“No fue detenido y continuó la violencia” Raquel Cristina Díaz Ruíz, una madre venezolana que denuncia que ha sufrido violencia de género por más de 7 años. En los últimos 3 años esta violencia se incrementó, al punto que Raquel tuvo que pedir ayuda a su familia. A pesar que la víctima denunció en 4 oportunidades , incluso estando en flagrancia, el acusado sigue libre.
Raquel es madre de dos niños, asegura que su causa número WJ02-S-2020-0001, que en la actualidad está en el Juzgado Segundo de Control de Violencia del estado La Guaira, ha dado muchas señales de estar parcializada, a favor del agresor, lo que ha generado múltiples irregularidades en el proceso penal y una constante revictimización, a pesar de todos los maltratos recibidos durante años en su hogar.
Ella sigue buscando justicia y exigiendo a los Tribunales que garanticen sus derechos frente a las denuncias hechas y al Ministerio Público que verifique las irregularidades denunciadas en contra de los funcionarios que no han cumplido su deber porque el acusado posee grandes medios económicos, el caso ha registrado retrasos procesales.
El CICPC le brindó medidas de protección de manera tardía e insuficiente, dictó el alejamiento al lugar de residencia y de no agresión para Raquel y a su familia, sin que hubiera dictado la salida del agresor del domicilio conjunto, ni lo hayan detenido mientras cometía los presuntos crímenes, luego de uno de los altercados más fuertes con el agresor, lo que precisamente generó que no cesaran las agresiones posteriormente.
Revictimización del maltrato
Luego de la tercera denuncia de Raquel el 19 de mayo de 2020, funcionarios de Polivargas detuvieron al agresor y lo trasladaron al comando de la policía estatal en Macuto. Raquel se volvió a sentir revictimizada por los funcionarios ya que la hicieron dudar de los hechos que estaba denunciando y le aseguraron que ella debía estar segura de su denuncia porque si el examen forense no registraba daño de forcejeo, no era válida, ante la cual la víctima expresó: “Era como que no tenían conocimiento de la magnitud de lo que me había pasado, ni de la violencia de género en sí”
Caso con irregularidades
Raquel supo después que los policías de Polivargas le indicaron al presunto agresor que si quería que los resultados salieran positivos o negativos, debía pagar unos 10.000 dólares. La víctima denuncia que nunca se enteró de los resultados forenses. Para Raquel ha sido una batalla muy larga durante el último año.
El caso actualmente está siendo conocido por la Fiscalía 82 Nacional de Violencia Contra la Mujer, la cual fue el acusado quien solicitó su intervención porque la Fiscal 4 del Estado La Guaira fue recusada y sacada del caso ya que acusó al agresor y el Tribunal 2do. ambos especializados en materia para la Defensa de la Mujer.
Casi un año fuera de casa
Raquel estuvo más de más 10 meses fuera de su casa y en noviembre de 2020 comenzaron de nuevo los conflictos por sus hijos, lo que terminó en una inspección a cargo de una trabajadora del Ministerio Público,. Raquel denuncia que la trabajadora social construyó vínculos con el acusado, y asegura que la trabajadora social emitió un informe tergiversado de la realidad.
Búsqueda de justicia
Para Raquel lo más grave del caso es que desde la primera denuncia no detuvieron al acusado y ella dice sentirse revictimizada una y otra vez cuando relata la pesadilla que ha vivido. Ella asegura que la nueva jueza está parcializada y una de las incidencias más graves del caso, es el hecho que en febrero de 2020, La Corte de Apelaciones de Violencia del Estado, declaró sin lugar un Amparo que interpuso el acusado, pero revocó la medida de alejamiento al acusado y la medida de prohibición de salida del país. Raquel se siente en un estado mayor de riesgo e indefensa.
Raquel le exige a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, que hagan justicia y den celeridad al curso de la la causa número WJ02-S-2020-0001, para que sean impuestas las sanciones aplicables al caso, cuya primera denuncia fue interpuesta desde febrero del 2020 y su vida desde entonces ha sido un “calvario”. Ella señala que el agresor ha sido descubierto mientras realizaba las agresiones y delitos, pero lamenta que no ha sido detenido, por lo que ha continuado el riesgo hacia su persona.
Realidad venezolana
El caso de Raquel se asemeja a la realidad de cientos de mujeres venezolanas que son víctimas de violencia. Los derechos de las mujeres se han visto afectados durante la pandemia de COVID-19 y Venezuela no ha sido la excepción. Unas 60 mujeres fueron asesinadas solo en el primer trimestre de 2021, según datos del Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ).
Un 56,3% de estos lamentables hechos ocurren en la casa de la víctima, según la misma ONG.
En Venezuela urgen políticas de Estado para la prevención. Estas cifras son alarmantes y demuestran que hoy más que nunca se necesitan políticas y cultura contra los crímenes de género. No basta con enjuiciar a los culpables. Se debe educar y fomentar el respeto hacia las mujeres.
Desde Provea reiteramos que es necesario que los operadores del sistema judicial protejan efectivamente a las víctimas, eviten la revictimización y agilicen los procesos para evitar pérdidas fatales.
Prensa PROVEA.
