El siglo XX fue un período de transformación; nuevas formas de apreciar la realidad vinieron impulsadas por el intercambio cultural entre países, y fue así como a mediados del siglo se promovió una nueva visión de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, que buscaba ir más allá de la concepción invisibilizadora y superficial de integrar al indígena en la civilización, la cual ignoraba el valor cultural de sus formas y tradiciones.
La constitución de 1999 fue la perfecta clausura de un siglo de evolución a nivel social. En ella, se establece legalmente respaldo y protección de la cultura indígena, sus formas de vida y espacios vitales, se propicia la atención a los indígenas ante las situaciones sociales y económicas nacionales, en un marco jurídico especial; y se les otorga derechos de representación ante el gobierno y los órganos deliberantes en el ámbito local, regional y nacional.
Dicho respaldo, protección y representación, siguen sin ser una realidad, algo que queda evidenciado cuando se visitan pueblos y comunidades indígenas en el estado Bolívar, pues visitarlos es sumergirse en esas carencias; adentrarse en las comunidades es caminar sobre la constante pregunta: ¿Dónde está el Estado?
“Vienen en período de elecciones, a prometernos alternativas para recuperar nuestros conucos, o promover proyectos de pesca. Luego no vuelven por acá”, comentó un capitán Warao.
En el caso de los indígenas Sanemá, el Estado ni siquiera se pronuncia, y como consecuencia más de 10 familias de la comunidad han abandonado su territorio. Desde hace dos años, los Sanemá denuncian que sus tierras están siendo invadidas por grupos armados que llegaron con el objetivo de explotar los recursos mineros de la zona y con ellos las consecuencias que traen “los criollos” a las comunidades: “enfermedades, delincuencia, abandono de la comunidad, deserción escolar, entre otros males”.
“Vinieron a nuestro territorio disparando a matar y lo consiguieron. Esto no volvió a ser lo que era, y eso que con la crisis ya había empeorado”, confesó un indígena pemón, en la comunidad de Kumarakapay, meses después de lo que fue denominado la masacre de Kumarakapay.
La ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de pueblos y comunidades indígenas debería protegerlos de dicha situación; pero 23 años después se encuentra junto a los artículos 63 y 64 de la constitución, tras la aplicación del Reglamento especial para regular la elección de la representación indígena en la asamblea nacional en el año 2020. El reglamento que les arrebató a los pueblos indígenas el derecho a votar de manera libre y secreta.
Solo tuvieron derecho a la elección de su representación indígena, durante las 4 elecciones en las que ganaron candidatos afectos al Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido del gobierno de turno. Cuando en el 2015, la Oposición Venezolana obtuvo las tres representaciones indígenas a la Asamblea Nacional con las mismas condiciones que determina la Constitución, se les arrebataron derechos conquistados, desconociendo el derecho a que todos puedan escoger a sus parlamentarios y obligándolos a elegir a través de asambleas comunitarias y a mano alzada.
“Estos no son ni usos, ni costumbres de nuestros pueblos originarios, cada pueblo tiene sus propias culturas, cosmovisión, la manera de elegir a sus autoridades propias”, declaró en ese entonces Julio Ygarza, diputado del Amazonas. Pero, ¿cómo iban a saberlo? Si los pueblos y comunidades indígenas no fueron consultados para la toma de dicha decisión.
Y si se menciona la situación de los indígenas Warao, que se movilizaron hacia Guyana, atraídos por falsas promesas en un contexto de precariedad en sus tierras, se retrocede más de un siglo en materia de derechos humanos, pues al llegar son coaccionados a trabajar sin remuneración en minas ilegales. Su situación se dio a conocer por la organización indígena Kape Kape, gracias a unos indígenas que lograron escapar con el apoyo de organismos religiosos. El Estado no ha emitido declaraciones al respecto.
Los que vivían del turismo, especialmente en Bolívar, han visto cómo su capacidad de generar ingresos se ha visto mermada por la escasez y el aumento del precio del combustible, la inseguridad promovida por grupos al margen de la ley que habitan su territorio, y los ataques de los organismos del Estado. En la carretera hacia Caicara del Orinoco, se ven grupos de los distintos pueblos indígenas que habitan la zona, esperando vender los productos artesanales que elaboran, con poco éxito; actualmente son muy pocos los turistas que transitan la vía, y los que lo hacen, carecen de efectivo para realizar el pago.
Cuando se conversa con expertos con respecto a la situación actual de pueblos y comunidades indígenas, dos visiones resaltan. La primera, una política asistencialista carente de estrategia que tuviera en cuenta su cultura y tradiciones, que en muchos casos los hizo abandonar sus modos de vida para convertirse en grupos dependientes. La segunda, un posterior abandono, que los dejó sumidos en un estado de indefensión ante una Emergencia Humanitaria Compleja que ha afectado a la población venezolana en general, en el marco de una concepción diferente de la realidad que, aunque respaldada por la constitución, no tiene instituciones que la protejan y termina siendo una limitante.
Hablar de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, es hablar del vacío que ha dejado la gran deuda de la constitución de 1999; un documento cuya tinta parece desvanecerse a la hora de ser aplicado en la realidad y no hay proyectos en curso, por parte del Estado, que brinden esperanzas a corto plazo.
Prensa Provea
