El pasado martes 5 de septiembre, Últimas Noticias reseñó el desalojo de un grupo de familias de la urbanización El Morro, ubicada en Petare, municipio Sucre. El operativo por parte de las autoridades del Ministerio de la Vivienda respondería a un «desalojo preventivo» de varios edificios en situación de alto riesgo.
Los representantes del Ministerio de la Vivienda aseguran que las torres ya habían sido desalojadas con anterioridad y que a los propietarios se les fueron entregadas nuevas viviendas en los complejos de la Misión Vivienda. Aseguran que la infraestructura de los edificios de El Morro presentaban hundimientos y grietas.
Algunas de las familias propietarias han regresado a la urbanización ante la falta de respuestas de las autoridades, consideran que las opciones habitacionales no se adaptan a sus necesidades, por lo que solicitan una nueva asamblea con el ministro Quevedo.
Actualmente más de 98 familias son afectadas, apenas e la terraza 90. Las autoridades declararon que en las próximas horas se «informará sobre la disponibilidad habitacional a nivel nacional, para procesar su nueva adjudicación de vivienda.»
Casos previos
La situación acontecida en el Morro tiene ancedentes que se pueden vincular con casos similares, donde las autoridades no han realizado un trabajo adecuado en la construcción de estructuras ni en la entrega de complejos habitacionales para la población.
A finales de la década del 70, el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) vendió un conjunto de apartamentos y casas ubicadas en el sector Nueva Tacagua de Caracas, las cuales fueron construidas en terrenos que resultaron ser de alta inestabilidad.
A pesar de que se habían detectado las irregularidades topográficas, las autoridades no adoptaron las medidas para evitar que se produjeran deslizamientos ni para fortalecer las estructuras de los edificios y casas.
Cuando la situación se hizo dramática y empezaron a derrumbarse las viviendas, el Estado decidió que había que desalojar a más de 3.000 familias afectadas. También decidió no invertir en la zona y el resultado de estas medidas es que hoy estas familias están sometidas a un total abandono.
Provea considera que lo ajustado a derecho es que se le otorgue a los/as afectados/as una vivienda de igual o mejor calidad, y en la medida de las posibilidades en la ciudad de Caracas, donde trabajan, estudian y tienen sus relaciones interpersonales.
Prensa Provea
