La DGCIM el organismo que más torturó en 2018

El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, acordado así el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se fijó esta fecha para que víctimas y organizaciones civiles sensibilicen al resto de la sociedad sobre los efectos de la práctica de la tortura y la necesidad de luchar y promover políticas para su erradicación definitiva.

Las víctimas de ese flagelo en el país cuentan con una Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, publicada el 22 de julio de 2013 en la Gaceta Oficial 40.210. La norma fue sancionada por la Asamblea Nacional luego de más de 13 años de mora legislativa y desconocimiento del mandato que impuso la Constitución Nacional de 1999. El instrumento legal establece penas de 15 a 25 años para los funcionarios que incurran en la tortura, que se ha institucionalizado en el país, pues los distintos cuerpos de seguridad la practican protegidos por el aliento a los abusos dado por los altos funcionarios del ahora poder de facto, y la impunidad de un sistema de administración de justicia cooptado por la dictadura y al servicio del partido de Nicolás Maduro.

Sigue creciendo la tortura en Venezuela

Desde la aprobación de la Ley, en 2013, hasta el año 2018, Provea logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas. Ello, a pesar de la escasa información oficial debido a la ausencia de cifras desagregadas del Ministerio Público (MP) o la Defensoría del Pueblo (DdP), y a la caída en el número de casos que son reseñados en la prensa nacional y regional.

En 2018 se logró individualizar a 100 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que en comparación con las 101 víctimas registradas durante 2017 representa un leve descenso de apenas 0,99% en el número de casos. Por segundo año consecutivo, ni el MP ni la DdP, ambos órganos dirigidos por funcionarios impuestos de forma inconstitucional por la asamblea nacional constituyente, publicaron sus Informes Anuales de Gestión. Menos aún información detallada sobre casos de torturas correspondientes a 2018 y procedimientos abiertos contra funcionarios involucrados en estos hechos.

El registro correspondiente a 2018 es el tercer más alto registrado desde 2013 y solo es superado por los 185 casos registrados en 2014 y los 101 casos de 2017. En los 100 casos levantados por Provea se identificó a los cuerpos de seguridad responsables por la comisión de estos abusos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) encabezó la lista con 75 denuncias (75%) que involucraron a igual número de víctimas. Le siguen el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con 12 denuncias (12%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 10 denuncias (10%), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con un caso cada una (1% c/u), y en uno de los casos no se pudo identificar a los responsables.

Del total de víctimas de casos de tortura Provea identificó que al menos 87 (87%) fueron del género masculino, mientras que el promedio etario se situó entre los 27 y los 60 años de edad.

Cuatro fallecidos por presuntas torturas en 2018

En 2018 al menos cuatro personas fueron asesinadas presuntamente a consecuencia de torturas mientras se encontraban bajo la custodia de funcionarios policiales y militares. En un caso emblemático que generó profunda conmoción nacional e internacional, un concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán, murió mientras se encontraba bajo custodia policial en la sede del Sebin en Caracas, en circunstancias que hicieron presumir un asesinato debido a torturas.

Pablo Ángel Sivira (31) fue encontrado muerto por sus familiares el 22 de abril de 2018 cerca del sector El Cohete en Carayaca, estado Vargas. El joven tenía las manos atadas, el rostro quemado y una herida en la ingle. Sus familiares denunciaron que habría sido torturado y asesinado por presuntos funcionarios policiales (sin identificación de su órgano de adscripción) y presuntos vigilantes de la empresa privada Avícola La Providencia. Según los relatos, Sivira fue capturado por policías y empleados cuando, junto a unas 80 personas, se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa saqueando los pollos que eran almacenados en galpones. Su cadáver fue encontrado a 20 metros de uno de los galpones.

Yoel Núñez (38), un indígena Warao, murió luego de ser presuntamente torturado por funcionarios de la GNB en un calabozo de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Según denunció su padre, funcionarios de la GNB habrían detenido a su hijo junto a otras cinco personas en aguas del río Orinoco, con un cargamento de combustible presuntamente ilegal. Fueron trasladados a prisión preventiva en Ciudad Guayana, de donde la víctima salió tras haber permanecido dos días en un calabozo. Su salida obedeció a un cuadro febril y fue trasladado desde el estado Bolívar hasta Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas. Estando allí su salud no mejoró, por lo que fue remitido hasta el complejo hospitalario Dr. Luis Razetti de Tucupita, donde murió el 30 de octubre de 2018. Según relató su padre, Yoel fue torturado mientras estaba detenido. Su cadáver habría mostrado signos de una evidente golpiza.

José Alberto Acosta (27), un obrero habitante del estado Zulia, fue presuntamente asesinado bajo torturas por funcionarios adscritos al Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB. Según las investigaciones que adelantó el CICPC, el trabajador fue detenido el 14 de diciembre  de 2018 por los agentes de la PNB, Erick de Jesús Torres Osorio, Rafael Benito Franco Chinchilla, Eduardo Ramón Machado Andrades y dos oficiales más, para ser interrogado por el delito de robo. Fue trasladado por estos funcionarios en una patrulla hasta el Comando de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Comando General Rafael Urdaneta, en la calle 99 del barrio Bolívar, en Maracaibo. Unas horas después de la captura encontraron el cadáver del detenido en una zona del sector El Palotal, al suroeste de Maracaibo, en el estado Zulia.

El expediente sobre la detención de Acosta González no llegó a tribunales ni apareció registrado en el libro de novedades del Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB. De acuerdo con el informe levantado por el CICPC: “el oficial Erick Torres, utilizando como método no ortodoxo en su interrogatorio un arma de fuego orgánica desprovista de su cacerina, con la que apuntaba al investigado y en un momento la accionó y le propinó un disparo y cae herido, luego en compañía del resto de los oficiales optaron por trasladarlo a bordo de una unidad policial, clase camioneta, Toyota, Hilux, signada con el número 0887, hacia un paraje solitario donde abandonaron el cuerpo sin vida de la víctima».