital hacia la oficina del Consejo Nacional Electoral. En el punto ubicado en la Avenida Victoria una funcionaria reconoció a miembros de Provea que tenían la orden de impedir la realización de manifestaciones en el Municipio Libertador: «Vayan a protestar en el este» les decía al grupo de personas que intentaban concentrarse en este punto. Como fue atestiguado por Provea funcionarios motorizados de la Policía Nacional Bolivariana tomaron toda la Avenida Victoria y ante el aglutinamiento de algunas personas, detonaban gases lacrimógenos. En el punto ubicado en Montalban también se denunció el uso excesivo de gases tóxicos, prohibidos por la Constitución, para impedir el aglomeramiento de manifestantes y con ello el ejercicio de la manifestación pacífica.
Otros miembros de Provea que participaban en la manifestación que ocurría en la Autopista Francisco Fajardo reportaron, aproximadamente a las 3 de la tarde, el inicio de una feroz represión a la altura del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Además del uso de gases lacrimógenos, se denunció el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios de la GNB, que lesionaron a nueve personas según Efecto Cocuyo y ocasionaron la muerte del joven Fabian Urbina. Urbina no era la primera vez que manifestaba. Según los reportajes se recuperaba de una fractura en su brazo ocasionada por el impacto de una bomba lacrimógena, disparada con el objetivo de causar el mayor daño contra los manifestantes, lo que se ha convertido en un patrón sistemático de violación a derechos humanos en Venezuela.
Según los datos del Ministerio Público 76 personas han perdido la vida desde el 01 de abril de 2017 en el contexto de manifestaciones. No es la primera vez que se denuncia el uso de armas de fuego en las manifestaciones por parte de los funcionarios policiales o militares, pero en esta oportunidad quedaron registradas en fotografías y videos tomados por diferentes periodistas. Este registro motivó que el ministro de Interior y Justicia Nestor Reverol reconociera la responsabilidad de los funcionarios: «La hipótesis principal dentro de la investigación iniciada por estos hechos se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza», afirmó en su cuenta twitter. También expresó: «Efectivos que dispersaban manifestación violenta han sido puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual». Sin embargo el ministro reitera en su reconocimiento los argumentos que estimulan la actuación arbitraria de los efectivos: «De nuevo condenamos la violencia y el llamado insurreccional que ha hecho la oposición venezolana a estas manifestaciones».
Según el discurso oficial las manifestaciones son protagonizadas por «terroristas» y son violentas e insurreccionales. En opinión de Provea este razonamiento, repetido a los funcionarios, es la base contextual que permite, estimula y tolera la actuación arbitraria y excesiva ante quien ejerce su derecho a la protesta. Otras tres causas serían: 1) Los obstáculos al ejercicio al derecho a la protesta, que incluyen impedir que las movilizaciones puedan llegar a su punto de destino y la orden de impedir protestas pacíficas en el Municipio Libertador. 2) La impunidad en la actuación de los funcionarios, a lo cual suma los ataques contra la actuación del Ministerio Público y la vulneración de los estándares sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y 3) El cierre de los mecanismos institucionales de resolución del conflicto y la promoción fraudulenta de una Constituyente.
