La respuesta del Estado ante las exigencias de los trabajadores de Guayana ha sido la represión, detenciones arbitrarias y la utilización de detenidos como moneda de cambio para la concreción de acuerdos que protegen sus intereses.
Laura Clisánchez | Especial para Provea
El Gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, anunció bajo la consigna “triunfó la paz y el diálogo”, el establecimiento de acuerdos entre trabajadores – sin permitir la representación sindical -, luego de que estos sostuvieron cinco días continuos de protesta por reivindicaciones salariales.
Entre los ocho acuerdos establecidos la tarde del viernes 13 de enero, resaltan la liberación inmediata de los trabajadores detenidos que no hayan sido presentados en tribunales y las garantías de no despido.
Finalmente, se acordó la creación de una mesa de diálogo para discutir beneficios laborales menoscabados como salarios y prestaciones sociales, toda vez que los ajustes salariales no son competencia de la Gobernación.
Hasta ahora, solo hay promesas de continuar con el diálogo para ajustes salariales, pero no propuestas económicas concretas presentadas por quienes sí tienen competencia en la materia, como el Ministerio del Trabajo o el directivo de Sidor, Néstor Astudillo.
Se pactaron estos términos con la condición de que se levante la protesta en la avenida Los Trabajadores, autopista nacional en la que obreros de Sidor pernoctaron y fueron amedrentados por cuerpos de seguridad desde el lunes 9 de enero.
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bolívar informó que la protesta por reivindicaciones salariales dejó un saldo de 18 detenidos, algunos de ellos no son trabajadores de empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Seis sidoristas fueron liberados bajo régimen de presentación, y se les imputó el delito de instigación al odio.
Los cinco días de protestas estuvieron marcados por el asedio de cuerpos de seguridad del Estado, quienes además obstruyeron el paso a los medios de comunicación al instalar al menos seis alcabalas.
Violaciones a la libertad individual y al debido proceso
La tarde del viernes 13 de enero, seis sidoristas fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz, instancia que les otorgó una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, con régimen de presentación cada 30 días por el delito de instigación al odio.
Se trata de: Juan Carlos Arias (V-13.902.990), Abilio Martínez (V- 17.209.484), Obell Ramos (V- 14.960.495), Remis Ramos (V- 16.944.958), Juan Mendoza (V- 15.787.336) y Nery González, (V- 8.980.986).
Ese mismo viernes, otros cuatro trabajadores de CVG Bauxilum detenidos tras las protestas tenían una audiencia de presentación pautada, pero esta fue diferida para el sábado 14 de enero según confirmó Foro Penal.
El 14 de enero fueron liberados con régimen de presentación cada 30 días, y se les imputaron los delitos de resistencia a la autoridad y agavillamiento.
Se trata de Luis Alberto Coro Aguilera y David Elías Torres Parra, ambos supervisores de la estatal. Y Juan Natanael Salas González, y Enyerbel José León Flores, colector y chofer respectivamente de una unidad de transporte que presta servicio de traslado a Bauxilum.
El Código Penal venezolano es claro: no es punible el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 65), como la protesta para exigir un salario digno, dolarizado y anclado a la canasta básica alimentaria que en Bolívar ronda los 492 dólares.
Es por eso que el acto de detención de los trabajadores y demás personas involucradas directa o indirectamente con la manifestación, es arbitraria y constituye una violación a los derechos humanos.
“El proceder es que al ver que estaban ejerciendo un derecho constitucional, el tribunal no acuerde la admisión de la precalificación del Ministerio Público, ni acuerden medidas cautelares, sino la libertad plena”, manifestó Robnny Gutiérrez, abogado de Foro Penal, y defensa de los cuatro trabajadores de Bauxilum detenidos.
“Pero todo esto tiene una intención: someter al imputado a mantenerse sujeto al proceso, porque existe la amenaza de volverlo a meter preso. Es una manipulación y no se debió negociar para dejarles ese tipo de delitos”, señaló por su parte Iván Martínez, abogado y defensa legal de uno de los sidoristas.
Los abogados de los trabajadores de Sidor denunciaron que las autoridades del tribunal impidieron el acceso a la defensa privada, e impusieron la defensa pública que los sidoristas aceptaron bajo coacción.
“No son delincuentes, estaban exigiendo sus derechos”
Los sidoristas, y demás personas detenidas que fueron liberadas con medidas cautelares estuvieron más de 72 horas sin poder ver o comunicarse con sus familiares.
“Abusaron de los trabajadores. Nosotros salimos a buscar a mi hijo porque estaba desaparecido desde las seis de la tarde del martes (11 de enero), el miércoles en la tarde fue que nos enteramos de que estaba en el DGCIM, en Puerto Ordaz”, relató Rosa León, madre de Juan Carlos Arias, trabajador del área de laminación en caliente de Sidor.
“Mi hijo solo fue a llevar agua y hielo para sus compañeros. No es delincuente, no es asesino, no merecía esto”, denunció.
La tarde del martes 10 de enero, *Leonor Aguirre fue a llevar a su esposo – trabajador del área de planta de Pellas de Sidor – a la estatal. Cuando regresó a su casa encontró a un grupo de trabajadores amigos que preparaban alimentos para quienes aún continuaban manifestando en la avenida Los Trabajadores.
Aguirre se ofreció a llevar la comida a los manifestantes en su camioneta sin saber que, por esa razón, no volvería a su casa sino bien entrada la noche del día siguiente, 11 de enero: saliendo de cumplir con la entrega fue interceptada por funcionarios de la DGCIM, quienes la trasladaron a la sede de la DGCIM en Puerto Ordaz.
La mujer denunció que los funcionarios le quitaron la camioneta y su teléfono celular. Ella fue puesta en libertad, pero su esposo quedó detenido.
“El peor castigo que pudieron hacerme fue separarme de mis hijos. Mi niña de 12 años quedó sola en casa con mi hijo de 21 que tiene parálisis y tiende a convulsionar. No hay peor castigo que ese”, dijo Aguirre.
Familiares de los detenidos reportaron que estos recibían comida tres veces al día, y que no estaban recluidos en los calabozos. “No recibimos maltrato físico, pero sí psicológico”, señaló Aguirre.
Algunos trabajadores de otras empresas, que no estaban vinculados directamente con la protesta, también fueron detenidos, como Enyerbel José León Flores y Juan Natanael Parra, colector y chofer respectivamente de una unidad de transporte que presta servicio de traslado a Bauxilum.
Ambos fueron detenidos el 12 de enero a las ocho de la mañana en el portón IV de Sidor.
“Es la primera vez que pasamos por algo así, mi hijo no es un delincuente, ¿por qué lo tratan como uno?”, denunció Juliette Flores, madre de Enyerbel León, mientras esperaba a su hijo a las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz.
“A mi esposo lo detuvieron ayer (12 de enero) en el portón IV de Sidor, ellos iban a prestar servicio para Bauxilum, y los abordaron antes de entrar al portón, los trabajadores de Sidor le pidieron el traslado a la protesta”, relató Luz Jimenez, esposa de Juan Natanael Salas.
La dolarización del salario, pago de bonos adeudados, y pago de vacaciones son un clamor que sidoristas – y demás trabajadores del holding CVG sostienen desde hace mucho tiempo.
Actualmente, los sidoristas ganan un promedio de 55 dólares quincenales y se les paga en bolívares a la tasa de cambio oficial. Desde noviembre de 2022 se les adeudan dos bonificaciones de 60 y 100 dólares respectivamente, además de que el pago de vacaciones está suspendido desde junio de 2022.
“Nosotros pagamos un alto precio por trabajar ahí. Yo trabajo en el área de alambrón. Para que me den un par de guantes y una mascarilla es un proceso, para que paguen es otro proceso, la inseguridad dentro de planta es muy grande, ¿hasta cuando”, manifestó un trabajador bajo anonimato.
Aunque el discurso oficial del gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y el presidente de Sidor, Néstor Astudillo, se basa en el diálogo y la paz, los líderes sindicales reportaron que por meses intentaron negociar los beneficios laborales sin que la presidencia de la estatal atendiera el llamado, hasta que, finalmente, manifestantes decidieron tomar la avenida Los Trabajadores.
En entrevista con el equipo de Unión Radio Noticias, Néstor Astudillo declaró que el diálogo siempre estuvo abierto, negó que haya descontento laboral dentro de la planta, y calificó a los protestantes como “compañeros manipulados y confundidos que violan el derecho al libre tránsito”.
*Estas personas solicitaron mantener su nombre real en reserva
