Una joven de solo 19 años de edad del pueblo indígena Jivi y miembro de la Guardia Nacional venezolana, denuncia que fue violada sexualmente el 21 de agosto del 2020 por su superior, un Teniente de Fragata, comandante para ese momento del puesto naval A/F José Ramón López, Puerto Ayacucho, estado Amazonas: “Mi hija acudió al llamado de servir a la patria, quería superarse profesionalmente, pero su servicio como militar duró meses” expresa Eleodoro Díaz, padre de la joven.
Desde entonces, esta indígena junto a su familia proveniente de la comunidad El Porvenir (eje carretero Sur de Amazonas), decidieron trasladarse a la ciudad de Puerto Ayacucho para exigir justicia por el presunto abuso sexual. El padre de la joven denuncia que el proceso no ha sido fácil: “Tenemos más de un año exigiendo que se haga justicia y que ese hombre pague por lo que hizo, también lo hizo con otra compañera de mi hija, de la misma etnia nuestra”.
Belkys Cruz es la nueva fiscal novena con competencia en violencia de género y defensa de la mujer que lleva el caso. El juicio se realiza en el Tribunal Primero de juicio de Amazonas, a cargo del juez Jesús Matos, a quien le corresponde decidir sobre la imputación del delito “abuso sexual agravado con penetración y continuado” que la fiscalía novena realiza contra el Teniente de Fragata.
Eleodoro Díaz ha decidido representar a su hija ante los medios de comunicación y en la búsqueda de justicia. Él cree en lo que su hija les confesó que pasó ese 21 de agosto de 2020, fecha que no olvidará nunca porque también es el día de su cumpleaños.
Trágica noche
“Ese Capitán planificó todo, había tres mujeres en ese puesto naval; él envió a la amiga de mi hija a realizar un recorrido nocturno, a mi hija le tocaba el segundo turno de guardia esa noche, él la mandó a acostarse, aunque ella no quería. Este teniente conspiró con otra soldada que se ausentó esa noche de la habitación que compartía con mi hija, fue el momento que él aprovechó para entrar al cuarto. Estando ella acostada en su cama, la agarró por un brazo fuertemente y la forzó, la dominó y se aprovechó de su jerarquía de superior, la otra compañera se hizo la que no sabía nada, ni le preguntó nada de lo que había pasado, aun viendo que ella estaba llorando” narró conmovido el padre de una de la indígenas presuntamente abusada.
El juez del caso sigue siendo el Jesús Matos, quien estuvo de reposo médico tras supuestamente dar positivo al COVID-19, se esperaba que otro juez continuara con el proceso, pero no fue así, después de la interrupción lo retomó nuevamente el mismo Juez.
Eleodoro Díaz asegura que luego de lo sucedido su hija guardó silencio por temor, pero luego le contó a un compañero lo ocurrido y este fue golpeado fuertemente por ese Capitán, por lo que decidió huir del lugar y denunciar en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo ocurrido a él y a su compañera, posteriormente se llevaron detenido al Capitán de su comando y empezó todo el proceso judicial que aún no termina.
Luego de la detención del señalado, otra mujer soldada, también del pueblo indígena Jivi, denunció que había sufrido acoso y abuso por parte del mismo miembro militar en el destacamento naval de Puerto Ayacucho. Se trata de una joven de 29 años, proveniente de la comunidad indígena La Reforma, al sureste de Puerto Ayacucho.
En Venezuela existe La Ley Orgánica de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada con el objetivo de garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una ley con condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales. En ella existen 21 tipos de violencia y quienes incurran en cualquiera de ellos serán castigados según lo establezca los órganos jurisdiccionales.
“Decidimos romper el silencio y solicitar públicamente que se castigue a ese hombre por lo que le hizo a mi hija. Es muy difícil permanecer fuera de nuestra comunidad, algunas veces no tenemos ni qué comer en Puerto Ayacucho, pero aún así, aquí seguimos firmes, mi esposa y yo con todos nuestros 8 hijos, continuaremos en esta lucha hasta que ese hombre reciba su castigo por lo que hizo a estas muchachas que salieron de sus comunidades indígenas con el deseo de contribuir con el servicio militar”
Eleodoro Díaz, padre de una de las jóvenes presuntamente abusadas.
Simeón José Rojas, Coordinador de la Asociación Civil Kape Kape en Amazonas, afirma que desde que conocieron del caso hicieron la debida investigación, documentación y visibilización del proceso, además del seguimiento y acompañamiento a estas personas que solo piden que se castigue el responsable. Rojas señala que han realizado acciones de calle con la familia, acompañándolos en la audiencia y todo el proceso judicial que se sigue en contra del miembro militar por presunto abuso y acoso sexual.
Falta de justicia
A los familiares de las víctimas les preocupa que haya impunidad en el caso, les parece extraño que el juicio se interrumpió a mediados de agosto, a pocos días de cumplirse un año de las presuntas violaciones y cuando se pensaba que se decidiría el proceso: “El juez Jesús Matos no se presentó por motivos de salud, nos informaron que el juicio va a iniciar nuevamente ya que se interrumpió el proceso” explicó el Coordinador de Kape Kape, Simeón José Rojas.
“Lo único que se busca es que el caso no quede impune y se haga justicia, si efectivamente se comprueba que el militar cometió el delito, se sancione ajustado a las Leyes que le competen a esta agresión”
Coordinador de Kape Kape, Simeón José Rojas
Por su parte, Eleodoro Díaz, padre de una de las jóvenes, asegura que además de Kape Kape, también reciben apoyo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), Mujeres Indígenas Organizadas, FundaRedes-Amazonas, Instituto Regional de la Mujer, Fundación de Atención Integral a la Mujer de Amazonas (FAIMA), Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y otras organizaciones.
Organizaciones, instituciones y líderes indígenas han acompañado a los familiares en las audiencias, apoyando a las indígenas agraviadas, mientras se espera que los administradores de justicia hagan una valoración de las pruebas y testimonios para que se aplique todo el peso de la Ley.
No es secreto que las poblaciones indígenas sobreviven bajo pésimas condiciones de vida, las mujeres son vulnerables y son víctimas de patrones que acentúan las desigualdades que afectan de manera negativa sus sueños de superación. Estas jóvenes del pueblo Jivi no decidieron callar y denunciaron el presunto abuso sexual al que fueron sometidas por su superior. Estas indígenas Jivi anhelaban superarse en el mundo de la carrera militar, el cual durante años ha sido predominado por hombres en Venezuela, pero sus sueños han sido impedidos por este trágico episodio.
El caso de las jóvenes indígenas se suma a los casos de abuso sexual en Venezuela que permanecen sin justicia, una problemática que continúa afectando a la población y sigue en las sombras, en total impunidad, como el reciente caso de las jugadoras venezolanas de la vinotinto que denunciaron a su entrenador por abuso sexual.
Los nativos de todos los pueblos indígenas en Venezuela esperan el avance de leyes de protección y el reconocimiento de los derechos indígenas, así como la inclusión de los principios de la pluriculturalidad, multietnicidad y multilingüismo en la Constitución de Venezuela, además que la protección que brinda la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sea suficientes para reivindicar el daño ocasionado a estas jóvenes de los pueblos originarios.
Prensa Provea
