En tan solo 10 días, agentes de la fuerza pública han ocasionado la muerte de tres personas en hechos relacionados con la obtención de alimentos. El 31 de diciembre el guardia nacional David José Rebolledo Cortez de 24 años de edad, disparó contra un grupo de personas que intentaban comprar pernil navideño, y produjo la muerte de la joven embarazada de 18 años Esterfan Colopy Herrera.
El Ministerio Público imputó al funcionario por los presuntos delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
En el día de ayer se conoció otra lamentable noticia esta vez nuevamente por un uso abusivo de las armas contra la población. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon contra el joven Grenyer Manuel Meléndez de 16 años quien presuntamente llevaba en un morral unos pavos hurtados. El hecho se produjo en el sector La Esperanza de Catia La Mar, en el estado Vargas. El joven era estudiante de tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Gustavo Olivares Bosques, de Catia la Mar. Sus familiares denunciaron haber sido amenazados por los funcionarios presuntamente responsables del hecho.
También este 09 de enero, fue asesinado el joven José Alberto Materán Valero (19), luego de recibir un impacto de bala durante una protesta por alimentos realizada en la población de Guanare, capital del estado Portuguesa, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. Materán Valero ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario Miguel Oraá de Guanare, junto a César Antonio Torres Fernández, quien fue herido por arma de fuego.
Estos tres asesinatos de jóvenes expresa los niveles de arbitrariedad con la que actúa dicho cuerpo armado. Ya en 2017 en muchas poblaciones y urbanizaciones le hicieron vivir a muchas familias días y noches de terror. Las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por este componente de la fuerza armada siguen en su casi totalidad impunes. Esa impunidad favorece que se continúen produciendo esos atropellos contra el pueblo.
Exhortamos a la Defensoría del Pueblo a levantar su voz frente a estos lamentables asesinatos y al Ministerio Público, a que tal como actuó de manera diligente ante el asesinato de la joven Esterfan Colopoy, investigue y se sancione a los funcionarios que asesinaron a los jóvenes Greyner Meléndez y José Alberto Materán Valero.
Recordemos que Nicolás Maduro ordenó en diciembre a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), usar todo su poder de fuego y sus resultados lamentables empiezan a dar resultados. La Dictadura en Venezuela no solo es una fábrica de pobreza y una pesadilla para las familias más pobres, sino un perpetrador constante de graves violaciones a los derechos humanos arremetiendo contra el pueblo y sus exigencias de derechos.
Prensa Provea
