Este primero de noviembre se ha conocido la comunicación del Fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitando a los jueces de la Corte Penal Internacional que lo autoricen para retomar la investigación por posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. Este documento ha sido celebrado por las organizaciones de derechos humanos venezolanas porque se hace eco de sus denuncias sobre los pocos avances en materia de justicia a nivel nacional y, además, mantiene la esperanza de que los crímenes cometidos no quedarán impunes.
Sobre este informe conversamos con Calixto Ávila, abogado y Magister en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), quien ha trabajado en investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos en Colombia, El Salvador, Haití y Venezuela. Es autor de la investigación sobre el elemento político de los crímenes de lesa humanidad, actualmente es representante de Provea en Europa y colabora con la Línea de Investigación sobre Derechos Humanos y Justicia Transicional del Instituto de Criminología de la Universidad Católica de Lovaina.
– La noticia de la comunicación presentada por el Fiscal Khan puede haber resultado sorpresiva para el público general. ¿Realmente lo fue?
No. Esta comunicación había sido anunciada por el Fiscal el 20 de abril de este año, cinco días después de que el Estado venezolano le solicitara declinar su competencia a favor de las autoridades nacionales venezolanas. En su escrito, el Fiscal comunica formalmente a los jueces que él no acepta la solicitud de Venezuela y pide que lo autoricen a continuar con las investigaciones dentro de la llamada “Situación de Venezuela I”.
Los argumentos del Fiscal de la CPI
– ¿En qué se basa la solicitud de la Fiscalía?
El Fiscal motiva su decisión en un detallado escrito de 62 páginas, dando al traste con una estrategia de las autoridades del Estado basada en la propaganda, la dilación y la simulación. El documento hace valer las normas y la jurisprudencia producida por la CPI en sus 20 años de existencia. Aunque requiere una lectura detallada y profunda, podemos destacar dos aspectos que afectan severamente los intereses del gobierno de Maduro y sus estrategias para hacer frente al cada vez más profundo dossier en la CPI.
En primer lugar, es evidente que ha fracasado una estrategia de propaganda y otra estrategia de saturación hacia la Oficina del Fiscal con documentos vaciados de contenidos idóneos, sin metodología y desordenados. En cuanto a lo primero, resulta sorprendente que el Estado venezolano haya extendido a la CPI una fallida estrategia de propaganda desplegada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la que no pudo evitar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.
Así, por ejemplo, un día antes, el 31 de octubre, tras la presentación del informe anual del Presidente de la CPI ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el embajador de Maduro intervino culpando a las sanciones internacionales, no reconociendo responsabilidad alguna sobre la situación interna, afirmando que la vía es la cooperación y no la investigación internacional de los responsables, y machacando nuevamente los principios de no selectividad, imparcialidad y no politización. Por otro lado, el Estado remitió entre noviembre de 2020 y octubre de 2022 más de 18.200 folios de información que según el Fiscal Khan no siempre respondieron a los niveles de detalle ni a las categorías requeridas por el Fiscal (#15), no reflejaban documentos originales (#19) y carecían de una misma y consistente metodología (#20). Los representantes del Estado dificultaron de esta manera el trabajo de la Fiscalía manteniéndola ocupada y saturada con el objetivo de ganar tiempo, al punto que la última remisión de información del Estado databa del pasado 18 de octubre.
Y, en segundo lugar, al desconocer las instancias internacionales de derechos humanos el gobierno de Maduro no ha evitado que la Fiscalía de la CPI se base en los informes de dichas instancias. Así, el Fiscal de la CPI ha retomado seis informes producidos por la Misión de Determinación de los Hechos entre 2020 y 2022, cinco informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos producidos entre 2010 y 2021 y dos informes del panel de expertos sobre Venezuela creados por la OEA. De nada sirvió para efectos de la CPI, que se haya impedido a la Misión de la ONU ingresar al país y que se haya incumplido con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que la crearon y prorrogaron.
Tampoco sirvió que se denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos y que el gobierno de Maduro se retirara de la OEA. Eso no impidió que el Fiscal considerara esas instancias como “fuentes relevantes” (#23) para tomar su decisión y para pedir a los jueces de la CPI que lo autoricen a continuar investigando. No deja de ser irónico que el gobierno de Maduro no haya respondido a las solicitudes de información de la Misión de la ONU, pero deba ahora controvertir sus informes dentro del proceso ante la CPI.
Justicia sin voluntad para investigar
– ¿La Fiscalía analiza cuáles han sido las acciones del Sistema de Justicia venezolano?
Ciertamente, lo hace. En efecto, es este un tercer aspecto que afecta los intereses del gobierno y su estrategia ante la CPI. Además de los aspectos ya descritos, en su comunicación el Fiscal argumenta que en Venezuela no se adelantan, ni se han adelantado, procedimientos relevantes para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes contra la humanidad, y que si, al momento de decidir, los jueces llegaren a considerar que sí se han adelantado esos procedimientos, de todas maneras el Fiscal cree y argumenta que dichos procedimientos no son “genuinos” (#41).
Por otra parte, uno de los argumentos de mayor importancia en los alegatos del Fiscal es que no se ha investigado en la jurisdicción nacional la existencia de políticas de Estado o de una organización para cometer un ataque contra una población civil (#97 y 104). Más grave aún es que el gobierno haya “rechazado expresamente la existencia de tal política y de un ataque sistemático contra cualquier población civil”, y haya caracterizado los casos de criminalidad investigados como hechos aislados constitutivos de delitos comunes.
En pocas palabras, lo que está diciendo el Fiscal es que es imposible que las autoridades nacionales hayan investigado o investiguen crímenes contra la humanidad en Venezuela sin investigar el “elemento político” que es un elemento contextual esencial de esos crímenes. E investigar el elemento político supone investigar las cadenas de mando y especialmente a los más altos responsables que son los que en últimas son responsables del establecimiento e implementación de la política del Estado o de una organización para cometer un ataque contra una población civil. Si esto no ocurre a nivel nacional, la Fiscalía de la CPI no podrá nunca considerar que se están investigando crímenes contra la humanidad en Venezuela.
Próximos pasos de la CPI
– ¿Qué impacto puede tener esta comunicación presentada a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI?
Los argumentos del Fiscal tendrán un impacto notorio en el establecimiento y funcionamiento de la oficina que la Fiscalía de la CPI establecerá en Venezuela en 2023. Esta oficina, prevista en el Memorando de Entendimiento, tendrá funciones de asistencia técnica y un presupuesto para 2023 de 1.550.800 euros, deberá contribuir a cambiar la realidad constatada por el Fiscal en su comunicación a los jueces de la CPI. Por su parte, las autoridades venezolanas deberán cooperar de buena fe si desean que el Fiscal Khan tenga motivos para revisar su posición basado en reales y genuinos procedimientos nacionales.
El Fiscal Karim Khan y su Oficina en La Haya han probado su rigor y su apego a la tradición jurídica construida por la CPI en sus dos primeras décadas de existencia. Varias veces ha repetido el Fiscal que su lectura no puede ser política y que en todo caso debe “seguir la evidencia”. Es claro que quienes detentan el poder y manejan las instituciones del Estado se acostumbraron a un sistema judicial sumiso y obediente que ha sido puesto al desnudo por los informes de la Misión del Determinación de los Hechos. Finalmente, es paradójico que los jueces y fiscales venezolanos, al no querer o no poder administrar justicia, han terminado nutriendo y profundizando el expediente criminal ante la CPI.
Prensa Provea
