La defensa del territorio y la naturaleza puede conllevar la muerte de sus protectores, y de acuerdo con los datos mundiales, América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender la tierra, pues dos tercios de los asesinados sociales mueren luchando por sus espacios.
De acuerdo con el Global Witness, 65 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en Colombia en 2021, 30 en México, país al que siguen Filipinas con 29 muertes, Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y Tailandia (2).
Para ofrecer protección a los defensores del ambiente surgió el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, aprobado en 2018 y con vigencia desde el 22 de abril de 2021, luego de que 12 países lo ratificaron.
Este es un instrumento pionero regional que establece la protección de los defensores del ambiente y los territorios.
De suma importancia porque facilita la generación de diálogos y participación social para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sin embargo, no todos los países de la región lo han suscrito.
De los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo en 2018, pero solamente 12 lo han ratificado hasta la fecha, cuando se celebró la primera cumbre de países en Chile, entre los días 20 y 22 de abril.
Los países que se han adherido al Acuerdo de Escazú son: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía.
Entre los que no se han suscrito al tratado destacan Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica y Chile, pese a que estos dos últimos fueron los principales promotores del acuerdo.
Pese a que en Venezuela las condiciones del ambiente, la tierra, y su defensa son complicadas, y se va en retroceso en esta materia, este país no ha dicho ni una sola palabra sobre el Acuerdo de Escazú; pero tampoco se han hecho públicas las razones.
El biólogo Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador general de la organización ambiental Clima21, y promotor de este acuerdo único en el mundo, que consagra estándares de protección para los defensores de los derechos humanos ambientales, explica lo poco que sabe sobre el silencio oficial al respecto y detalla qué beneficios puede traer al país suscribirse a este tratado.
—¿Cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú; ya que es el primero en establecer la necesidad de garantías a los defensores de derechos ambientales?
—Lo primero que vale la pena resaltar es que es un acuerdo internacional regional solamente aplicable a América Latina y el Caribe, que tardó seis años.
La idea era desarrollar la Agenda 2021 que dice que el desarrollo sostenible se alcanza mejor cuando la ciudadanía tiene información ambiental, participación en esos asuntos y acceso a la justicia.
Durante la discusión, la sociedad civil de América Latina y el Caribe comenzó a exigir participación en una discusión entre países, y lograron que un grupo seleccionado tuviera representantes.
América Latina es la región del mundo más peligrosa para defender el ambiente y su territorio. Los datos son brutales: dos tercios de los asesinados sociales es gente que defiende el ambiente y los territorios; en general son indígenas.
La enorme mayoría (de los asesinatos) ocurre en Colombia, después hay 12 países de Centroamérica y Brasil.
Venezuela va un poco detrás, no porque sea un país seguro, para nada, sino porque hasta recientemente se comenzó a hacer el monitoreo de lo que significa la violencia contra defensores del ambiente y el territorio.
Cuando ocurrió esto, la sociedad civil pidió que se incluyera en el tratado el tema de la defensa de los defensores de derechos ambientales y se logró.
Entonces, cuando se finaliza, tiene cuatro enormes bases: acceso a la información, a la participación, a la justicia y a la defensa de defensores; eso lo hace único en el mundo.
Hay un tratado similar en Europa, el Convenio de Aarhus, pero no incluye esa parte, esto es por las características de Latinoamérica.
¿Qué es lo que lo hace interesante? Es un tratado que promueve la sustentabilidad de las regiones para que la gente tenga acceso a la información ambiental, de temas que nos interesan totalmente: el agua, si los alimentos están contaminados o no, si el sitio donde vivo es seguro contra inundaciones, si hay alteraciones en la zona porque los ecosistemas estén dañados.
Si la gente, además, tiene acceso a participar de manera adecuada es mucho mejor llegar a la sustentabilidad porque no solamente va a tener la información, sino que toda la sociedad se involucra y, de acuerdo a su nivel, a su capacidad, puede generar participación.
El acceso a la justicia es un proceso importante porque si tú sientes que hay un problema y puedes acceder de manera libre a la justicia y se te va a dar justicia, tú confías en lo que está pasando y puedes participar con mucha más tranquilidad.
Esos elementos y el tema de la defensa de defensores hace un tratado extraordinariamente importante.
Además, el tratado es lo que se llama un tratado garantista: un tratado que hace que las garantías a los derechos y, en particular, a los derechos humanos ambientales se reconozcan y se apoyen, pero no sustituye a los países; es decir, no es algo que se vaya a poner por encima de un país y va a disponer de cosas, sencillamente apoya a que cada país, de acuerdo a sus características, leyes y su propio desarrollo, pueda avanzar en un sentido de la garantías de esos derechos.
—¿Cuál era la situación en América Latina antes de la firma del Acuerdo y qué ha cambiado después?
—Lo primero es que actualmente, en este momento (entre el 20 y 22 de abril) está ocurriendo la primera reunión de las partes, de los que han firmado hasta ahora, y ese acuerdo apenas está comenzando; todavía no tenemos un cambio importante.
Los cambios están cada vez más en la conciencia de la sociedad civil latinoamericana, de la necesidad de que esos derechos son tan importantes y que debemos defenderlos entre todos, más que ninguna otra cosa.
Todavía es muy nuevo como acuerdo y debe pasar un tiempo en el cual cada país comience el proceso de instauración de sus orientaciones.
Es la primera vez que se reúnen los países a discutir el avance y algunas reglas de funcionamiento; incluso de algunos conceptos porque sigue la sociedad civil presionando porque quiere participar en la discusión y no se lo están permitiendo. Hay conflictos en este momento.
—¿Por qué Venezuela no ha suscrito el Acuerdo de Escazú?
—Eso lo sabrá papá Dios. Hace cuatro años cuando se lanzó el Acuerdo, en Venezuela comenzamos la primera campaña pro Escazú porque no teníamos ninguna idea de la razón.
Yo busqué cómo fue ese proceso, que fue complejo, difícil, y en ningún momento Venezuela participó en las discusiones.
Cuando Escazú fue lanzado, me conseguí con una funcionaria del Ministerio de Ecosocialismo y le pregunté: ¿Qué pasa con esto? y me dijo: Mira, es que ahí hay unos problemas con la discusión de los acuerdos de Río+20.
Le dije: todos los elementos que están en Escazú, todos, están en la Constitución de Venezuela; por lo tanto, para Venezuela, no debía ser ningún problema ratificarlo y ya tiene su Constitución. Se quedó como pensativa y me respondió: es que eso es político, y esa es la última respuesta que yo conseguí. No he tenido nunca ninguna respuesta adicional. Tampoco sé si esto es realmente la opinión de esa persona o algo más, no tengo la menor idea.
—¿Los defensores ambientales de Venezuela están organizados para impulsar o motivar al Estado a suscribir el Acuerdo de Escazú? Específicamente, ¿qué lograrían los defensores del medio ambiente venezolanos si el Estado se suscribe al acuerdo?
—No hay una red específica para el tema de Escazú, pero recientemente, el año pasado, las organizaciones de Venezuela articularon con organizaciones de Colombia y Perú para crear una red: Odevida (Observatorio para la Defensa de la Vida); el cual está centrado, principalmente, en el tema de la defensa de los defensores ambientales.
Odevida, en este momento, está coordinando las acciones para discutir el tema de Escazú en América Latina.
—¿Qué tienen en común los países que no han firmado?
—Es complejo, en este momento las ideologías, las etiquetas derecha e izquierda cada vez tienen menos sentido. Principalmente los que se han negado a firmarlo han sido países que apoyan más las empresas.
Digamos que son gobiernos conservadores en ese sentido, pero Cuba no lo ha firmado ni Venezuela tampoco, Bolivia sí, la Argentina del anterior gobierno también; pero no es fácil decirlo.
Depende más que de ideologías, del poder interno que tienen aquellos grupos de poder que no quieren que se sepa qué pasa con la información ambiental porque detrás de la ausencia de información ambiental se esconde la corrupción y la delincuencia.
Si tú no tienes información clara es muy fácil esconder corrupción. Los países que buscan la transparencia tienen más controlada la corrupción y la delincuencia.
El tema más importante de por qué Venezuela no suscribe ese tratado es que detrás de eso se esconde la corrupción. En Venezuela, en este momento, los grandes negocios referidos al ambiente son multimillonarios y casi nadie sabe eso.
—Hay quienes dicen que le teman al Acuerdo de Escazú porque le va a impedir a los Estados inversiones, pero contrario a esto, el tratado dice que busca inversiones sostenibles. ¿Qué podría lograr Venezuela en materia económica y sobre todo en economía verde si suscribe el Acuerdo?
—El Acuerdo bien llevado hace que un país tenga una imagen de confianza. Un país donde, por ejemplo, los temas ambientales, de los objetivos de desarrollo sostenible están bien llevados es un tema que da confianza a muchos países para invertir porque —fíjate lo siguiente— yo no voy a invertir en un país donde yo no sé si hay agua o cuándo va a haber agua.Si tú además dices que desde hace 12 años está racionada el agua y nadie sabe por qué.
Si yo voy a invertir los fondos internacionales en cambio climático, depende de países creíbles. Escazú daría la posibilidad de crear una buena imagen que genera posibilidad de inversión de inversionistas responsables, no de la inversión oscura, y la inversión oscura no quiere eso.
Hace seis años se dijo que 150 empresas iban a invertir en el Arco Minero del Orinoco, ¿cuántas de ellas están? Nadie lo sabe.
Es preferible trabajar con un gobierno donde las cosas son transparentes, donde hay puntos de vistas, hay gente que prefiere que la empresa funcione con menos regulación, pero esas son discusiones y así se llegan a acuerdos. Hay gente que quiere más regulaciones ambientales, otras que no; pero un país donde nadie están claro a dónde va la cosa ni cómo es…
—En materia ambiental, ¿cuáles son las principales amenazas que afronta Venezuela y qué tan atrasado está el país en este tema y cambio climático con respecto a la región?
—La situación ambiental de Venezuela está muy mal, terriblemente mal.
Si usted pregunta, cada especialista te va a decir que el problema ambiental principal de Venezuela es este o este, según su especialidad.
Yo intenté llevar unos indicadores que me permitieran entender y el resultado de eso fue dos grandes problemas principales, y muchos otros también importantes, pero dos grandes.
El primero: tienes toda la población en Venezuela en el eje norte-costero y montañoso. Todas las grandes ciudades están en esa zona. La población al sur del Orinoco es bastante más pequeña; pero en la zona norte-costera es donde hay más problemas de agua.
En este momento, 96% de la población de Venezuela no recibe agua de manera normal. Hay partes de Venezuela donde no hay agua en ningún sitio, ni en ningún momento.
El otro problema que está referido a los problemas ambientales de la minería en todo lo que la gente llama Arco Minero, que no es el Arco Minero, porque el Arco Minero es un pedacito, y en toda la Guayana venezolana actualmente se está produciendo un daño ambiental de enorme mayoría que implica la contaminación de todos los ríos, una deforestación que va cada vez más rápida.
Esos son los problemas más graves de Venezuela, pero el cambio climático, deforestación en el resto del país y contaminación en mares van corriendo detrás.
El cambio climático es un proceso de largo plazo, muy probablemente, muchos de los peores efectos del cambio climático no lo veamos, sino que lo vea la generación que viene delante, pero un niño que esté naciendo ahorita va a ver un país donde la Costa Oriental del Lago de Maracaibo va a estar bajo el agua y, posiblemente todo el Delta, donde la cantidad de lluvia que caiga sobre Venezuela sea mucho menor y donde las tormentas sean mucho más potentes.
¿Qué está haciendo el país para prepararse para esto? La respuesta es nada, absolutamente nada; por el contrario, estamos siendo cada vez más vulnerables porque la gente pobre se siente vulnerable y la gente se está empobreciendo cada vez más.
El gobierno, que es el que tiene capacidad de hacer, no tiene ni la voluntad ni la intención, aparentemente, de cambiar la situación.
—¿Si Venezuela no se adhiere al Acuerdo de Escazú o no hace algún pronunciamiento cómo queda ante la región y el mundo?
—Yo no creo que vaya a haber un supercambio. Creo que es un paso necesario, algunos de los cambios son de largo plazo y hay que recorrer esos caminos y dar las peleas que vayan a ser necesarias porque los poderes económicos siempre están ahí.
Venezuela se aísla cada vez más. Venezuela se está aislando a una velocidad impresionante. Es un país que no es confiable para muchos otros países de la región, no es un país que facilite el contacto con otro país y la cooperación.
¿Y cómo vamos a solucionar parte de los problemas en el mundo? Solo con la cooperación internacional. Entonces, un país aislado con poca confianza ante el resto de los países, es un país donde la cooperación no se va a dar.
Un ejemplo: gran parte al problema al sur de Venezuela se debe a grandes grupos sociales que están controlando las minas, pero ese problema no es solo de Venezuela; es un problema que trasciende las fronteras. A
lgunos grupos son guerrilleros colombianos, algunos son mineros brasileños. ¿Cómo se puede trabajar contra esa gente? Con un trabajo entre los gobiernos de la región, pero si Venezuela se aísla, ¿cómo va a poder darle solución al tema?
—¿Qué medidas se impondrán a los países que incumplan el acuerdo?
—No va a haber sanciones. Ese acuerdo no plantea sanciones, ese acuerdo no busca sancionar, busca apoyar a que los países avancen.
Por supuesto, cada uno de los elementos, en particular los que tienen que ver con la violencia contra defensores del ambiente y los territorios, tienen maneras de ir a instancias internacionales.
Pero si un país no da información ambiental a sus ciudadanos eso no es sancionable. El Acuerdo de Escazú no está hecho para eso.
—¿Se sabe cuántos delitos contra defensores del medio ambiente se han cometido en Venezuela en los últimos años? ¿Estos reclamos son atendidos y se dan respuestas?
—Eso fue publicado el año pasado. Un informe que se hizo entre Colombia y Venezuela. Ahí aparece el número de personas muertas, casi todas indígenas.
En Venezuela son más de 20. Es un tema difícil porque está ocurriendo. Hace un mes fueron asesinados cuatro Yanomamis en una situación muy poco clara y por lo visto perversa; pero lo poco que ha sido informado acerca de la situación pareciera ser por motivos fútiles.
Nadie con armamento de guerra soluciona un conflicto contra personas que lo que tienen son piedras y flechas. En Venezuela se ha hecho eso aunque no se debería.
—Si Venezuela hubiera suscrito este tratado, ¿qué consecuencias habría tenido para el país todos estos desastres ecológicos como los derrames de petroleros y el Arco Minero?
—La última vez que Pdvsa hizo un informe en el cual detalló el número de derrames petroleros fue en 2016. En un año ocurrieron 8.000 derrames, son aproximadamente 50 derrames por día.
Desde el año pasado empezamos a hacer un monitoreo de derrames petroleros y para poder entender eso, hicimos el conteo de los derrames entre 2016 y 2021 y no llegamos a 200 reportados; eso quiere decir que la mayor parte quedan ocultos, nunca son informados, nunca llegan los medios de comunicación, hay desinformación; pero el deterioro ambiental sigue y eso pasa factura: daña territorios, daña personas, y se produce cada vez más pobreza y hambre.
La obligación de todo Estado no es solucionar los problemas del pasado, es avanzar hacia el futuro en la medida de lo posible. Escazú dice que con transparencia y participación podemos avanzar.
