Ángel Ramírez, Daiber Lucena y Frenyermi Lara, todos de 16 años de edad, no participaron en las protestas que se desarrollaron en El Valle y otras zonas populares de Caracas el lunes 29. Ese día, los jóvenes estaban en sus casas, pero, luego de ser detenidos en días posteriores, se les involucra en el hurto de una motocicleta que fue saqueada de un concesionario ubicado en el sector Los Jardines de El Valle. Además, los tres adolescentes han sido acusados de terrorismo e incitación al odio.
Para el 19 de agosto, la organización no gubernamental Foro Penal contabilizó 1.503 detenidos a nivel nacional, de los cuales 129 eran adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres. La mayoría de estas personas han sido imputadas por el delito de terrorismo. La Misión de la ONU sobre Venezuela reveló en su informe de septiembre que las autoridades habían confesado haber detenido a más de 2400 personas.
Han pasado más de 90 días. Nérida Ruíz, Yadira Beñosis y María Navas, junto a otras cinco mujeres, no han dejado de luchar para lograr que liberen a los 8 adolescentes que actualmente siguen presos en el centro de detención Casa de Justicia 431, ubicado en El Cementerio, en Caracas.
Se han organizado y crearon un colectivo llamado “Madres en defensa de la verdad”, para visibilizar y denunciar, a través de las redes sociales, cada uno de los casos.
Escribir, leer el antiguo testamento y caminar son de las cosas a las que se aferran Ángel Moisés Ramírez y su mamá Nerida Ruíz para sobrellevar tres meses de visitas fugaces y de pagar por un delito no cometido.
“A mi hijo se lo llevaron de mi casa el 31 de julio como a las 10 de la mañana. Lo vincularon con el hurto de una moto que dejaron fuera de mi casa. Durante la protesta saquearon motos Bera (una conocida marca de motocicletas) en los Jardines del Valle y dejaron una aquí. Cuando voy a trabajar, me doy cuenta que es la moto que vimos en un vídeo”. Cuenta Nérida.
A pesar de haber denunciado la aparición de la moto afuera de su casa, los policías se llevaron a su hijo. Acusado de hurto calificado, resistencia a la autoridad, terrorismo e incitación al odio.
“Nosotros pensábamos, van a buscar la moto (los policías) y se la llevan. Pero se metieron a mi casa, mi hijo salió del cuarto con el teléfono, le estaba diciendo a los amiguitos: tengo la policía aquí por la moto que dejaron en el camino. La policía le quitó el teléfono y le dijeron: si estás avisando es porque sí te llevaste la moto” dice Nérida.
Entre tanto, el adolescente Ángel Moisés Ramírez ha recorrido cinco centros de reclusión de Caracas. El primero de ellos fue la sede de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en la parroquia Coche, luego fue trasladado a la comisaría de la temida Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), también de la PNB en el sector Maripérez, al norte de la ciudad. De allí, Ángel Moisés fue llevado a la hacinada Zona 7 de la PNB en Boleíta, desde donde nuevamente fue llevado al centro de detención en Coche. Actualmente permanece recluido en la Casa de Justicia 431 ubicada en El Cementerio.
“El día a día es difícil, pero yo veo la foto de las camisas, las fotos con las que vamos a la concentración y eso es lo que me da fuerza. Los días de visita los espero con ansias para poder abrazarlo. A veces en las mañanas no me quiero parar, pero me digo, hay que salir y buscar. Tocar puertas a ver qué podemos hacer. Uno está agotado, ya son tres meses, pero tenemos que seguir luchando” lamenta Nérida.
En una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela el pasado 27 de agosto por 15 Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los expertos independiente expresaron su preocupación sobre los masivos alegatos de detenciones arbitrarias cometidos por la fuerza pública y el uso extendido de la legislación antiterrorista por parte del sistema de administración de justicia venezolano luego de los comicios del 28 de julio.
“Se estaría imputando a las personas por delitos graves y vagamente formulados. Muchos manifestantes han sido acusados ante la jurisdicción especial de terrorismo de delitos que resultan totalmente desproporcionados como “terrorismo” e “instigación al odio”, que conllevan penas severas pero cuya acusación se basa en una alta discrecionalidad por parte de las autoridades” dijeron los titulares de los mandatos de ONU.
En la misiva se hace especial referencia a las violaciones de derechos humanos, en el contexto represivo, contra grupos en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes.
“Según reportes recibidos, al 14 de agosto de 2024, 117 personas menores de edad (entre 14 y 17 años) han sido detenidas, acusadas en su mayoría bajo cargos de terrorismo. Se reporta que a la mayoría de ellos, no se les permitió tener contacto con su familia y les fue asignado un defensor de oficio Recibimos información de que las personas menores de edad detenidas están siendo acusadas de terrorismo, privadas de su libertad y sometidos a una jurisdicción especializada para niños y adolescentes”.
“Lloraba mucho hasta que me dije mi hijo no está muerto”
En los más de 80 días que tiene detenido el adolescente Frenyermi Lara , a su madre Yadira Beñosis, le ha tocado aprender a hablar frente a las cámaras y trabajar en equipo con otras madres para conseguir que lo liberen.
Tres veces al día Yadira recorre la ruta desde El Valle hasta el El Cementerio para llevarle comida a su hijo quien también está recluido en el centro de detención Casa de Justicia 431.
“Él tiene una dieta especial que le impide comer algunos alimentos producto de una bacteria estomacal”, cuenta Beñosis.
“Mi hijo me ha dicho: mamá, el día que no puedas traerme la comida no importa, yo espero para la siguiente. Le he dicho: tu plato comida siempre va a estar, estés aquí o estés allá. No te preocupes, el día que yo no pueda, sabes que nosotros somos una familia bien grande y todos nos apoyamos” relata.
A Frenyermi Lara se lo llevaron detenido el 11 de agosto. Ese día regresaba con su mamá de La Guaira. Los policías lo asociaron al saqueo que hubo el 29 de julio en el concesionario de motos de Los Jardines de El Valle.
“Cuando la defensora me lee el expediente, me dice: ‘a tu hijo le dicen Frenyito Manrique’. Le dije no, ese otro muchacho , un vecino. Mi hijo se llama Frenyermi Alexander y el otro niño se llama Freiyer Alexander. Hubo una confusión, pero los policías querían un culpable” dice Yadira.
Juanyely, hermana de Frenyermi y Yadira quieren que se haga justicia, que lo liberen y que le quiten esa “rayita”. Al adolescente lo obligaron a hacer un video en el que admitía que entró al concesionario, que se había llevado la moto a casa de Ángel y de Daiber, los otros dos adolescentes detenidos. Además, tenía que pedirle disculpas a Maduro y decir que le habían pagado, esto último se negó a decirlo.
“Yo si quiero que se haga justicia, no sabes el sufrimiento que han pasado esos niños y hasta uno. Quiero que mi hijo no quede reseñado de nada. Nosotras cuatro, Juanyely, Nérida, su hermana y yo siempre andamos por todos lados, buscando aquí, allá, con quién podemos hablar”, remata Yadira.
“Mi hijo no quiere pasar diciembre detenido”
Cada vez que visita a su hijo, María Navas se llena de fuerza. “El tiempo de Dios es perfecto” le dice su hijo Daiber Lucena quien tiene 90 días preso tras haber sido ser detenido el pasado 31 de julio junto a Ángel Moisés Ramírez.
El día de su detención, Lucena recibió en su teléfono un mensaje de Ramírez quien le informaba que la policía se encontraba en la casa de este último. Por esa razón, la policía lo involucró en el hurto de la motocicleta del concesionario de Los Jardines de El Valle siendo imputado por los mismos delitos que Ángel Moisés: hurto calificado, resistencia a la autoridad, instigación al odio y terrorismo.
“Ese día vinieron una cantidad de policías como si estuvieran buscando a un asesino. Mi hijo no estaba y lo llamé. Él llegó súper rápido y eso lo tomaron mal los policías, de una vez le pusieron las esposas y se lo llevaron” relata María Navas, quien denuncia que a su hijo lo golpearon los funcionarios por negarse a grabar un video admitiendo que había cometido los delitos por los cuales lo están imputando. Daiber Lucena fue trasladado a la Zona 7 de Boleíta donde compartió celda con presos comunes y donde había tanto hacinamiento que los presos alquilan un ventilador por una hora.
“Mi hijo no quiere pasar diciembre detenido, a veces flaquea porque a él le gusta mucho la navidad y le digo: diciembre es cualquier cosa, hijo tienes que tener fuerza”.
María es la “guerrera” de la familia, la que asiste a los que se enferman, la que hace alguna diligencia, por eso esta vez no ha dejado de exigir, durante tres meses, liberación de su hijo.
“Yo en la justicia terrenal ya no creo. Aquí el testigo, el juez es Dios y todo estamos en sus manos”.
