En la conmemoración de un año del asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo que se oponía a la minería ilegal en el estado Amazonas, dos organizaciones ambientales y de derechos humanos piden que Venezuela firme el acuerdo de Escazú. La red de organizaciones de la sociedad civil Odevida —integrada por Clima21, Provea y la colombiana Pares, entre otras— documentó que 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021.
David Tarazona, Mongabay | “Observamos con preocupación el desinterés de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de Escazú. Nuestro pueblo Uwottüja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque Escazú contiene elementos como la protección de la biodiversidad y de los defensores del medioambiente”, señaló un líder indígena del pueblo Uwottüja, que pidió la protección de su nombre debido a la grave situación de seguridad que se vive en el sur de Venezuela.
Hace poco más de un año, el 30 de junio de 2022, fue asesinado en Autana el líder Uwottüja Virgilio Trujillo por oponerse a las pistas ilegales del narcotráfico y a la minería ilegal.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que entró en vigor en 2021 y que promueve el acceso efectivo a la información ambiental, a la justicia en los casos requeridos y la participación en la toma de decisiones que afecten el ambiente. Además, incluye la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que el 68 % de los asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en Latinoamérica. En total, 25 países de la región lo han firmado, algunos tienen pendiente su ratificación —como Brasil y Perú— y otros como Venezuela, Cuba y Honduras simplemente decidieron no adherirse.
Las comunidades yukpa fueron desplazadas hacia partes altas de la Sierra de Perijá. Foto: Hernando Vergara.
Con la esperanza de que el gobierno venezolano se una a Escazú para garantizar información a los ciudadanos sobre temas ambientales claves, así como la protección de los defensores de los ecosistemas, las organizaciones de la sociedad civil venezolana Clima21, Sinergia, La Vida de Nos y la red Odevida emitieron un comunicado público que reúne sus principales demandas. “Invitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata (…) Recomendamos la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales”, dice la solicitud que fue publicada el 5 de junio, el día mundial del medioambiente.
La situación de violencia contra los líderes ambientales de Venezuela es apremiante. La red de organizaciones de la sociedad civil Odevida —integrada por Clima21, Provea y la colombiana Pares, entre otras— documentó que 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021. “En total 21 de ellos fueron asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, según Odevida.
¿Por qué Venezuela necesita firmar el Acuerdo de Escazú?
“En particular, Venezuela es uno de los países donde Escazú puede ser más importante. Necesitamos el acceso a la información, la participación y a la justicia en temas ambientales”, dice Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador de la organización no gubernamental Clima21. Agrega que en el país no tienen acceso a ningún tipo de información oficial del medio ambiente y que el gobierno no ha manifestado intención de ratificar el acuerdo.
Agrega que si el país decidiera unirse al tratado, podría hacerlo de manera relativamente sencilla. “Venezuela solo necesitaría manifestar su voluntad de hacerlo ante el organismo que coordina el Acuerdo de Escazú (la CEPAL) y seguir los pasos necesarios para legalizar este proceso: firma del acuerdo y ratificación por parte de la Asamblea Nacional. En el primer aspecto es donde está el obstáculo, el gobierno nacional no tiene ninguna intención de hacerlo”.
En los resultados de una encuesta publicada en abril de 2023 por Clima21, al menos 57 líderes y organizaciones ambientales manifestaron no sentirse seguros al desempeñar su labor. Para el 60 % de las organizaciones encuestadas, la defensa de los derechos ambientales en Venezuela es una actividad de riesgo y el 26 % de los encuestados dijo que ha sufrido agresiones por su trabajo.
Álvarez, además, comenta que Venezuela presenta una violencia creciente contra los defensores del territorio, en particular, de líderes indígenas en los últimos años. Precisa que las formas de violencia perpetrada incluyen asesinatos, agresiones y hostigamientos. “Escazú pudiera ser una base de sustentación importante para proteger a estas personas”, agrega.
Los datos respaldan la visión de Álvarez. Según la organización de la sociedad civil Global Witness, que mide la violencia contra defensores ambientales a nivel global, 17 defensores han sido asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021. Según la ONG, al menos catorce de estas personas se oponían a la minería o actividades extractivas, y doce de los asesinatos se presentaron en los estados amazónicos del país, principalmente Bolívar.
En términos de origen de los asesinados, trece de los 17 eran indígenas. Detrás de estos crímenes, según Global Witness, están sobre todo las fuerzas armadas del país en ocho de los casos, mafias o crimen organizado en cuatro y sicarios en un número similar.
Aunque las cifras de Global Witness cubren hasta 2021, el 2022 no fue un mejor año. En marzo de 2022, se reportó una masacre del pueblo yanomami en el estado Amazonas. Militares del puesto de la sierra Parima Tapirapecó fueron señalados como los responsables de la muerte de cuatro pobladores indígenas, en medio de una disputa sobre el uso del servicio de Wifi. En junio del mismo año, el líder indígena Uwottüja Virgilio Trujillo fue asesinado por su oposición a las pistas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal en Autana, estado Amazonas. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes del comunicado consideran que la firma de Escazú sería un primer paso en la búsqueda de justicia y prevención de casos como el de Trujillo. “Demandamos la investigación de forma inmediata del asesinato del guardián territorial y líder indígena Virgilio Trujillo, y con esto se inicie el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables”, se lee en el escrito.
Alejandro Alvárez comenta que tanto en 2022 como en 2023 se han registrado acciones muy graves contra pobladores indígenas al sur del estado Amazonas. Esta violencia, asegura, ha causado la muerte de algunos miembros de estos pueblos. En junio de este año, líderes del pueblo yekuana denunciaron a través de la organización de la sociedad civil Kapé Kapé la incursión de mineros ilegales en su territorio. Estas actividades ilegales han traído amenazas, agresiones y atentados contra quienes se oponen, según Kapé Kapé.
Asimismo, en febrero de este año, expertos que trabajan con los yanomami señalaron que este pueblo enfrenta el mismo problema. En sus tierras se han detectado por lo menos 50 focos de minería ilegal, como reveló un informe de 2022 de la organización de la sociedad civil SOS Orinoco. Esta extracción ilegal de oro, según SOS Orinoco, se desarrolla con mayor ímpetu en Venezuela desde la implementación de la política del Arco Minero del Orinoco en 2016.
“En el Alto Orinoco, en las tierras ancestrales de los yanomami, estamos viendo una invasión de garimpeiros (mineros) brasileños que saben que pueden hacer negocio con las autoridades civiles y militares venezolanas. Hay un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en esta zona”, explica Cristina Burelli, fundadora de la organización de la sociedad civil SOS Orinoco. La experta añade que si en el informe de SOS Orinoco de 2022 detectaron que existían 50 focos de minería ilegal en tierras yanomami, hoy esos puntos han aumentado a 99. “Son 44 focos más que en el último informe nuestro y además la mayoría es de actividad visible en imágenes satelitales”, indica.
Para Burelli, el estado venezolano no tiene la voluntad política de acabar con la minería ilegal en el sur de Venezuela. Y denuncia que el operativo militar contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana es una suerte de “vitrina” que Maduro quiere mostrar ante el mundo, pero que la actividad no ha parado de crecer, según lo demuestran los estudios elaborados por SOS Orinoco.
“Veo con mucha preocupación cómo el estado Amazonas está siendo destruido y despojado de sus recursos minerales y vegetales a la vista de todo el mundo”, dice el líder Uwottüja que pide la protección de su nombre. Cita que los dos principales focos de minería ilegal son el Parque Nacional Yapacana y el Guayapo, en el municipio de Autana. Resalta, además, la presencia de grupos armados ilegales que se dedican al narcotráfico y a la minería, y que someten a los pobladores indígenas a condiciones de esclavitud. Agrega también que estos grupos armados llegan a las comunidades “con amenazas de muerte a los líderes, las mujeres y jóvenes”.
El líder demanda la ratificación del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores del medio ambiente. “Es necesario la articulación del pueblo Indígena y el gobierno para la defensa del medio ambiente en el Estado Amazonas”, dice.
Mongabay Latam habló con María Daniela Maldonado de Rincones, abogada, docente y defensora de Derechos Humanos y de Derechos de Pueblos Indígenas, que trabaja actualmente en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico —sede de la Iglesia Católica— de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Maldonado considera que el país debe sumarse al Acuerdo de Escazú. “Venezuela debe adherirse porque nuestro medio ambiente se está devastando por una serie de poderes económicos que no les importa quién sea afectado, sino solamente el dinero por encima de lo ambiental y lo humano. Todo lo entregan por sacar cualquier mineral”, comenta.
La abogada resalta que el acuerdo permitiría una mayor protección de los defensores ambientales y los líderes indígenas. Además del caso de Virgilio Trujillo, Maldonado rechaza el asesinato en mayo de 2017 del líder indígena Freddy Menare de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja de la Cuenca del Sipapo de Amazonas (OIPUS), quien murió en la misma zona. “A ambos los mataron en Atures (estado Amazonas) con disparos y sus casos siguen impunes”, señala.
Cristina Burelli ha denunciado también que las disidencias de la exguerrilla colombiana FARC y el ELN continúan intimidando a los pueblos indígenas Uwottüja o piaroa cercanos al área de la zona minera del Yapacana. También señala que estas intimidaciones han ido contra comunidades ye’kwana (yekuana) que se oponen a la invasión de las guerrillas colombianas para hacer minería ilegal en la zona del Caura.
Esta y las demás situaciones mencionadas, han llevado a que los indígenas protesten de manera coordinada ante el estado venezolano, exigiendo condiciones de seguridad. El 9 de junio de 2023, hubo un plantón en la Defensoría del Pueblo por parte de indígenas de los pueblos uwottoja y jivi de la Amazonía venezolana con el apoyo de 39 organizaciones civiles, exigiendo respuestas a sus denuncias por el avance de la minería ilegal, así como por la “presencia de grupos irregulares, la represión estatal y grave crisis social”, principalmente en el área del Yapacana.
Mientras el gobierno venezolano sigue en silencio respecto a si tiene la voluntad de firmar el Acuerdo de Escazú, los pueblos indígenas y otros defensores ambientales del país seguirán realizando su labor, expuestos a las agresiones y la violencia.
