Entre enero y septiembre de 2017, se registraron1 634 casos/situaciones en las que se vulneró el derecho humano a la libre expresión, lo que corresponde a un total de 887 violaciones. Esto representa un aumento del 259% respecto al mismo periodo del año 2016. Ubica al 2017 como el periodo con mayor cantidad de violaciones al derecho registradas en 16 años, por superar al 2014, que con 350 casos se mantuvo como el ciclo más adverso para la práctica periodística y la libre difusión de información. Ambos periodos conflictivos se enmarcan en masivas jornadas de protestas de calle.
Una crisis política recrudecida, luego de la suspensión de las elecciones regionales, aunada a la ruptura del orden constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia –a finales de marzo- al usurpar las funciones del poder legislativo, sumó condiciones adversas para la garantía de los derechos fundamentales. El desmantelamiento de la institucionalidad democrática se consolidó mientras que la escasez de alimentos y medicinas, y con ello las condiciones de vida de la población, empeoran progresivamente.
El uso desproporcionado de la fuerza y la condena desde la vocería gubernamental está orientado a impedir y criminalizar la cobertura de temas críticos, sensibles para la opinión pública y que cuestiona la imagen del gobierno. Los obstáculos para la búsqueda y registro de información se agudizan en la cobertura de la protesta política, donde arrecian las restricciones en el asalto durante la cobertura, y se extienden simultáneamente a la interrupción de las plataformas de difusión y el bloqueo de sitios web informativos. También aumenta la severidad de las sanciones ante lo expresado en redes sociales, en lo que se traduce de hecho la denominada “responsabilidad ulterior”.
La arremetida contra reporteros en las zonas de protesta tanto por cuerpos de seguridad como por grupos paraestatales escala algunas veces en agresiones físicas a fin de impedir el registro la demanda ciudadana así como la represión por parte de la fuerza pública. De allí que la intimidación este en el primer lugar con 268 ocurrencias, seguida de las agresiones con 208.
Violencia física
Intimidación, agresión y ataque
Detenciones arbitrarias, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación. Estas situaciones suman un total 488 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad más frecuente.
Cobertura reprimida
Entre los meses de abril y julio, periodo de manifestaciones, se registraron 487 casos, lo que representa el 77% del total de situaciones registradas en 2017.
Cincuenta y nueve (59) personas resultaron detenidas, por registrar o difundir información, la mayoría durante cobertura de manifestaciones públicas entre los meses de abril y julio.
Sesenta y un (61) trabajadores de la prensa fueron robados o hurtados durante el registro de información en el desarrollo de las protestas, por cuerpos de seguridad (Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana), grupos de civiles armados y particulares.
Durante las jornadas de represión destaca la arremetida de civiles armados que fungen como grupos de choque en la convocatoria de manifestaciones. Algunos se autodenominan oficialistas aunque no cuentan con ningún tipo de identificación formal y portan indumentaria militar en algunos casos. Estos grupos atacan a quienes cubren o registran hechos públicos, en especial en zonas del centro de Caracas, donde el oficialismo condiciona el ejercicio de la protesta a un permiso con lo que prohíbe la entrada de sectores opositores bajo argumentos de discriminación política2. Estos grupos representan el tercer grupo de victimarios más frecuente, con un total de 79 arremetidas. La impunidad acompaña cuando las instancias judiciales desestiman los casos o retardan los procesos, por la omisión cómplice de voceros del gobierno en un contexto donde los medios de comunicación de línea crítica son identificados con la oposición partidista, asumidos desde el discurso del gobierno como “enemigos políticos”.
El 42% de los casos violatorios al derecho a la libre expresión se registraron en el Distrito Capital, sede de los poderes públicos nacionales, y unos de los focos de movilizaciones desde el mes de abril, cualidad que comparte con los estados Mérida y Carabobo, que le siguen con la incidencia de restricciones, con 34 (5,3%) y 23 (3,6%) casos, respectivamente.
El 70% de los afectados son hombres, mientras que las mujeres representan un 29% del total. Vale destacar que las restricciones asociadas a intimidación, desalojo, expulsiones, agresiones, lesiones físicas, forcejeos, impacto por objetos contundentes o por disparo de bombas lacrimógenas, es decir, las restricciones de mayor ocurrencia, afectan en similar proporción a mujeres y hombres. En al menos 30 oportunidades, trabajadores de la prensa resultaron lesionados por impacto directo de bomba lacrimógena a pocos metros de distancia durante la cobertura de protestas3.
Se mantiene la discriminación contra la prensa internacional. Durante el 2017, catorce corresponsales extranjeros fueron expulsados del país, impedida su entrada, o detenidos por varias horas, e incluso incomunicados durante interrogatorios por servicios de inteligencia para luego ser deportados. El gobierno alega la ausencia de acreditaciones por parte del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI). Sin embargo, los periodistas señalan haber iniciado la solicitud pero nunca reciben respuesta. En otros casos se exige una visa para periodistas, figura que no existe en la legislación venezolana.
Detenciones, robos y persecuciones
En las detenciones realizadas durante protestas se priva a los trabajadores de la prensa por períodos de tiempo relativamente cortos (desde minutos hasta varias horas) y luego liberarlos, durante estos períodos de tiempo eran sometidos a insultos y amenazas por ejercer su labor periodística, así como a la confiscación de materiales.
Sin embargo, existen casos de detenciones prolongadas, sin orden judicial, con presentación en tribunales y reclusión en cárceles militares. Carlos Julio Rojas4 fue detenido en razón de su labor periodística y activismo social, tras recibir amenazas previas por grupos violentos5. Permaneció privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde6 desde el 7 de julio hasta el 24 de agosto. Se le imputaron los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana7.
Los periodistas Alberto Cabrera y Angel Medina8 quienes prestan sus servicios al partido político Voluntad Popular, fueron detenidos el 26 de julio en el estado Zulia por la Guardia Nacional Bolivariana cuando se encontraban realizando cobertura periodística de las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática. El viernes 28 de julio fueron presentados ante el Tribunal 18 de Control y se les imputaron los delitos de rebelión militar, ultraje al centinela y menosprecio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaria Militar de Santa Ana, en San Cristóbal, estado Táchira.
Se registraron casos de detención a infociudadanos por difundir opiniones críticas o registrar información incómoda para funcionarios del gobierno o familiares. Rita Morales9, fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el jueves 8 de junio luego de haber fotografiado al hijo del presidente Nicolás Maduro Moros, cuando se encontraba en una fiesta en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Se conoció de su liberación a finales de julio.
Dan Zambrano10, un usuario de Twitter fue detenido sin orden judicial a finales de abril tras publicar y retuitear mensajes críticos, en respuesta al familiar de un alto funcionario. El ciudadano fue trasladado y detenido sin orden judicial durante casi 50 días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)11. Fue sometido a tortura sistemática, física y psicológica. Le prohibieron las visitas y el acceso a abogados. El 16 de junio fue puesto en libertad, bajo amenaza de persecución y vigilancia. Ese mismo día, funcionarios del DGCIM lo trasladaron al Palacio de Justicia y lo presentaron ante el Juez vigésimo sexto de Juicio de Caracas. En este lugar fue notificado que tenía una acusación privada por los delitos de “difamación, injuria y amenaza”, interpuesta por el hijo del alto funcionario. El 09 de agosto este proceso penal fue declarado “desistido” por inacción de la parte actora. El ciudadano se fue el país por temor a represalias.
Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo, fue imputado por el Ministerio Público por el delito de “Traición a la Patria”, luego de ser juzgado en tribunales militares en Caracas. La detención fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de la publicación de una serie de artículos de opinión sobre la crisis económica nacional12. El estado de salud de Guevara es delicado.
Manuel Felipe Castro13, fue detenido el 1 de septiembre por la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva de la Policía de Yaracuy. El motivo de la detención fue por “incitar al odio y al terrorismo a través de la red social Facebook”. Los mensajes recientes publicados por Castro en Facebook eran: “vendo droga: perico y cannabis, pero regular porque es lo que sembré”, “Me declaro antigobierno” y “Asquerosa e improvisada Unidad de Emergencia del Hospital de San Felipe”. A la fecha de envío del presente informe, se desconoce si sigue detenido.
Un total de 61 trabajadores de la prensa fueron robados mientras realizaban labores de reportaje, la mayoría durante cobertura de protestas, por parte de funcionarios de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Asalto a comunicadores, reporteros, camarógrafos y conductores14, la mayoría identificados con carnet o de forma visibles como prensa, son emboscados o perseguidos mientras reportan o graban, en particular acciones represivas en las que estén involucrados cuerpos de seguridad y constituyen posibles violaciones de derechos humanos. 19 de estos casos de robos y agresiones asociadas, fueron acompañados por Espacio Público ante el Ministerio Público. Ninguno ha recibido oportuna respuesta.
Francisco Bruzco, fotógrafo del portal de noticias digital Crónica Uno, fue agredido y robado durante la cobertura de la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la autopista Francisco Fajardo, en la ciudad de Caracas. Se encontraba en las cercanías de la Base Área La Carlota con un grupo de fotoreporteros, que registraban gráficamente la manifestación, cuando miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraban dentro de la base aérea comenzaron a decir que los reporteros estaban fotografiándolos. Un contingente motorizado de la GNB identificado con las siglas CZGNB-43 D-435 que se encontraba en las cercanías, se dirigió al grupo de fotoreporteros y los agredió. En las imágenes registradas por otro fotoreportero, se observa cómo un GNB lo sujeta y, posteriormente, se queda con la cámara de Bruzco. Entre el grupo agredido, al trabajador de Crónica Uno fue el único fotógrafo al que le robaron la cámara, un lente adicional del equipo, y el bolso en donde tenía todas sus pertenencias15.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana robaron al equipo de TVVenezuela, quienes se encontraban dentro del edificio Humboldt, ubicado en Altamira, en la ciudad de Caracas, haciendo cobertura de la protesta y represión del 5 de junio. 10 funcionarios entraron al sitio donde se resguardaban, de manera abrupta con una motocicleta, para impedir que se cerrara la puerta, amenazaron con golpear con el casco a la periodista Mary Triny Mena si seguía reportando por su teléfono celular lo que estaba ocurriendo (ella se encontraba en contacto directo con el canal). De manera amenazante le decían “sigue grabando, sigue grabando”, al camarógrafo Ademar Dona, lo patearon y atacaron al asistente Larry Arvelo. A equipo le quitaron un teléfono celular y tres cámaras antigases. Los comunicadores lograron identificar los apellidos de 2 funcionarios, Quintero y Guanare16.
Violencia institucional
Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas
La mayoría de las situaciones censura y restricciones administrativas se traducen en el cierre de espacios. En 2017 han salido del aire ocho canales de televisión, 49 emisoras, y 17 medios impresos han dejado de circular por falta de papel prensa, tres de ellos indefinidamente. Las vías suelen ser las mismas: el Gobierno censura a través de restricciones indirectas utilizando como brazo ejecutor entes estatales; adicionalmente se han registrado casos donde emisoras de radio cierran porque no pueden reponer equipos tras un robo.
Doce (12) sitios web informativos fueron atacados o bloqueados, lo que impidió el acceso por varias horas (Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Caraota Digital, El Pitazo, Venezolanos por la información-VPI, VivoPlay, Maduradas, Sumarium, El Estímulo, Analítica), todos de línea editorial independiente, cuya trasmisión fue suspendida, en los casos de VPI y Vivo Play, durante la cobertura en vivo de manifestaciones opositoras. La salida del aire de canales internacionales se debió a la cobertura de protestas por parte de Todo Noticias, de Argentina17 y El Tiempo, de Colombia18, durante la jornada de movilizaciones del 19 de abril.
El hostigamiento judicial también estuvo relacionado con la cobertura de protestas, a partir de amenazas de investigaciones por parte del Presidente Maduro, contra medios como Televen, Venevisión19 y el Diario 200120.
De igual forma, amenazas de Maduro contra periodistas se tradujeron en impedimentos de salida del país. Tras comentarios del comunicador César Miguel Rondón en su cuenta de Twitter sobre la persecución de opositores hacia oficialistas en el exterior, el Presidente indicó que Rondón y Tulio Álvarez “deberían ir presos” por “promover la persecución”21. Al día siguiente, el 17 de mayo, Rondón y su familia se dirigían al exterior cuando fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, sus pasaportes fueron anulados.
Cierre masivo de medios de comunicación
Las emisoras han sido las más afectadas, en su mayoría en el interior del país (44), pero sin excluir a la capital (2). En mayo el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, informó que el 70 por ciento de las emisoras que presuntamente instigan a la guerra y al odio operan sin ningún tipo de autorización legal22. En consecuencia, el ente realiza visitas de revisión para verificar la documentación y los equipos de la radio, corroborando la validez de los permisos.
Esta práctica intimidatoria concluye, en algunos casos, con advertencias a las emisoras y tiempos de espera de hasta 15 días para regularizar los permisos23; pero en la mayoría de los casos registrados Conatel apaga los trasmisores, cerrando la radio. La razón principal para hacerlo es la falta de vigencia de la permisología; sin embargo, el ente regulador no responde o retrasa las respuestas a las solicitudes de permisos de uso del espectro radioeléctrico.
El cierre por parte de Conatel suele estar acompañado de la confiscación de equipos, y de la asignación inmediata a otra emisora a la frecuencia radioeléctrica que ocupaba la radio.
En otras ocasiones, los robos de equipos y la difícil situación económica derivan en la clausura de radios, pues la empresa no puede costear las compras de los equipos necesarios para reestablecer la trasmisión24.
La emisora 92.9 FM, de tendencia opositora, tenía la permisología para operar vencida desde el año 2005; los directivos iniciaron el trámite de renovación de concesión ante Conatel hace 10 años, pero no recibían respuesta del ente. El 25 de agosto funcionarios visitaron las instalaciones de la radio y tras revisar el papeleo ordenaron cesar las transmisiones25; de inmediato, empezó a utilizar esa frecuencia modulada Corazón Llanero FM, emisora que forma parte de La Fundación gubernamental dirigida por el teniente Juan Escalona, exedecán del fallecido Chávez y de Nicolás Maduro, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Durante el mes de septiembre, Conatel suspendió temporalmente a la emisora Fe y Alegría 88.1 FM de Maracaibo, estado Zulia. Esto tras una orden emitida por la presunta ausencia de concesión, permiso solicitado por la radio desde el año 1975, sin respuesta adecuada de Conatel. El mismo día la instancia revocó la medida.
El 26 de septiembre, Conatel inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra la emisora radial La Mega 107.3 FM, por la violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (ResorteMe), por parte de los conductores del programa Calma Pueblo: Verónica Gómez, José Rafael Guzmán y Manuel Silva, en la edición transmitida el 18 de septiembre en la cual se pregunta a un niño de 7 años de edad sobre sus preferencias políticas y más adelante se lo etiqueta como homosexual por sus preferencias futbolísticas, según lo señalado por el Ministro Ernesto Villegas. El programa fue sacado del aire indefinidamente26.
Cinco de los ocho canales de televisión que han salido de las pantallas venezolanas son internacionales: por transmitir información que muestra la crisis que vive el país, Conatel ordena que las cableras eliminen la televisora de su lista disponible de canales. Este tipo de censura ha afectado principalmente a medios colombianos (El Tiempo, Caracol TV y RCN TV) y suma una televisora argentina y CNN en Español, de EEUU. Localmente, los tres casos de televisoras cerradas se han dado en Mérida, estado andino ubicado al occidente del país, donde las protestas sociales contra el Gobierno son frecuentes.
En los casos locales el ente censor vuelve a ser Conatel, que no responde a las solicitudes de renovación de concesiones y otros requisitos, y luego visita los canales para revisar la vigencia de la documentación, culminando en un cierre por falta de permisos vigentes. Es el caso de la Televisora Cultural de Tovar TCT, tras una visita a su sede, Conatel ordenó apagar los equipos del medio de comunicación por la falta de documentos en el expediente de habilitación27.
Los medios impresos enfrentan una crisis por la falta de insumos básicos como el papel prensa, un bien importado a Venezuela únicamente por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, empresa estatal. Los diarios no tienen acceso a divisas preferenciales para adquirir el insumo que no se produce en Venezuela, por no ser considerado un “bien prioritario” por el Gobierno.
Al menos trece periódicos de circulación nacional y regional han salido temporalmente de circulación por falta de bobinas de papel para imprimir; dos han tenido que reducir su tiraje y paginación para poder seguir circulando28, y tres periódicos han dejado de circular indefinidamente en los estados Falcón29, Portuguesa y Mérida30 respectivamente.
El diario del estado Portuguesa, Última Hora, circuló hasta este miércoles 30 de agosto, tras haber consumido la totalidad del inventario de papel prensa que disponían. La última vez que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le asignó papel a Última Hora, le envió 16 bobinas cuando necesitan 45 bobinas de papel mensual para poder circular con su tiraje completo. La crisis de papel a la que se enfrentan los hizo bajar de 50 mil ejemplares a 3 mil, y reducir la paginación de 45 a 1631.
Internet: baja calidad, vigilancia y detenciones
Venezuela posee el servicio de Internet más lento del continente: 1,19 Mbps (megabytes por segundo), de acuerdo al informe publicado en 2016 por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), muy por debajo del promedio de la región que ronda por los 4 Mbps. Y el más lento del mundo, desde banda ancha fija, según la empresa de medición Ookla de acuerdo a su registro de julio 201732.
La operadora pública, y de mayor alcance nacional, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), presenta fallas reiteradas en el servicio, denunciadas por usuarios cada vez con más frecuencia33. La lenta respuesta de la operadora ante las demandas y la falta de mantenimiento de la infraestructura inciden en la baja calidad. Esto ha llevado a ausencias prolongadas tanto del servicio de Internet como de telefonía en algunas zonas del interior del país34.
La crisis económica, expresada en la inflación y escasez de divisas, necesarias para renovar la infraestructura, es la razón que argumentan las operadoras privadas para explicar la deficiencia progresiva del servicio.
En el mes de agosto, ante los problemas de financiamiento, las operadoras resolvieron subir los costos, en algunos casos estos ascendían a 700%. El gobierno decidió revertir la medida35, y ordenó congelar las tarifas, por segundo año consecutivo. Según voceros de la industria de telecomunicaciones, las empresas no han aumentado las tarifas desde hace unos cuatro años, lo que hace cada vez más difícil sostener el mantenimiento mínimo, lo que pone al sistema en peligro de colapsar36. Si bien Cantv ofrece la oferta más económica (0,04$ US la mensualidad a tasa dólar paralelo37 ), y por tanto de mayor acceso, esto no se corresponde con un servicio de calidad, ni está exento de una administración arbitraria.
La noche del pasado 28 de junio se registró el bloqueo del sistema de nombre de dominio (DNS) de las redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Periscope, durante una hora aproximadamente, en toda Venezuela. Esta acción sólo pudo responder a la orden de Conatel, pues es el único organismo que habilita el trabajo de los proveedores de Internet. No se tuvo acceso a ninguna de estas redes por computadora, solo a través de la telefonía celular38.
Cuarenta y tres (43) situaciones que vulneraron el derecho a la libre expresión se ejecutaron a través de Internet, entre ataques informáticos contra cuentas de Twitter de periodistas y políticos, bloqueos de medios digitales, y amenazas por difusión de información. La organización Access Now (AN) ha identificado formas de ataques más complejas contra cuentas de Twitter y Facebook de activistas en Venezuela39. Más recientemente, a finales de agosto, AN emitió una alerta sobre la identificación de un software malicioso (malware) que ataca dispositivos Android, y ha afectado a varios activistas en el país. El malware está diseñado para monitorear movimientos y comunicaciones.
Al menos cuatro personas han sido detenidas por difundir información u opiniones críticas en redes sociales, todas privadas de libertad por funcionarios de servicios de inteligencia, sin orden judicial40. En uno de los casos, el infociudadano fue incomunicado, sometido a torturas y liberado bajo amenazas. En este contexto de prácticas restrictivas, el gobierno pretende sancionar una “ley contra el odio” que propone “regular redes sociales” para combatir el discurso de odio bajo penas de hasta 15 años de prisión41. La propuesta de ley, que no de acceso público, está enmarcada en una serie de amenazas previas sobre regulación de redes sociales42 y condena del anonimato, por parte de Conatel43.
Violencia discursiva
Amenaza y hostigamiento verbal
Insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 145 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
El periodista Algimiro Montiel, corresponsal de El Pitazo en el estado Zulia, denunció haber sido amedrentado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que intentaron convencerlo de dejar de informar sobre hechos de corrupción en la frontera Colombo-Venezolana, específicamente en la zona de Paraguachón. La amenaza fue hecha por cuatro oficiales rasos y uno con rango que abordaron al periodista tras la publicación de un trabajo en el que se develó que funcionarios de la GNB cobran Bs. 3.000 por carro para llegar a Paraguachón44.
Durante manifestación del sábado 8 de abril convocada por la oposición, el periodista Jesús Manzanares junto a camarógrafo y personal técnico pertenecientes al medio Venezolana de Televisión, sufrieron agresiones (físicas y verbales) y amenazas. Uno de los camarógrafos fue herido en la mano con una cortada y un golpe45.
Durante un acto público el pasado 2 de agosto, el Presidente Maduro indicó que los opositores que tuitearon contra la ANC debían ir presos “¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? En Twitter se volvieron locos, nada más con los tuits que publicaron están para que les metan 30 años de cárcel a toditos ellos”46.
Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas anteriormente.
Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
