Por invitación del gobierno de Venezuela, el Relator Especial por el Derecho a la Alimentación se encuentra en visita oficial a Venezuela entre el 1 y el 14 de febrero. Las organizaciones de derechos humanos celebramos esta visita y la posibilidad de una evaluación independiente sobre la situación alimentaria y nutricional en el país, así como sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano para garantizar este derecho.
Antes del inicio de su visita, se hizo una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil enviaran contribuciones sobre las cuestiones prioritarias que el Relator Especial debería conocer antes de su visita.
A través de una agenda amplia que incluye no solo reuniones con representantes del gobierno, sino también con las organizaciones que enviaron sus contribuciones, agricultores y pueblos indígenas, así como visitas a los estados Sucre y Zulia, el Relator elaborará un informe sobre la situación de Venezuela que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
Desde que la población venezolana comenzó a enfrentar una Emergencia Humanitaria Compleja que ha forzado la emigración de más de 7 millones de personas, las personas defensoras de derechos humanos en el país han insistido en la necesidad de que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos prestara una mayor atención a las causas de esta masiva violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población venezolana, razón por la cual múltiples organizaciones enviaron sus contribuciones para la visita del Relator Especial al país.
En las reuniones sostenidas entre el 1 y el 2 de febrero, las organizaciones de la sociedad civil presentaron sus informes sobre la situación del derecho a la alimentación en poblaciones especificas, como los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. Así mismo, se presentaron evaluaciones independientes sobre el funcionamiento de los programas alimentarios existentes, como el Programa Alimentario Escolar (PAE), el programa CLAP y los servicios de alimentación en los hospitales públicos. En todos casos, las organizaciones enfatizaron que estos programas no cubren a toda la población vulnerable y, en el caso de los CLAP, se mostró que no hay suficiente cantidad y variedad en los productos, que además se reciben con mayor irregularidad y a un costo más alto en las zonas rurales más aisladas del país. Sigue habiendo denuncias, además, sobre el uso del CLAP como estrategia de control en las comunidades.
A las dificultades enumeradas en el funcionamiento de estas estrategias adelantadas por las autoridades se debe sumar el efecto de la política de congelación del salario mínimo en un contexto de alta inflación: 193% en 2023, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas y con la inflación en alimentos más alta del mundo, de acuerdo con el más reciente informe sobre seguridad alimentaria del Banco Mundial. El salario mínimo representaba apenas 3,6$ al mes a fines de 2023 y, si bien ha habido aumento en el bono de alimentación y el «bono de guerra económica», este beneficio excluye a sectores importantes de la población; especialmente a la población de la tercera edad, dado que pensiones y jubilaciones están atadas al salario mínimo legal sin acceso a esos otros beneficios que recibe la población ocupada. Por esta razón, actualmente la principal preocupación de Provea y otras organizaciones es el acceso económico a los alimentos, en este contexto de empobrecimiento y pérdida de medios de vida.
Tal como se confirmó en la investigación sobre el derecho a la alimentación realizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y Provea, titulado «Con la Comida no se juega: graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela«, las sanciones financieras y petroleras no originaron esta situación de emergencia alimentaria. El origen estuvo en una serie de políticas públicas que debilitaron el sistema agroalimentario nacional con importaciones masivas y persecución a productores y comerciantes nacionales. Sin embargo, estas medidas sí tuvieron un impacto agravando la emergencia.
El próximo 14 de febrero la visita del Relator Especial, Michael Fakhri, concluirá con una rueda de prensa. Las organizaciones defensoras de derechos humanos estaremos atentas a sus conclusiones y haremos seguimiento a las recomendaciones que se formulen al Estado venezolano.
Prensa Provea.
