Con 23 votos a favor, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) ha renovado por dos años los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela.
El proyecto aprobado fue presentado por 50 Estados entre miembros y no miembros del Consejo, y al momento de la votación contó además con 18 abstenciones y solo 6 votos en contra.
Esto significa que hasta septiembre de 2026, ambas instituciones harán seguimiento, investigarán e informarán al Consejo sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
Una victoria para las víctimas y la rendición de cuentas
La renovación de los mandatos representa una victoria para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y un paso crucial hacia la memoria y la rendición de cuentas en la lucha contra la impunidad.
Tanto la Misión de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado han jugado un papel clave para la historia moderna de Venezuela, no solo escuchando a cientos de víctimas que no encuentran justicia en el sistema judicial venezolano, sino con una documentación que ha servido para el escrutinio internacional y en procesos como los de la Corte Penal Internacional sobre los graves crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro que hoy continúan en impunidad en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana como Provea, Alfavic Venezuela, Cepaz, Amnistía Internacional Venezuela, SOS Orinoco, la iniciativa Justicia y Verdad junto a organizaciones internacionales como el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), han hecho una intensa campaña para asegurar que la comunidad internacional mantenga su atención en la situación crítica del país, pero también es un recordatorio que países como Chile y Argentina desempeñaron un papel trascendental en esta iniciativa por la causa venezolana.
Esta renovación es el resultado del esfuerzo colectivo de víctimas, familiares y defensores de derechos humanos que han alzado sus voces para exigir justicia y verdad. Además, es un recordatorio para los máximos responsables y perpetradores que los crímenes no serán olvidados, que dos de las instancias más altas del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos seguirán activas para dar seguimiento a lo que ha sido descrito por la propia Misión como una represión sin precedentes que sumerge a Venezuela en una grave crisis de derechos humanos.
Extensión del mandato de la Misión de la ONU sobre Venezuela
Con la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, su mandato ha sido expresamente extendido a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después de las elecciones del 28 de julio, y a la violencia de los grupos armados conocidos como “colectivos”. Por lo demás, el mandato de la Misión ha sido renovado en los mismos términos, es decir, para:
“Que la misión pueda seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los que entrañan violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
Próximos informes y diálogos interactivos
Los informes de la Misión estarán todos seguidos de debates (diálogos interactivos) en el Consejo de la siguiente manera:
- Actualizaciones orales sobre su labor en los períodos de sesiones 58.º (marzo de 2025) y 61.º (marzo de 2026).
- Un informe con sus conclusiones y recomendaciones sobre las medidas que el Consejo debería adoptar en el futuro, que serán presentados en los períodos de sesiones 60.º (septiembre de 2025) y 63.º (septiembre de 2026).
El papel del Alto Comisionado, Volker Türk
En cuanto a la Oficina del Alto Comisionado, ha recibido el mandato de presentar los siguientes informes:
- Actualizaciones orales en sus períodos de sesiones 58.º (marzo de 2025) y 61.º (marzo de 2026), que no serán debatidas en el Consejo.
- Informes actualizados, seguidos de diálogos interactivos, antes de finales de 2024 y finales de 2025.
- En los períodos de sesiones 59.º (junio de 2025) y 62.º (junio de 2026), un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que contenga una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores, los cuales serán examinados por el Consejo en diálogos interactivos.
La situación de Venezuela bajo escrutinio continuo
Antes de fin de año, la situación de Venezuela estará siendo discutida nuevamente, en una fecha que debe definir el Consejo para analizar el informe del Alto Comisionado. Además, tanto el Alto Comisionado como la Misión de la ONU estarán preparando nuevos informes para presentarlos al Consejo en marzo de 2025.
De esta forma, el Consejo busca mantener la lupa en la situación de derechos humanos en el país en torno a los acontecimientos de enero de 2025, considerando los graves antecedentes de violaciones a derechos humanos en contextos electorales, específicamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Resistencia y enmiendas rechazadas
Por esta razón, y porque no aceptan que se investigue la situación de Venezuela, los aliados de Maduro, en este caso Cuba, Bielorrusia, Rusia y Eritrea, presentaron cinco enmiendas que buscaban entorpecer e impedir la aprobación de la resolución. Sin embargo, estas fueron finalmente rechazadas mediante voto por los miembros del Consejo.
Fortalecimiento del expediente internacional
Los informes de las dos instancias continuarán nutriendo el expediente internacional de quienes ejercen autoridad en Venezuela en nombre del Estado. Estos informes, especialmente los de la Misión de la ONU, ya forman parte de los argumentos de los jueces y del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en las decisiones que llevaron a abrir la actual investigación por crímenes de lesa humanidad.
Un camino contra la impunidad
Las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, seguiremos acudiendo a las Naciones Unidas para exigir que se mantengan y fortalezcan estos mecanismos para que contribuyan a que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia nacional o internacional.
Resolución completa aquí
g2418410
