En su más reciente reporte, correspondiente al mes de octubre de 2017, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) informó que la Canasta Básica Familiar (CBF) aumentó a 5.594.119,73 Bs. Esta cifra representa un incremento de 43,39% con respecto al mes anterior, y de 872,33% con respecto a octubre de 2016. Según el CENDAS fueron necesarios 40,97 salarios mínimos vigentes entonces (Bs. 136.544,18) para pagar toda la canasta.
La dictadura de Maduro genera exclusión y empobrecimiento. La caída del ingreso y del poder adquisitivo de las y los trabajadores venezolanos como consecuencia de la espiral inflacionaria, ha generado un acelerado incremento de la pobreza, lo que a su vez se ha traducido en mayores dificultades para la satisfacción de sus necesidades alimentarias.
Venezuela atraviesa una crisis de inseguridad alimentaria severa. El Estado está incumpliendo sus obligaciones derivadas de la Observación General Nro. 12 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU que le impone el deber de respetar el acceso a los alimentos, absteniéndose de tomar medidas que restrinjan o impidan dicho acceso; proteger el acceso a los alimentos, velando porque las empresas y/o los particulares no priven al resto de la población del acceso a ellos; facilitar ese acceso promoviendo iniciativas que apunten a fortalecer la seguridad alimentaria y la obtención de alimentos en niveles adecuados y suficientes por parte de la población; y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada a quienes, por razones de fuerza mayor, sean incapaces de disfrutar del derecho por los medios a su alcance.
Las dimensiones que componen la seguridad alimentaria están erosionadas en la actual crisis. No existe suficiente oferta de alimentos y energía calórica; la población no tiene suficiente acceso a los alimentos, y los alimentos existentes no son suficientes ni estables. Que los inconstitucionales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) aparezcan cada 15, 20, 30 días, no es sinónimo, en lo absoluto, de seguridad alimentaria. Si a esto le sumamos un ingreso pulverizado por la alta inflación, la declarada y la proyectada, sabremos porqué millones están sometidos a la dictadura del hambre.
A comienzos del mes de noviembre la Asamblea Nacional aprobó en plenaria un acuerdo contra la inflación en Venezuela en el que reflejó las proyecciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor, registradas por la Comisión de Finanzas del parlamento, hasta el cierre del mes de octubre de 2017. En el acuerdo se expresa que la inflación mensual del mes de octubre se situó en 45,5%, mientras que la tasa de inflación acumulada hasta ese mes registró 825,7%. Según los cálculos de la AN la inflación al cierre de 2017 alcanzaría el entorno de 1.400%.
En septiembre la banca de inversión Torino Capital advertía que la tasa de inflación anualizada para 2017 podía ubicarse cerca del 1.028%, y proyectaba una tasa de 5.325% para el cierre de 2018 si no se realizan reformas económicas y se mantiene la crisis política que atraviesa el país. Torino Capital situó en 28,2% la inflación para el mes de agosto de este año.
Por su parte, en abril de este año, el Fondo Monetario Internacional proyectó la inflación anualizada en Venezuela en 720,5%, la más alta del mundo seguida por Angola con una proyección de 27,0%; Argentina con 25,6%; Sudán 23,2% y Egipto con 22% de inflación anual proyectada. Para 2018 la cifra de inflación proyectada en Venezuela no es nada alentadora. De todas las economías con mayor inflación en el mundo, analizadas en el informe del FMI de abril de 2017, las únicas en las que el ente proyecta una tendencia al alza para 2018 es Venezuela con 2.068,7% y Nigeria, que según el FMI aumentará de 17,4% proyectada en 2017 a 17,5% en 2018.
Los compromisos asumidos por el Estado venezolano en la Declaración de Nuevo León de 2004, dirigidos a la búsqueda del crecimiento económico sostenido y equitativo “que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población”, se han convertido en una quimera en el actual contexto que se ha configurado como una Emergencia Humanitaria Compleja. La dictadura de Maduro erosionó los escasos avances y las garantías para los derechos sociales en Venezuela, hoy nuestra población en situación de pobreza ronda los 15 millones de venezolanos, y el indetenible ascenso de la inflación condena al hambre y la miseria a millones de personas día a día.
Prensa Provea
