La pobreza es un problema de derechos humanos que trasciende la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles. En la Guajira, la dimensión multidimensional de la pobreza es evidente: hambre, malnutrición, carencia de viviendas dignas, servicios de salud y educación precarios, y déficits en servicios básicos como agua y electricidad, imponen a los habitantes de esta región una dinámica de supervivencia en la que no existen garantías para los derechos humanos.
Sailyn Fernández
El municipio Guajira se encuentra al norte del estado Zulia. Con una población de 57.047 habitantes, está dividido en cuatros parroquias, dos de ellas ubicadas en zonas totalmente rurales, cuyos pobladores deben caminar cientos de kilométros para trasladarse a los centros urbanos del municipio, Paraguaipoa y Sinamaica, debido a la falta de transporte público.
Por varios años consecutivos, La Guajira venezolana -un territorio habitado por indígenas Wayúu y Añú-, ha experimentado un acelerado retroceso en derechos económicos, sociales y culturales. La población indígena padece la severa pérdida de ingresos que le impide satisfacer sus necesidades alimentarias. La deficiente disponibilidad de agua en la mayoría de las comunidades, agrava esta situación, generando el masivo deterioro de las condiciones de vida, la cultura, y el daño a los medios ancestrales de vida de los indígenas, obligando a los pueblos Wayúu y Añú a migrar forzosamente a la vecina Colombia.
Insuficiencia alimentaria
La ingesta de las familias indígenas en al menos 302 comunidades del eje fronterizo, se basa en los pocos carbohidratos que se puedan conseguir, y la ausencia total de proteínas animales y/o vegetales. Muchas familias deben acostarse con el estómago vacío.
Los alimentos subsidiados por el Ejecutivo nacional a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), no llegan a estas comunidades con la frecuencia prometida. Muchas veces, estos alimentos son revendidos en mercados informales a precios que oscilan entre los 9.000 y 12.000 pesos colombianos (unos 3 dólares), un monto que la mayoría de los habitantes de la región no puede pagar.
El acceso a los programas sociales focalizados de alimentación (CLAP) y bonos económicos otorgados en línea a través del “Sistema Patria”, no son suficientes para cubrir las necesidades básicas
Durante el día, en las zonas pobladas de la parroquia Guajira, los hogares permanecen a puerta cerrada. Los miembros de las familias salen a diario a buscar algo de comer, una práctica no incluye a ancianos, adultos, y niños.
Jackelin Manrique, de 12 años, debe caminar a diario unos dos kilómetros hasta el poblado de Paraguaipoa, para recolectar leña en los manglares. Debido a la falta de gas, la familia debe cocinar en fogones y la adolescente apoya a su mamá quien debe cocinar para ellas y sus 10 hermanos en una vivienda improvisada de 4×4 metros, en la que viven hacinados. La dieta diaria de la familia, consiste sólo en harinas.
En medio del abandono a estas comunidades, la desnutrición afecta a niños de entre 5 y 9 años. Desde comienzos de 2021, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha desplegado un plan de despistaje y atención a los casos de desnutrición en los niños de la región. En cada comunidad se detecta entre 15 a 20 casos de niños con desnutrición.
Mientras, el personal médico del Hospital Binacional de Paraguaipoa y del Centro Diagnóstico Integral (CDI) –los dos únicos centros de salud de la región-, reportan que la mayoría de los recién nacidos presentan bajo peso, debido a la precaria dieta de sus madres. La mayoría de las mujeres que acuden a estos recintos, manifiestan que comen una vez al día. Sumado a ello, en los centros hospitalarios de La Guajira no se realizan controles de embarazo desde marzo del año pasado debido a las restricciones asociadas a la pandemia COVID-19, aumentando con ello los riesgos para mujeres embarazadas.
Sin movilidad aumenta el hambre
En 2020, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, entregó cestas de alimentos a familias Wayúu en Colombia. Estos productos pudieron ser distribuidos gracias al esfuerzo de los líderes de las distintas comunidades de la Alta Guajira colombiana, quienes lograron –además- que habitantes de las comunidades indígenas del municipio Guajira, en Venezuela, pudieran ser censadas para recibir este beneficio. Estas familias recorren kilómetros hasta llegar a las rancherías, ubicadas en Colombia, donde les permiten el ingreso de mujeres y hombres para buscar un total de ocho sacos de alimentos, asignados a cada familia.
“Nosotros pagamos para buscar la comida entre 30 y 45 mil pesos colombianos (entre 13 y 15 dólares). Es comida gratis y nos dura, porque es suficiente para aguantar en la casa, pero no todas las comunidades son beneficiadas, ya que no cuentan con recursos para pagar el pasaje para irlo a retirar”, manifestó Soila Bracho, quien dejó de recibir el beneficio debido a la falta de recursos para trasladarse hasta la Alta Guajira.
Los pasos peatonales en el corredor binacional de La Guajira, ha sido severamente afectado desde el inicio de la cuarentena. Ello ha perjudicado el abastecimiento de las familias en la región, pues estas se han visto obligadas a pagar multas para circular por este paso, para buscar comida al otro lado de la frontera en la ciudad de Maicao, en Colombia. Mientras, los vehículos de carga pesada siguen circulando por las carreteras de esta línea fronteriza, atravesando las comunidades donde la situación económica y alimentaria es crítica.
Los pobladores de La Guajira exigen a los gobiernos de Colombia y Venezuela, que fijen su mirada en una estrategia que permita la efectiva protección de los derechos humanos de los ciudadanos de la frontera, para poder activar un verdadero corredor humanitario, sobre todo en tiempo de pandemia.
