La Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, destacó en su boletín informativo de febrero de 2026 los avances recientes en Venezuela, al tiempo que subrayó la necesidad de medidas adicionales para garantizar una democratización genuina.
En el documento, Ollongren señala que la ONG venezolana Foro Penal informó sobre la liberación de más de 500 presos políticos y la aprobación de la Ley de Amnistía. La funcionaria europea calificó este hecho como un paso positivo, pero advirtió que “debe implementarse en la práctica” y que “se necesitan más medidas similares”.
El pronunciamiento identifica varias leyes que han sido utilizadas para restringir el espacio cívico y perseguir a la oposición: la Ley Contra el Odio, la ley sobre supervisión, regulación, funcionamiento y financiamiento de ONG y organizaciones sin fines de lucro, la Ley Simón Bolívar, y el reglamento del Tribunal Supremo sobre tribunales con jurisdicción en materia de terrorismo. La EUSR exigió su derogación como parte de los pasos creíbles hacia la democratización.
Asimismo, Ollongren reiteró la posición de la UE respecto al acceso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): el ingreso sin trabas para monitorear y brindar apoyo en el país “será clave”, demanda que la UE ha sostenido de forma recurrente.
PROVEA valora que mecanismos internacionales de alto nivel continúen haciendo seguimiento a la situación venezolana y respalden el trabajo de la sociedad civil. Las liberaciones registradas son un avance, pero no sustituyen las reformas estructurales pendientes: la derogación de las leyes represivas y el restablecimiento de garantías plenas para los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil siguen pendientes.
Declaración completa en inglés en el siguiente PDF
