En agosto de 2020 la organización Foro Penal emitió un reporte especial sobre las mujeres que han sido víctimas de la represión política en el país. El presente reporte, es una actualización del referido reporte de agosto, en el que se han incorporado nuevos casos de mujeres presas políticas y se han actualizado los datos de las detenciones con fines políticos practicadas a mujeres, a diciembre de 2020.
Al 31 de diciembre de 2020, existen en total, en Venezuela, 26 presas políticas, entre ellas 24 civiles y 2 funcionarias militares. Resalta que, de la cifra total de presas políticas, 12 de ellas se encuentran bajo arresto domiciliario y 14 de ellas se encuentran en los siguientes centros de reclusión: sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Boleíta, Caracas), Instituto Nacional de Orientación Femenina (Los Teques, estado Miranda), Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida” (Los Teques, estado Miranda), sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (estado Bolívar), sede de las Fuerza de Acciones Especiales (estado Nueva Esparta), sede de las Fuerza de Acciones Especiales (estado Táchira), Destacamento 51 de la Guardia Nacional Bolivariana (estado Monagas), sede de la Policía Nacional Bolivariana (La Yaguara, Caracas).
Entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, la cifra acumulada de detenidos políticos en el país fue de 15.688 personas, entre estas personas detenidas, un total de 1.745 fueron mujeres.
Específicamente, por lo que respecta a la cifra total de mujeres detenidas políticas durante este año 2020, hubo 65 detenciones.
Se determinó que, la mayor cantidad de detenciones con fines políticos de mujeres este año, se verificaron a partir de marzo, dentro del contexto de protestas por fallas en los servicios básicos, siendo mayo el mes que reportó la mayor cantidad de mujeres detenidas con fines políticos del año en referencia, concretamente 18 detenciones.
Resalta que, el 51% de las detenciones con fines políticos en contra de mujeres del año, estuvieron a cargo de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y que fue en el Distrito Capital y en el estado Zulia donde se practicaron la mayor cantidad de detenciones con fines políticos contra mujeres.
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