A las 6:30 de la tarde del viernes 7 de junio de 2019 fue el último contacto. En Puerto Agüide, municipio Piritú del estado, Falcón en la costa nor-occidental de Venezuela, 32 pasajeros y 3 tripulantes abordaron un peñero «trompa de ballena» con dos motores fuera de borda, para hacer el recorrido de 85 millas náuticas e ingresar ilegalmente a la vecina Curazao. Huyendo de la crisis venezolana, cada uno de pasajeros habría reunido hasta 400$ para garantizarse un puesto en la embarcación que los conduciría hacía lo que creyeron un mejor destino.
«Nuestros familiares tomaron la mala decisión de irse a Curazao, había 10 mujeres en la embarcación y 3 adolescentes de 14, 16, y 17 años de edad», recuerdan los familiares de los pasajeros del peñero, cuyo nombre y matricula aún no están del todo claros.
Pasadas varias horas desde el zarpe, no se tuvo noticia alguna del paradero de los pasajeros y tripulantes de la nave. Dos días después, el domingo 9 de junio, varios familiares de los desaparecidos acudieron a la Capitanía de Puerto de la Vela de Coro, para reportar la desaparición del peñero y solicitar el inicio de las labores de búsqueda y rescate ante un posible naufragio. Pero pasarían dos días más sin que se produjese ninguna respuesta de parte de las autoridades, y fue apenas el 11 de junio cuando comenzaron oficialmente las actividades para dar con la embarcación pérdida en las aguas del Caribe. Las labores de búsqueda se activaron entre Puerto Cumarebo y Punta Agüide, Adicora, Cabo San Román y entre Cararapa y Supi. Los pescadores de la zona prestaron apoyo a las autoridades.
Un año después de estos hechos, 34 personas que iban a bordo del bote continúan desaparecidas. Pese a que el incidente fue calificado inicialmente como naufragio, hasta ahora solo se ha encontrado el cuerpo Elio Ramones (45), uno de los pasajeros del peñero, que fue hallado muerto por las autoridades de Curazao el domingo 12 de junio en la zona de Bullenbaai (Bahía de Bullen), al sur de la isla.
Quince de las 34 personas que siguen desaparecidas son: Jhonny de Jesús Romero Palacios (26); Jackson Gómez (17); Angel Rafael Urbina (20); Antony José Pérez Vallenilla (19); Thais López (36); Jean Carlos Valera; Marianni Chirinos (18); Alber Ventura (16); Rosmery Rodríguez (19); Ordalys Borges (25); Marleny Borges; Elio José Blanco Cáceres; David José Blanco Cáceres; Geraldine de los Ángeles Romero y Carlos Romero.
Los familiares de los desaparecidos informaron recientemente a Provea que el Ministerio Púbico y los Tribunales tampoco han actuado diligentemente para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Añaden que los tripulantes de la embarcación y miembros de cuerpos de seguridad de la región, estarían involucrados en delitos relacionados con el tráfico de personas. «Hasta ahora hay dos personas detenidas conocidas como los hermanos “Picapiedras” por su supuesta vinculación en los hechos, pero ha habido 8 diferimientos para celebrar la audiencia preliminar y una increíble incompetencia por parte de los fiscales del Ministerio Público. Entre los delitos está la Trata de Personas, sin embargo, la investigación continúa ya que estas personas fueron agarradas al inicio del caso gracias a insumos e indicios que proporcionamos los familiares de los desaparecidos a las autoridades, pero tampoco sabemos las diligencias de rastreo y búsqueda de nuestros parientes».
Un denominador común
Según la ONG Fundaredes, al menos 150 personas desaparecieron tras abordar tres embarcaciones en 2019. Junto a los pasajeros del “Jhonnayli José”, el paradero de quienes viajaban en la embarcación “Ana María” desde Güiria a Trinidad y Tobago el 16 de mayo de 2019, y la lancha sin nombre que partió el 7 de junio de 2019 de Puerto Agüide, en Falcón con destino a Curazao, es desconocido. Los tres casos tienen un denominador común: las extrañas circunstancias en las que se produjeron las desapariciones y la ausencia de respuesta estatal.
Los familiares de los desaparecidos se han organizado en el Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, para promover acciones de exigibilidad y solidaridad entre los afectados. El pasado 20 de febrero realizaron una concentración en la sede del Ministerio Público en Caracas, para instar al organismo a que investigue los hechos y determine las responsabilidades.
En un documento dirigido al señor Tarek William Saab, titular de facto de la Fiscalía General de la República, solicitaron una investigación imparcial, independiente y transparente que involucre todos los hechos relacionados con los casos ocurridos. Hasta ahora siguen sin respuestas. Sin embargo, una comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio de “Jhonnalys José” y la desaparición del bote “Ana María” determinó que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en los hechos.
Las semejanzas entre los tres casos de desapariciones en altamar ocurridos durante 2019, cimientan las sospechas de los familiares sobre la existencia de una red vinculada a la trata de personas, que se aprovecha de cientos de personas que huyen del hambre y la pobreza en Venezuela.
Pero un nuevo caso de naufragio y desaparición de personas -presuntamente ocurrido el pasado 17 de marzo de este año-, elevaría la cifra de desaparecidos en altamar. De acuerdo a una denuncia recibida por Provea en días recientes, 18 personas se encontrarían desaparecidas luego que la embarcación en la que se trasladaban clandestinamente a Aruba, zozobró cerca de las costas de ese país. De acuerdo a la información aportada por los denunciantes, una de las cuatro personas que habrían sobrevivido al naufragio relató: “a eso de las 8 de la noche vino una ola inmensa que pudieron pasar y cuando vino otra más grande se apagaron los motores y empezó a entrar agua y a hundirse la embarcación”. Seis personas estarían detenidas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Carirubana, en Falcón, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de 18 de pasajeros. El Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, ha acogido a estos nuevos denunciantes para brindarles apoyo y orientarlos en base a su propia experiencia
V de Venezuela
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, alertó en noviembre pasado que los riesgos para los migrantes de América Latina habían aumentado durante 2019, al punto de convertirlo en el año más mortal para quienes cruzan las rutas migratorias del continente.
Durante la presentación de su informe titulado Proyecto Migrantes Desaparecidos, Joel Millman, portavoz de la OIM advirtió sobre el aumento de muertes y riesgos para los migrantes que cruzan las rutas de El Caribe, atribuyendo el incremento al éxodo venezolano, “este aumento se explica con una sola palabra que empieza por V: Venezuela”, dijo Millman.
El portavoz indicó que hay más de cuatro millones de venezolanos recorriendo las rutas migratorias de América Latina y el Caribe, y ello se traduce en un repunte en el número de víctimas mortales y en los riesgos que atraviesan los migrantes, quienes están expuestos a toda clase de abusos por parte de las economías criminales que controlan los corredores migratorios.
Lamentablemente, la situación empeorará en tanto no se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades en situaciones como la ocurrida con los pasajeros del “Jhonnalys José”, y los Estados de la región no promuevan medidas efectivas que garanticen una migración transparente y regular, que arrebate el control de las rutas migratorias a los grupos criminales, y reconozca plenamente los derechos de quienes escapan del hambre y la violencia impuestas por la dictadura venezolana.
Prensa Provea
