Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela
Informe enero-diciembre 2016
Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.
2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas.
Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado.
La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete aun más la garantía del derecho a la libre expresión. Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43.
El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).
El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 2999 manifestaciones, un aumento de 21% respecto al mismo periodo del año pasado.
A pesar de la que la Constitución Nacional contempla solo una prórroga del decreto de estado de emergencia por el mismo periodo inicial (60 días), el Ejecutivo Nacional extendió en cinco ocasiones consecutivas este decreto al que además le sumó la declaratoria de Estado de Excepción. Estas medidas precarizan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica como mecanismo legitimo de denuncia. En octubre, la represión superó en 46% el total de protestas reprimidas en el mismo periodo de 2015.
La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas.
El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones.
Violencia física: Intimidación, agresión y ataque
Se manifiesta en el impedimento de cobertura, robo o confiscación de equipos, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y en ataques contra medios de comunicación en represalia por su línea editorial. Estas situaciones suman un total 187 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente.
La violencia discursiva (amenaza y hostigamiento verbal) contempló insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 67 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
Escasez de garantías
El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación violenta el derecho a la información de los ciudadanos, lo que aumenta las garantías vulneradas ante el deterioro progresivo de otros derechos fundamentales, como la alimentación y la salud. Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela (BCV) señalaron que para el primer semestre del año, la inflación se ubicó en 176,2%, tras seis meses de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, mientras que el FMI estimó el cierre de 2016 en 720%. Las filas de usuarios a las afueras de los locales comerciales persistieron. La poca oferta eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo.
Veintisiete (27) casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios o en protestas por comida se registraron en 2016, lo que supera en 35% el total del año anterior (20). Se impide el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad, grupos violentos y en menor medida por particulares.
Más de la mitad de las víctimas son periodistas. En el 16% de las ocasiones, reporteros gráficos fueron el blanco de agresiones, amenazas o intimidación. Los medios de comunicación son atacados directamente en sus instalaciones o sometidos a procesos judiciales. Esta última situación también se extiende a la directiva de los medios.
El Estado venezolano, entre instancias, cuerpos de seguridad, funcionarios y el Presidente de la República suman el 70% del total de victimarios. La presencia de grupos violentos tiene una incidencia relevante ya que su intervención suele escalar hacia agresiones físicas, robos y hurtos de equipos. Ante estas acciones los cuerpos de seguridad han actuado, tanto en complicidad –al facilitar la comisión de los delitos- como por omisión al ignorar las denuncias realizadas por las victimas al momento de ser violentadas.
Las zonas del país donde se registra mayor violación del derecho son el Distrito Metropolitano de Caracas, la sede los poderes públicos y el centro de varios movilizaciones masivas, con 78 situaciones, seguido de Mérida y Aragua ambos con (16) dieciséis, y con incidencia relevante en manifestaciones públicas, tanto de corte social (reclamos de servicios públicos, obligaciones laborales) como exigencias civiles y políticas, vinculada a demandas electorales.
Violencia institucional: Censura, hostigamiento judicial, restricciones
Se traduce el uso de las diversas instancias del Estado para castigar líneas editoriales críticas al gobierno nacional y a sus funcionarios. La manipulación del sistema judicial, los procedimientos y los tiempos para sancionar, incluso penalmente, a medios de comunicación, directiva y periodistas. La promoción de la censura mediante sanciones por parte de entes administrativos, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o la venta discrecional de papel prensa por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro; y la promulgación de legislación restrictiva. 112 violaciones de este tipo se registraron entre enero y diciembre de 2016.
La monopolización del papel prensa por parte del Estado venezolano tras la creación de la Corporación Maneiro, en el año 2013, inició una escasez generalizada de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica o independiente del gobierno nacional. En tres años, siete (7) medios han salido de forma indefinida por la falta del insumo. La Corporación impone obstáculos burocráticos, dilata la venta, incumple los plazos o no vende bajo criterios discrecionales. Veinte (20) medios salieron temporalmente de circulación, nueve (9) de ellos en 2016, tras serías crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambios de formato.
Deportaciones y trabas para la prensa extranjera
En agosto, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país.
Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP, lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país.
Los periodistas de Radio y Televisión Española (RTVE) y Washington Post, llegaron al país con la finalidad de hacer una cobertura especial del llamado a marchar al Palacio de Miraflores, entre otros eventos. En el caso de Ramos y Franco, de RTVE, se les permitió la entrada al país, tras 15 horas de esperar en la zona de tránsito, sin sus pasaportes ni equipaje y vigilados permanentemente. Partlow por su parte abandonó el país en el primer vuelo que salió a Miami, Estados Unidos, el día martes 1 de noviembre, a horas de aterrizar en el país.
Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar requisitos extraordinarios. La existencia de una legislación no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, sobre todo cuando la regulación es interpretada parcialmente, alterada o incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Estado retarda o niega sin motivo -dentro de su propia lógica legal- un requisito que él mismo exige. En este sentido, la prohibición de entrada al país no tiene fundamento auténtico, porque el Estado no cumple con sus propias disposiciones. La omisión deliberada de procesos administrativos revela el uso discrecional de las instituciones y recursos públicos con fines político-partidistas a fin de negar el acceso a la información como mecanismo de censura.
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