La falta de acceso a derechos económicos y sociales, el uso ilegal de la fuerza pública, las detenciones y torturas, la impunidad, las ejecuciones extrajudiciales y la migración forzada de Venezuela continúan siendo motivo de honda preocupación para Amnistía Internacional, advierten en su Informe Anual 2022 sobre la situación de derechos humanos en el mundo.
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La organización internacional asegura que los cuerpos de seguridad venezolanos responden con fuerza excesiva y otras medidas represivas a las protestas que reclaman derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua.
Amnistía Internacional denuncia que en Venezuela persiste la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometen las fuerzas de seguridad. Asimismo, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con el consentimiento del sistema judicial, continúan deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.
Un informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela ha revelado patrones de crímenes de lesa humanidad y ha pedido que se investigue a varios cargos gubernamentales identificados
En su informe, la ONG lamenta que a pesar de la aprobación de reformas jurídicas alusivas a la administración de justicia, las víctimas siguen con dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación.
Según Amnistía Internacional, entre 240 y 310 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos: “El Estado dirige sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos”
La minería ilegal y la violencia amenazan los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco
Amnistía Internacional también señala que el aborto sigue penalizado en casi todas las circunstancias, persiste la violencia contra las mujeres, pese al marco jurídico existente, y no se avanza en garantizar los derechos de las personas LGBTI.
Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas venezolanas habían huido del país, alerta el informe.
A continuación compartimos algunas de las denuncias de Amnistía Internacional, informe completo aquí
Represión de la disidencia
La política de represión continuó. Quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Había varios miles de personas sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política pasados o en curso.
Libertad de expresión y de reunión
El número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles y políticos disminuyó con respecto a años anteriores. Las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas, pero aun así sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2022 se celebraron 7.032 protestas, y en un 77% de las cuales se reclamaron derechos económicos y sociales. Las autoridades respondieron a muchas de estas manifestaciones empleando fuerza excesiva y detenciones arbitrarias. Un ejemplo de ello fue la detención arbitraria en junio de seis activistas que participaban en una vigilia celebrada en Caracas en memoria de Neomar Lander, adolescente asesinado en 2017 durante una protesta.
Hasta agosto, la organización local Espacio Público había documentado 228 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones —con la participación activa de agentes de policía y militares— había cerrado 78 emisoras de radio hasta diciembre.
La empresa de telecomunicaciones Telefónica admitió haber recibido y cumplido peticiones del gobierno de bloquear el acceso a varios sitios web e intervenir líneas telefónicas sin orden judicial.
Espacio Público señaló que José Urbina, director de la emisora de radio comunitaria Frontera 92.5 FM, había sido asesinado —al parecer por grupos armados— en el estado Apure, fronterizo con Colombia. El comunicador denunció haber recibido amenazas por poner de relieve presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana en esa zona.
Ejecuciones extrajudiciales
En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos hizo público un informe en el que expresaba preocupación por las persistentes ejecuciones extrajudiciales —coincidentes con patrones previamente documentados— llevadas a cabo en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de ingresos bajos.
Según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían efectuado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país. Las personas responsables de esos actos quedaron impunes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en junio de que las autoridades habían disuelto las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que habían participado en varios cientos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el gobierno no realizó ninguna declaración pública sobre esta cuestión y las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciado que las FAES permanecían activas.
Desapariciones forzadas, detención arbitraria y tortura
La práctica de la detención arbitraria seguía siendo generalizada, y con frecuencia se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos.
Varias ONG locales denunciaron que, hasta noviembre, entre 240 y 310 personas estaban detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
A principios de julio, en el transcurso de 72 horas, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín —activistas del partido de oposición Bandera Roja, vinculado con el movimiento sindicalista— y Gabriel Blanco —activista de base— fueron detenidos de forma arbitraria y sometidos a violaciones graves de su derecho al debido proceso. No se habían dictado órdenes judiciales de detención contra ellos, un hecho que coincidía con las violaciones de derechos humanos de ese tipo documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos.
Ese mismo mes, unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron de forma arbitraria a Ángel Castillo, militante del Partido Comunista Venezolano —no alineado con las políticas gubernamentales—, mientras participaba en una protesta de apoyo a los derechos laborales; el activista quedó en libertad ese mismo día.
La ONG de derechos humanos Foro Penal señaló que, hasta julio, las autoridades habían llevado a cabo 23 detenciones arbitrarias.
En agosto, Emirlendris Benítez, que permanecía detenida de forma arbitraria por motivos políticos desde 2018 y padecía varios problemas de salud, fue condenada a 30 años de prisión. Su sentencia no se hizo pública, lo que impidió a su abogada apelar. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había pedido su excarcelación inmediata.
En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos informó de que las estructuras de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el SEBIN se mantenían, y que los patrones de violaciones de derechos humanos dentro de esos organismos que ya habían sido documentados —como la tortura y otros malos tratos— persistían. La Misión también identificó a un grupo de personas de esos organismos de inteligencia que habían llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos, así como a una cadena de mando que las vinculaba directamente con Nicolás Maduro, y pidió que se las investigara por crímenes de lesa humanidad.
