Familiares de un adolescente de 16 años aseveraron que el joven fue baleado por funcionarios policiales dentro de una vivienda. Los hechos ocurrieron mientras a pocos metros vendedores informales protagonizaban disturbios tras denunciar presunta extorsión por parte de uniformados de la Policía Municipal
Cumaná.- Denuncias sobre ejecución extrajudicial y ajusticiamientos por parte de funcionarios del Instituto Autónomo Policía del Municipio Sucre (IAPM) giran en torno al asesinato de dos hombres y un adolescente de 16 años, ocurrido la mañana del 5 de julio de 2018 en el sector El Realengo, una barriada situada frente al Mercado Municipal, en la zona céntrica de Cumaná.
Mientras se desarrollaban disturbios en las adyacencias del Mercado Municipal de Cumaná, que iniciaron el jueves 5 de julio, pasadas las 10:00 a.m. cuando vendedores informales y revendedores de alimentos denunciaron a funcionarios de la policía municipal a quienes acusaban de extorsión y cobro de vacunas para dejarles laborar en las afueras del expendio, a pocos metros del lugar ocurrió el homicidio de Carlos Javier López Ramos (16), Julián José Ramos (32) y Andy Alexander Velásquez.
La versión dada por el Instituto Autónomo Policía del Municipio Sucre y la Alcaldía de Cumaná indicaba que las tres personas “cayeron abatidas” tras enfrentarse a una comisión de uniformados, quienes les perseguían luego de que presuntamente los dos hombres y el adolescente asaltaran a una señora en las adyacencias del Mercado Municipal. El organismo policial aseguró, a través de un comunicado de prensa, que las tres víctimas pertenecían a una banda delictiva y que mostraron resistencia a la autoridad.
Pero, la versión dada por los organismos oficiales no coincide en nada con la que cuentan familiares de dos de las tres víctimas, así como de vecinos de la zona y testigos. Entre la tarde del jueves 5 de julio y el sábado 6 de julio, deudos y vecinos denunciaron una serie de irregularidades en torno a la muerte de los dos hombres y el adolescente.
Ajusticiamiento
No había banda delincuencial, no hubo enfrentamiento y las tres víctimas no cometieron robo a una ciudadana. Esta es la versión que defienden en el sector El Realengo, una zona poblada de viviendas de bloque, techos de zinc y pisos de tierra, en la que la mayoría de las personas se desempeñan como vendedores de sardinas.
En esta comunidad, la ira y la frustración se apoderaron de los vecinos tras los sucesos del 5 de julio. Luisa Miguelina Rodríguez, vecina del sector y vendedora de pescado, indicó que mientras se desarrollaba la protesta, un grupo de funcionarios llegó a la barriada persiguiendo a dos jóvenes. Uno de los perseguidos entró a resguardarse a la vivienda donde momentos después asesinarían a dos de las tres víctimas. “Eran más de diez policías. Hicieron una maldad, ¿por qué tenían que matar a ese niño?”, dijo.
Marcelina Ramos, madre del adolescente de 16 años no puso evitar que su hijo muriera en el patio de su vivienda, tras recibir cuatro disparos a quemarropa. “A mi hijo me lo arrebataron de las manos. Los policías se metieron en la casa mientras estábamos contando dinero, lograron sacar a mi hijo. Les dije que era inocente, que tenía dieciséis años y era trabajador. El policía me insultó y me sacó por los cabellos, me encerraron en otra casa para que no pudiera ver nada. A mi hijo lo metieron dentro de la casa y lo mataron, yo no pude hacer nada, él suplicaba que no lo mataran, que él no era malandro”, relató Marcelina.
El adolescente Carlos López Ramos fue el primero de las tres víctimas. Su madre contó que junto a ella se desempeñaba, diariamente, como vendedor de sardinas frente al Mercado Municipal, oficio que realizaba desde hace diez meses atrás, época en la que abandonó el liceo para sumarse al trabajo con su familia. Francisco López, padre del adolescente, destacó que al joven le dieron cuatro impactos de bala, tres en la zona del pecho y estómago y uno en la ingle.
Poco después del homicidio de Carlos Javier, le tocó el turno a su tío, Julián José Ramos (32), quien era conocido bajo el alias de “la pulga” y de quien vecinos y familiares aseguraron que cometía actos delincuenciales. Marcelina Ramos detalló que mientras contaban el dinero de la venta de pescado en la pequeña vivienda (la cual solo tiene como mobiliario dos camas, una cocina y sillas de mimbre), su hermano dormía en el lugar. La versión de la mujer indica que funcionarios policiales que ingresaron a la vivienda, golpearon a Ramos y posteriormente lo balearon. En circunstancias similares murió Andy Velásquez, quien se desempeñaba como vendedor de pescado.
No obstante, aunque Julián Ramos era conocido por cometer actos delincuenciales en la zona, su hermana Marcelina y vecinos como Luisa Miguelina Rodríguez y Teodoro Correa desestimaron que liderada o perteneciera a una banda delictiva, tal y como aseguró el organismo policial a través de un boletín de prensa. “No había banda delictiva, él era malandro pero no estaba en ninguna banda, aquí sabemos quién es quién. La única verdad es que vinieron a masacrarnos y que si en el lugar hubiesen encontrado a más personas, esos policías más gente hubiesen matado” dijo el vecino.
Naila Visáez, tía y vecina del adolescente, fue golpeada por intentar evitar que su sobrino fuese ajusticiado. Denunció que fue apuntada con un arma en el pecho por pedir que dejaran salir a Carlos López Ramos. “Les dije que era menor de edad y no tenía nada que ver en eso, les decía ¡Sácalo! ¡Sácalo, anda, quiero verlo! Y me decían que estaba vivo. Al rato veo que lo sacan muerto, como un perro”, relató.
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Las irregularidades no solo ocurrirían en el sector El Realengo. Francisco López Boada, padre del adolescente, indicó que en el libro de ingreso de la morgue, en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) en Cumaná, los cadáveres de su hijo y los dos hombres fueron registrados como decesos por enfrentamiento contra funcionarios policiales.
Denunció que los funcionarios policiales limpiaron evidencias en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. “Ellos lavaron la casa, la llenaron de agua, los policías estaban ahí y nadie pasó después de la 1.30 p.m. cuando ellos se fueron ¿quién echó toda esa agua en la casa? Ellos, porque ahí no hubo tubos rotos ni nada”. La Fiscalía 8va de Derechos Humanos del Ministerio Público inició averiguaciones.
Protestas recurrentes
Ese jueves 5 de julio, los hechos ocurridos en el sector El Realengo sucedieron mientras en las cercanías, en el Mercado Municipal de Cumaná, se desarrollaban protestas en las que revendedores denunciaban extorsión policial por vender alimentos básicos y un grupo de personas intentó saquear la nave central del expendio cumanés, lugar en el que están la mayoría de los comercios que expenden víveres, carnes, charcutería y verduras, según informó Sixfrido Ramos, presidente de la Asociación de Expendedores, quien indicó que no hubo daños a los establecimientos.
Las protestas para reclamar comida y servicios básicos como agua potable, gas doméstico, electricidad y servicios de salud pública son frecuentes tanto en Cumaná como en el resto de la entidad. En promedio, en la carretera nacional Troncal 009 que comunica a Cumaná con trece de los quince municipios, se reportan cuatro cierres viales por semana. Estas manifestaciones son protagonizadas por vecinos de poblados como Cariaco, Santa María y Muelle de Cariaco, en el municipio Ribero, Marigüitar y Capiantar en el municipio Bolívar, San Antonio del Golfo, Petare y Pericantar, en el municipio Mejía; como zonas con protestas frecuentes.
Nayrobis Rodríguez / Especial para Provea
