Detrás de la fiebre del oro hay cicatrices en cientos de familias destrozadas.
Una nueva tragedia en El Callao cobró la vida de 14 personas al colapsar tres pozos en una mina de Minerven.
La mayoría eran jóvenes que buscaron en la minería una alternativa económica y un futuro que su país no les garantizó.
Especial.- Una nueva tragedia y al menos 14 familias de luto convierten en realidad el temor que persiste en madres, padres, esposas, hijos y demás familiares al saber que uno de los suyos se dedica al trabajo de la minería, al sur de Bolívar.
Esta vez la noticia llegó la mañana del lunes 13 de octubre.
El día anterior llovió intensamente por más de seis horas. Aún así, no se esperaron el colapso en los tres pozos de una mina en el corredor vial 4 Esquina, en el sector Hanzas del municipio El Callao.
Solamente dos personas sobrevivieron a la tragedia porque lograron salir a tiempo de los más de 25 metros de profundidad en que se encontraban.
El resto murió por inmersión según el parte oficial de las autoridades.
“Fue como a las once y media de la noche cuando se inundaron los barrancos. Nosotros salimos antes, pero muchos compañeros quedaron atrapados”, contó uno de los sobrevivientes.
Mientras el pueblo vivía el duelo, también se alzaba el miedo a hablar. En El Callao, las advertencias corrieron rápido.
“Hay amenazas de la DGCIM para que nadie pase información a la prensa, solo lo que digan las autoridades”, relató un habitante que pidió no revelar su nombre.
La gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, informó el lunes 20 de octubre que habían rescatado 12 cuerpos. No dijo quiénes eran. Tampoco mencionó los nombres de las 14 víctimas.
Aun así, el pueblo los fue identificando. Entre ellos estaban Robert Custodio (40), David Guevara (25), Jhonathan Solano (28), Félix Romero (35), José Manuel Belisario, Fadiangel Trejo, Eduardo Romero Silva (17), José López (18), Edinson Pérez Calderón, Alexander Salazar, Gregorio Pinto (17) y Gilbert Romero.
Los tres últimos pertenecían a una escuela de fútbol en Guasipati, municipio Roscio. Gilbert —apodado “Bemba”— era barbero y vivía en el sector Inavi.
Gregorio, tenía 17 años; su madre vive en Boa Vista, Brasil, y tuvo que reunir dinero entre conocidos para regresar y despedirlo. Su cuerpo fue hallado una semana después.
Conforme fueron pasando los días y los cuerpos no aparecían, familiares se angustiaron al pensar que mientras más tiempo pasaba, abandonarían la búsqueda y los cuerpos quedarían sepultados.
Esto llevó a una protesta en la troncal 10, a la altura de Guasipati, para exigir a las autoridades no cesar con el rescate de los cuerpos.
“Se exigieron maquinarias a Minerven para agilizar el trabajo, ellos las tienen. A los familiares les ofrecieron una compensación pero eso no tapa el dolor de una madre que perdió a su hijo. Hasta propusimos que hicieran un cielo abierto (abrir los cilindros adyacentes) para facilitar el ingreso porque veíamos mucha gente sin hacer nada, solamente tomar fotos”, aseguró Karina, quien dijo conocer a una de las víctimas.
No todos vuelven
Cada derrumbe, cada muerte en una mina del sur del país, reabre viejas heridas. En Bolívar, muchos callan, pero todos saben que bajo tierra no hay garantías, sólo fe y necesidad.
“Yo trabajé en una mina en 2017, en Isidora, El Callao”, recuerda un ex minero de San Félix.
“Fue una época dura. No conseguía empleo y me fui. Es algo que no volvería a hacer. Allá uno trabaja horas y horas a 30, 40, 50 metros de profundidad… a veces sentía que me faltaba el aire. No es como la gente cree que uno sale con oro todos los días”.
Los pozos o cilindros son túneles verticales angostos, por donde bajan en una especie de polea o “machina” hasta las galerías en las que cavan en busca del oro. Según describieron trabajadores, esta mina estaba bien estructurada.
Y ante la interrogante de si no avisaron a los compañeros sobre el peligro, aseguran que sí, pero cuando intentaron salir, el agua los sorprendió por otro lado y no hubo tiempo de sacarlos.
Ángela*, una maestra de Maracay, cambió las aulas por el trabajo en una mina en Tumeremo, municipio Sifontes.
“Yo fui minera. Mis manos parecían de hombre, llenas de callos. A veces tenías suerte y encontrabas oro en un día, pero podías pasar una semana sin nada. Igual, era eso o no comer. Cuando pude reunir algo, crucé a Colombia. No soportaba. Te expones a un derrumbe, un enfrentamiento, a enfermedades porque en dos oportunidades me dio paludismo”.
Los recuerdos que aún guarda fueron los que la hicieron salir.
“Vi gente morir cuando el Ejército entró disparando para desalojarnos. También mataban los del sindicato. Muchos que mueren allá ni siquiera tienen familia cerca; nadie reclama los cuerpos. A veces ni sabemos cómo se llamaban”.
La necesidad económica, pero también la normalización de ese sistema ha llevado a otra realidad reflejada en las edades de varias de las víctimas. Seguir con la educación superior, hasta continuar estudios en bachillerato, no es siempre la opción para los adolescentes de estos municipios.
Una docente de El Callao comentó que tiene alumnos que hablan abiertamente de irse a trabajar a las minas con su padre.
El temor que no se va
La angustia no solo se vive en las minas. También se respira en los hogares que esperan una llamada.
“Mi papá viaja cada cierto tiempo a trabajar a las minas”, cuenta Daniela Sánchez, habitante de San Félix.
“Cuando no sabemos de él, es horrible. Una vez pasamos un mes sin tener noticias. Justo hubo un derrumbe y pensamos lo peor. Esa incertidumbre no se la deseo a nadie”.
De acuerdo con el portal Cotejo.info, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2024 murieron al menos 93 personas en minas al sur de Bolívar. Las víctimas fallecieron en 27 derrumbes o colapsos de yacimientos.
En lo que va de 2025 se han dado al menos dos colapsos de galerías mineras. El primero se registró el 12 de julio en la mina ilegal Musupta, en Alto Paragua, donde cuatro personas fallecieron, incluida una mujer indígena pemón de la comunidad de Yuapi.
El segundo, el más reciente, en una mina asociada a la estatal Minerven. Estos registros de 2020 a lo que va de año, suman 111 víctimas.
El hecho de que esta vez la tragedia tuvo lugar en una alianza minera legal, hace cuestionar las condiciones y garantías en materia de derechos humanos que se les brinda a quienes ejercen la minería, donde la crisis económica en diversos sectores incidió en un aumento en desplazamientos internos en Venezuela con destino al sur de Bolívar, donde predomina la llamada fiebre del oro.
De acuerdo a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, los Estados “ deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control”.
Los Principios añaden: “Cuando una empresa está controlada por el Estado o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna otra razón al Estado, una violación de los derechos humanos por esta empresa puede implicar una violación de las obligaciones conforme al derecho internacional del propio Estado.”
Por su parte, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece en su artículo 53 que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no “ ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres que, de acuerdo a los avances técnicos y científicos existentes, puedan ser eliminadas o atenuadas con modificaciones al proceso productivo o las instalaciones o puestos de trabajo o mediante protecciones colectivas”.
