Crisbel Varela y Prensa Provea | Una infraestructura estable, pero sin los insumos necesarios para atender a los pacientes, esto es en la actualidad uno de los considerados más importantes hospitales pediátricos que tiene Venezuela: El Hospital de Niños José Manuel de los Ríos (J. M. de los Ríos).
Elementos básicos como guantes, yelcos, tapabocas, reactivos (inconstantes) para los exámenes de laboratorio, son hoy una necesidad tanto para el personal de salud como para los familiares de los niños, niñas y adolescentes que acuden por alguna problemática de salud o que esperan un trasplante, pero también que garanticen sus derechos. Víctimas del sistema de salud en crisis que tiene Venezuela.
El J. M. de los Ríos también era un hospital de renombre porque realizaban trasplantes; sin embargo, lo único que hay en los pasillos y cuartos del lugar en la actualidad, son niños, niñas y adolescentes a la espera de insumos, exámenes, trasplantes y una respuesta por parte del Estado.
“Ya estamos en 2023, en este momento tenemos 25 niños del servicio de Hematología, del J. M. de los Ríos, sin ninguna respuesta y 14 jóvenes esperando que tampoco han tenido la respuesta oportuna que requieren”, denunció Katherine Martínez, abogada y directora de la organización no gubernamental Prepara Familia.
El 1 de junio se cumplieron seis años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos y en medio de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja donde el Estado no garantiza los medicamentos antirrechazo o inmunosupresores, al menos 79 niños, niñas y adolescentes murieron en el servicio de Nefrología a la espera de trasplantes, según la ONG.
“En el año 2014 cuando Fundavene, adscrito al Ministerio de Salud, empezó a fallar en el tema de trasplantes, se vio una abrupta caída de los mismos. En consecuencia para 2017, la misma Fundavene envía una carta a las unidades de trasplantes del país donde anuncia que ellos no pueden continuar con la garantía de los inmunosupresores, que son los medicamentos antirechazo. Era provisional, pero ya llevan seis años. Ha sido una situación fuerte y muy delicada, que merece la atención de la comunidad nacional e internacional porque se requieren los trasplantes. En 2022 el Estado comenzó a realizar algunas intervenciones de vivo a vivo que requiere tener un familiar compatible para que pueda donar el órgano. Estas operaciones nunca estuvieron suspendidas, se suspendió fue el oficio al no poseer los medicamentos antirechazo. Se hicieron algunos en clínicas privadas por costos de 75 mil dólares aproximadamente, pero en los hospitales públicos comenzaron a hacer algunos en el Hospital de El Paraíso, en el Hospital Militar, inclusive el J. M.de los Ríos pudo hacer uno en 2022, pero fueron casos excepcionales donde habían familiares compatibles e igualmente nos preocupamos porque es un riesgo si no se tiene el tratamiento y los medicamentos necesarios”, insistió Martínez.
La administración de Nicolás Maduro dio una esperanza para los NNA en noviembre del 2021, cuando anunciaron que reactivarían el proceso de trasplantes de médula en el Hospital Domingo Luciani y en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Desde 2022 las operaciones se realizan de vivo a vivo, pero aún no se ha reactivado el trasplante de cadáver a vivo. La causa de la suspensión de los trasplantes es que el Estado no puede garantizar los medicamentos antirechazo o inmunosupresores.
“El J. M. de los Ríos, centro de referencia nacional, que sigue recibiendo niños de todo el país, tiene servicios que tienen mucho tiempo cerrados, como el de Terapia intensiva, Cardiología, Neurología y a la fecha no se han rehabilitado. Además de eso hay una situación grave con el servicio de Imagenología, servicios de laboratorio, casi todas las pruebas que los niños necesitan deben hacerse por fuera. Ninguna de estas situaciones ha cambiado y esto es lo básico”, dijo la abogada.
Martínez relató que el servicio de Hematología tiene ocho meses con el aire acondicionado dañado. “Eso es gravísimo porque es un área que recibe entre 350 y 500 pacientes mensuales, es donde se realiza el postgrado de hematología pediátrica y que es el único en el país. Adicionalmente los niños vienen de todas partes a recibir tratamiento oncológico. Allí tienen un pequeño quirófano donde realizan aspirado de médula, biopsias, y sin aire acondicionado es complicado. Estamos hablando de la garantía del derecho a la vida y la salud en el hospital, que no podemos decir se ha logrado”.
En 2021 un grupo de jóvenes relató para el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo eran sus vivencias en el país, en medio de la crisis, pero también en el hospital. En medio de la sesión un joven declaró que cuando uno de sus compañeros moría, siempre pensaban que serían los próximos.
Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología están amparados por medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2018. Estas medidas instan al Estado venezolano a adoptar acciones necesarias para garantizar su vida, integridad personal y salud, pero aún no se han cumplido.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, según señala el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Katherine Martínez dice que el Estado debe hacer una inversión importante en materia de salud, aunque este culpe a las sanciones de no poder hacerlo. La abogada dijo que el Estado solo hace promesas y mientras tanto los niños, niñas y adolescentes, siguen muriendo.
Otras víctimas del sistema de salud
María* (nombre ficticio que usaremos para resguardar su identidad) es madre de una niña de 1 año. Ellas son del estado Bolívar, pero ante la crisis en materia de salud que también atraviesan los hospitales en el interior del país, viajó a Caracas para que su hija fuera atendida tras tener días con un cuadro febril y sin respuesta alguna de lo que podría estar ocasionando este malestar.
La madre y su hija estuvieron nueve días en el J. M. de los Ríos, donde aseguró la atención fue oportuna, sin embargo además de los gastos del viaje que pudo costear gracias a que pidió ayuda a fundaciones e hizo algunas rifas, se vio en la necesidad de pagar los exámenes necesarios en un lugar privado, porque en el hospital, ubicado en la avenida Vollmer de Caracas, no habían reactivos para los exámenes que necesitaba, según denunció.
“Cuando llegamos al hospital le hicieron algunos exámenes de rutina porque ese día tenían lo necesario, pero el resto si tuve que pagarlos”, comentó la entrevistada.
Sofía* también es una madre del hospital. Sus dos hijos han sido atendidos en el centro de salud y ella aseguró que han podido gozar del servicio, a excepción de los exámenes médicos que le han pedido las últimas semanas porque uno de sus hijos necesita una intervención por tabique obstruído.
Daniel* es familiar de un paciente en el hospital y dice que “todo se quedó en estructura”. Mencionó que el servicio de laboratorio no funciona de forma constante. Los padres deben gastar grandes sumas de dinero en exámenes de laboratorios privados, “y los pagan porque hacen rifas, piden colaboraciones, porque el salario no alcanza”. “Hay fundaciones que ayudan con el tema de los insumos, pero ante la cantidad de niños que tienen necesidades, no es suficiente”.
El contexto dificulta el acceso pleno al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 83 de la Constitución de Venezuela establece que: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
José*, quien hace pasantías en el hospital que alguna vez fue considerado uno de los más importantes a nivel pediátrico en el país, admitió que en los últimos años el centro de salud ha recibido inversión en “retoques”, “especialmente en la entrada principal, Triaje, Urgencias, y la Unidad de Covid-19, aunque hay zonas donde todavía les falta terminar la mano de obra”.
“En cuanto a estudios médicos el déficit aún persiste ya que lo único que se sigue realizando en el Hospital es Hematología química y Orina cuando hay reactivos. Estudios especiales e inclusive ecos, se deben realizar por privado”.
Quienes tienen una emergencia y necesitan un eco urgentemente, reciben una cita, pero alejadas del tiempo en que realmente se requieren, afirmó el pasante. “En general el hospital sigue enfrentando casi las mismas carencias de años anteriores, como lo es estructura, personal y mantenimiento,”, agregó.
Mientras este es el contexto del hospital, el artículo 84 de la Constitución establece que: “para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad.
El contexto del J. M. de los Ríos está lejos de la teoría que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Historia
El J. M. de los Ríos fue fundado el 2 de febrero de 1937 y lleva su nombre en honor a un médico, quien fue considerado el precursor de la pediatría en el país y falleció en 1914.
Primero se le conoció como Hospital municipal de niños hasta 1945.
En 1958, el hospital fue mudado a la avenida Vollmer, en San Bernardino, tras tener como sede un terreno adyacente al Hospital José María Vargas hasta 1936, cuando pudo hacerse formalmente su inauguración. Con el paso del tiempo se convirtió en una referencia internacional en el cuidado y tratamiento para los niños, niñas y adolescentes.
Médicos, enfermeras, padres y pacientes coincidieron en que el deterioro comenzó en 2008. Entre 2013 y 2014, la Contraloría General de la República realizó una inspección. Los resultados fueron publicados en un informe en el que señalaron que 90,9% de los 11 servicios monitoreados tenían déficit de médicos, insumos y equipos, así como deterioro en su infraestructura.
En la actualidad los niños, niñas y adolescentes siguen a la espera de que el Estado pueda garantizar su derecho a la salud y la vida, respetando tanto la Constitución como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para preservar su identidad.
