El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha sido denunciado por múltiples instancias de protección internacional como un órgano carente de independencia e imparcialidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y, más recientemente, el Comité de Derechos Humanos. Estas instancias han comprobado que esta entidad judicial se ha convertido en un instrumento clave para perpetrar violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes del derecho internacional.
Desde 2002, por presiones de Hugo Chávez y en aumento con el pasar de los años gracias a Nicolás Maduro, el sistema de justicia en Venezuela ha demostrado estar bajo la influencia directa del poder ejecutivo, lo que ha comprometido su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y conforme a los principios fundamentales del derecho, además de irrespetar la propia Constitución de Venezuela en su artículo 254: “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa”.
En 2022, la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) para reducir el número de magistrados de 32 a 20.
La reforma legislativa agravó la ausencia de independencia del máximo tribunal, disponiendo que los magistrados que ocupaban la magistratura podían ser reelegidos para el cargo, pese a prohibición expresa de la Constitución en ese sentido; asimismo, se excluyó la participación de la sociedad civil en el proceso de postulación de candidatos, dejando esa potestad de forma exclusiva en el órgano legislativo.
Así, el nuevo TSJ nombrado por la AN el 26 de abril de 2022 está conformado por un 60% de magistrados reelectos. Además, por lo menos dieciocho de los veinte designados tienen nexos familiares con altos funcionarios del Gobierno, han ocupado puestos en el Poder Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o Nicolás Maduro, han militado en el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, situación que afecta gravemente su independencia e imparcialidad.
Adicionalmente, en diversas ocasiones, magistrados del TSJ han sido designados en cargos de otros poderes públicos, como el caso de Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega que se desempeñaron como representantes de la República Bolivariana de Venezuela (RBV) ante la CPI o la magistrada Indira Alfonzo quien fuera rectora del CNE, permitiéndoles una separación provisional del cargo y el regreso al mismo, una vez concluidas las funciones en el Poder Ejecutivo u otro poder del Estado.
Injerencia gubernamental en el TSJ
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado cómo los actores políticos de alto nivel han ejercido presión sobre jueces y fiscales para que dicten sentencias favorables al gobierno.
Un exmagistrado de la Sala Electoral del TSJ, nombrado en 2015, reveló que una de sus primeras decisiones fue inhabilitar a diputados opositores del estado Amazonas, bajo presión directa del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Este tipo de injerencia no es aislada; según la Misión, las instrucciones a los magistrados se transmitían a través de tres canales: mensajes directos desde el poder ejecutivo, intermediarios designados, y declaraciones públicas de figuras clave como el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Estas presiones fueron reforzadas por la jerarquía del TSJ, que obligaba a los magistrados a firmar sentencias ya redactadas, sin darles tiempo para un análisis adecuado.
La falta de independencia del máximo tribunal se ha puesto de manifiesto en declaraciones públicas de magistrados en las que expresan abiertamente su lealtad al proceso revolucionario. Así, por ejemplo, en el acto de memoria y cuenta de 2023, el orador de orden, el magistrado Luis Damiani Bustillos (Sala Constitucional), entre otras cosas aseguró que:
“Con la Constitución y el proyecto político bolivariano se cierra el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos (…) El proyecto chavista siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y la legitimidad de los votos populares y por el otro lado, está el bloque opositor conducido por la clase dominante transnacional, dominada por los aparatos militares y diplomáticos de EE. UU. y Europa. Este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, los sindicatos patronales, la CTV, los medios de comunicación, la tecnocracia de PDVSA, profesores, investigadores y líderes estudiantiles de la UCAB e IESA y otras universidades privadas, por el Grupo Cedice, Santa Lucía, Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, el Opus Dei, por grupos militares de altos grados formados en las escuelas de las Américas, por familias y líderes plutocráticos con importantes presencia en el mundo de los negocios, las academias, las ONG, las academias: la godarria”.
Durante las últimas dos décadas, se ha observado asimismo que el Tribunal Supremo de Justicia no ha dictado sentencias condenatorias al Estado venezolano, sino en menos del 2% de las decisiones en las que existe algún interés público, incluyendo los fallos cautelares. De modo que existe una clara predisposición a favorecer a las entidades de poder estatal, en detrimento del ciudadano.
En las jurisdicciones contencioso-administrativa y penal, por ejemplo, se ha documentado que magistrados del TSJ han ejercido presiones sobre jueces de instancia para que tomen decisiones para favorecer a agentes del poder político.
El control del TSJ sobre el sistema judicial venezolano ha sido clave para garantizar la impunidad de altos funcionarios y militares involucrados en violaciones de derechos humanos. La Misión de la ONU reporta que estos individuos son considerados “intocables” y están exentos de procesos judiciales, lo que ha permitido que se perpetúen crímenes graves sin consecuencias legales. Este nivel de impunidad es facilitado por un TSJ que, en lugar de actuar como un contrapeso al poder, se ha convertido en un facilitador de estos abusos.
Según la Misión: “Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas de las víctimas y sus familias”, lo que subraya la gravedad de la situación.
Intervención en la sociedad civil y la oposición
El TSJ no solo ha jugado un papel en la manipulación de decisiones judiciales para proteger al gobierno, sino que también ha intervenido activamente en la autonomía de organizaciones civiles y partidos políticos opositores.
Entre 2021 y 2023, la Misión documentó cómo el TSJ emitió sentencias que permitieron la intervención judicial en 23 asociaciones, incluyendo colegios de abogados y federaciones deportivas, reemplazando a sus autoridades legítimamente electas por otras designadas por el tribunal. Esta práctica, que también ha afectado a partidos políticos opositores, ha debilitado significativamente la capacidad de estas organizaciones para operar de manera independiente y ha reducido el espacio cívico en Venezuela.
El TSJ ha sido instrumental al juego político al emplearse para excluir ilegítimamente del ejercicio de sus derechos políticos a figuras de la oposición que resultan incómodas a las aspiraciones electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como ha sido el caso de las inhabilitaciones a decenas de dirigentes de oposición, como la ratificación de la inhabilitación a María Corina Machado. También ha sido ejecutor de las intervenciones a partidos políticos de oposición, despojando a sus autoridades internas de sus cargos y nombrando juntas directivas sin representación ni legitimidad entre sus miembros.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado de ser un órgano independiente y se ha convertido en una herramienta de Nicolás Maduro para consolidar su poder.
Su rol en la perpetración de violaciones de derechos humanos y la erosión del Estado de derecho ha sido documentado contundentemente por la Misión de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUDH y otra instancias internacionales, lo que subraya la urgencia de que la comunidad internacional no puede confiar en lo que emane de esa instancia hasta que no se produzca una reforma judicial en democracia que libere al sistema de justicia de las influencias políticas indebidas y garantice la protección de los derechos de todos los venezolanos.
Prensa Provea.
