Por más de cinco años, el gobierno de Nicolás Maduro no ha tenido ningún avance para firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Así se desprende de su falta de respuesta a la solicitud de información hecha por cuatro relatores y publicada el 13 de febrero de 2025 por el sistema de las Naciones Unidas, pidiendo información al Estado sobre los pasos adelantados para firmar, ratificar el tratado y para una futura implementación del mismo.
Una solicitud similar había sido enviada por 17 relatores y grupos de trabajo de la ONU, el 15 de julio de 2019 y solo fue respondida el 14 de julio de 2021 por el gobierno de Maduro diciendo que las preocupaciones y sugerencias de los relatores “fueron elevadas a la consideración de los órganos competentes del Estado venezolano, a los fines de trazar el curso de acción que sobre este importante asunto estimaran conducente, con miras a su debida evaluación y consideración”.
Esta respuesta formó parte de una operación de maquillaje de la Cancillería de Maduro, respondiendo en 2021 a 19 comunicaciones de relatores y grupos de trabajo, pendientes de ser respondidas desde 2017. El gobierno respondió a esas 19 comunicaciones con documentos que no respondían a las solicitudes de información, con vacíos de contenidos reales o prometiendo informaciones que nunca enviaron, como en el caso del Acuerdo de Escazú. Su objetivo no era responder sobre sus obligaciones en derechos humanos ante la ONU, sino mostrar que “cooperaba” con los mecanismos de las Naciones Unidas y que no era necesario adoptar resoluciones del Consejo de Derechos Humanos como las que han establecido y renovado la Misión de la ONU sobre Venezuela o el mandato del Alto Comisionado.
Esta última comunicación de los cuatro relatores reitera los argumentos de 2019 planteados por los 17 relatores y grupos de trabajo, resaltando que además de la urgencia de “combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, sigue siendo urgente proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y apoyarles en su labor en asuntos medioambientales, en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados de proteger a las personas defensoras del medioambiente y el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible”.
Los relatores recuerdan que el Acuerdo de Escazú “es el primer acuerdo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales. En los Estados que han ratificado este Acuerdo, ha sido una herramienta útil para mejorar la situación de las personas defensoras. El Acuerdo también incluye cláusulas específicas sobre la lucha contra la impunidad, las que son igualmente necesarias y útiles para la mejora de la protección ambiental y de los derechos humanos”.
De los 33 países de las Américas que pueden firmar y ratificar el tratado, Venezuela es parte de los ocho que no lo han hecho. El movimiento de derechos humanos venezolano ha insistido en la necesidad de firmar y ratificar este tratado, exigiendo también la investigación de forma inmediata del asesinato, el 30 de junio de 2022, del guardián territorial y líder indígena Virgilio Trujillo, y el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables.
La comunicación de los cuatro relatores puede ser consultada en el siguiente enlace DownLoadPublicCommunicationFile
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