(Comunicaciones FDDHHANZ) El director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes, pidió una investigación con celeridad y respetando el debido proceso en el caso de la muerte de Víctor Colina, de 18 años de edad.
El joven falleció supuestamente después de recibir una golpiza por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Tigre, identificado como David Gamboa, quien fue presentado ante los tribunales este 23 de junio.
El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) informó que gracias a la sed de justicia de la madre de la víctima, Beatriz Maestre, se pudo lograr la detención del presunto responsable de la muerte de su hijo tras dos años de batallar con una orden de aprehensión en contra del uniformado del CICPC.
Según el relato de Maestre, Víctor había recibido amenazas del detective puesto que se negó a pagar cuatro toners de impresión cuando fue detenido por la investigación de un robo que ocurrió en la ciudad de El Tigrito, municipio San José de Guanipa en octubre de 2018.
Luego en abril de 2019, el joven junto a otras dos personas fueron arrestados por el funcionario. Colina, durante su detención por parte de Gamboa recibió torturas y golpes con un objeto contundente (bate), que dejó como consecuencia una hemorragia interna. Fue intervenido quirúrgicamente y puesto en terapia intensiva, donde falleció.
El 02 de marzo de 2021, el tribunal penal de primera instancia de Control número 03 acordó librar orden de aprehensión al efectivo por la presunta comisión del delito de tratos crueles en inhumanos en grado de autor.
«El delito de tratos crueles, degradantes e inhumanos está tipificado en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, asimismo el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen: que ningún funcionario podrá cometer o tolerar hechos de torturas y debe imponerse sanción a quienes en razón de su cargo, infiera maltratos, sufrimientos físicos o mentales o que instigue este tipo de trato», destacó el activista de derechos humanos.
