A dos años del Decreto 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco el panorama es lamentable. Documentado por periodistas nacionales y extranjeros que han realizado trabajos de investigación y mostrado imágenes de bosques convertidos en paisajes lunares contaminados con el azogue minero (mercurio) y algunos sectores con cianuro, como Las Claritas.
El megaplan no se ha ejecutado tal como el gobierno de facto de Maduro había anunciado en 2016, pero sí ha servido como polo de atracción a nivel nacional de los desempleados y gente a quien el sueldo no le alcanza para sobrevivir en la realidad venezolana. Ha fungido como una gran bulla minera, sin control técnico minero ni gestión ambiental ni social, que ha enganchado a muchos en la búsqueda del recurso aurífero y otros minerales, como el llamado coltán (tantalio, columbio / niobio) y el tungsteno. Ese polo extractivista ha atraído también a grupos delictivos e incluso a organizaciones guerrilleras colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vienen enfrentándose entre sí para controlar con sus armas los territorios de explotación y cobrarles a los mineros.
En 2018 el Arco Minero avanzó, por un lado mediante la estrategia de darle su cheque en blanco a una minería que hasta hace unos tres años era considerada por el Estado como ilegal y ahora es su aliada, con el propósito de que le entreguen el oro o en teoría que le vendan lo extraído al Banco Central de Venezuela (BCV). Según la prensa, desde abril de 2017 el BCV ha comprado una cifra récord de 17,6 toneladas de oro a productores que operan en el AMO. Las compras de oro por parte del Estado eran mínimas hasta ese momento.
Por otra parte, el Gobierno ha establecido una fuerte alianza con Turquía, con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, a quien Maduro le ha ofrecido hacer negocios con el oro a extraer en el estado Bolívar. Es así como ya en julio de 2018 salió publicada información periodística que decía que Venezuela había exportado a ese país 779 millones de dólares en oro (20,15 Tm) entre enero y mayo de ese año, los primeros envíos a ese país, según los registros del Instituto de Estadística turco. En noviembre se publicó que durante los primeros nueve meses de este año la nación exportó 23,62 toneladas de oro a Turquía, valoradas en US$ 900 millones, según cifras oficiales de la nación euroasiática. También se les han abierto las puertas para la entrada en el área del AMO a empresas mineras turcas, manteniendo la estrategia de la asociación con el Estado venezolano, tales como: la empresa Mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven), que se constituyó con la empresa Marilyns Proje Yatirim, S.A.
El AMO, cuya área 4 tiene su corazón en la Reserva Forestal de Imataca, ha incidido en la propagación de la actividad extractivista en los Parques Nacionales Canaima y Caura, generando conflictos entre mineros e indígenas, y entre indígenas que buscan mantener sus tradiciones y aquellos que se han dedicado a esa actividad en los últimos años dado la situación país y la caída del turismo. Igualmente la extracción minera se ha incentivado en el estado Amazonas, donde está prohibida la minería desde 1989 (Decreto 269).
Este megaplan igual no ha escatimado esfuerzos para continuar con los atropellos sociales, impactos sanitarios, violación de los Derechos Humanos y asesinatos, incluyendo población indígena. En 2018 ocurrieron varios hechos de violencia en el área de influencia del megaplan AMO, con varios fallecidos en el estado Bolívar, indígenas entre ellos. El 27 de octubre de 2018 hubo un presunto enfrentamiento en el sector La Caratica, Tumeremo, municipio Sifontes, con un saldo de siete muertos de parte de presuntos delincuentes y tres efectivos militares heridos.
En agosto aconteció uno de los casos. En una mina de extracción de oro en el sector El Silencio de la población de Maripa, en la ribera del río Caura, municipio Sucre del estado Bolívar, hubo una situación violenta con un saldo de seis fallecidos, entre ellos el capitán indígena Jivi de nombre Misael Julio Ramírez (45) y su hijo Milson Rondón (18). Tales asesinatos reflejan lo peligrosa que resulta la actividad minera y sus mecanismos de coacción para las comunidades locales, en especial las aborígenes, acentuándose en la región con la ausencia del estado de derecho, más la actuación en los últimos años de la Fuerza Armada, las bandas delincuenciales e incipientemente grupos irregulares colombianos.
Al menos desde 2015 organizaciones indígenas y de la sociedad civil en general vienen denunciando atropellos y violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de la cuenca del Caura por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el marco de una ola de minería ilegal que ha invadido sus territorios ancestrales, y asimismo por grupos de delincuentes conocidos como “sindicatos” que vienen cobrando vacunas, intimidando y apoderándose del territorio sin que el Estado lo impida. En 2018 la Asociación Civil Kapé Kapé, ONG defensora de los derechos de las poblaciones indígenas, denunció el caso de El Silencio exigiendo al Estado el esclarecimiento de lo acontecido, así como atender las demandas que cuestionan la voracidad extractivista en Guayana. Esta masacre evidencia la falta de control gubernamental, a pesar de que han transcurrido más de dos años desde la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, plan que solo ha traído más devastación ambiental y tragedia humana.
Extracto del capítulo Derecho al ambiente sano del Informe Anual 2018 de Provea
