Resumen y recomendaciones
La Unión Europea desplegó una misión de observación electoral (MOE UE) del 14 de octubre al 5 de diciembre para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 y evaluar el grado de cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Venezuela en materia electoral.
La misión, encabezada por la Jefa de Misión y miembro del Parlamento Europeo Isabel Santos, de Portugal, contó con 134 observadores el día de las elecciones y fue la primera misión de observación internacional que cubrió los 23 estados y el Distrito Capital de Venezuela. Las elecciones del 21 de noviembre fueron las primeras elecciones nacionales a las que concurrió la
mayoría de los partidos de la oposición desde 2015. Se consideraron como un posible
primer paso hacia un amplio acuerdo político sobre las condiciones necesarias para llevar a
cabo unas elecciones democráticas aceptadas por todas las partes y avanzar en la
reinstitucionalización del país.
La MOE UE observó deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones, como la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.
La MOE UE también concluyó que hubo mejores condiciones electorales en comparación con elecciones pasadas, como una administración electoral más equilibrada, la realización de varias auditorías en diferentes etapas del proceso electoral, que habían sido recomendadas por la MOE UE de 2006, y una actualización más amplia del registro electoral.
El marco legal electoral cumple con la mayoría de los principios internacionales básicos para elecciones. Venezuela ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales y regionales pertinentes sobre derechos civiles y políticos. Sin embargo, algunas leyes de medios de comunicación y, sobre todo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias muy controvertidas, entregó el control de la identidad del partido y el uso de sus símbolos a facciones minoritarias disidentes que los habían reclamado. Además, la suspensión arbitraria del derecho de candidatos de oposición a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación, puso en peligro el proceso de mejora de las condiciones electorales del país iniciado con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
El actual consejo directivo del Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrado en mayo de 2021, ha sido descrito con frecuencia por interlocutores de la MOE UE y comentaristas políticos como el más equilibrado de los últimos 20 años.
Los interlocutores de la MOE UE lo consideraron la medida más importante para recuperar la confianza en el CNE después de que los partidos de oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores desde 2015. Si bien los tres rectores cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, el Consejo logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno, y los dos rectores vinculados a la oposición y a la sociedad civil no ocultaron sus votos disidentes en temas en los que no se pudo llegar a un consenso, como la inhabilitación o renuncia de candidatos.
El CNE llevó a cabo la mayoría de sus actividades de manera eficiente y de acuerdo con el cronograma publicado el 28 de junio. Una de las medidas de transparencia más importantes implementadas por el CNE fue la realización de 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral.
Una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación realizada por expertos académicos concluyó que el sistema garantizaba la integridad del voto, a pesar de la extendida creencia popular de que el secreto del voto no está resguardado. Un simulacro realizado en octubre de 2021 fue evaluado como exitoso por observadores nacionales, quienes, sin embargo, criticaron actividades partidistas concurrentes, así como el uso de recursos del Estado, en su mayoría por parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las capacitaciones de miembros de mesa, tanto virtuales como presenciales, fueron superficiales y demasiado breves. Además, los esfuerzos de educación cívica y electoral fueron insuficientes, especialmente en lo que respecta a la opción de votar por diferentes candidaturas en las cuatro elecciones del 21 de noviembre.
El CNE llevó a cabo una campaña de actualización del registro electoral entre el 1 de junio y el 15 de julio, durante un periodo más largo y con más agentes que en elecciones pasadas. Sin embargo, la información proporcionada a los votantes fue escasa y en muchos casos los agentes del CNE mostraron un comportamiento partidista. Además, según organizaciones nacionales de + observación, el 12 por ciento de los puestos observados se encontraban en zonas controladas por el partido en el poder, mientras que el 14 por ciento no se instalaron en el lugar anunciado oficialmente.
El CNE estima que el subregistro asciende a unas 745.000 personas, pero la sociedad civil sitúa esta cifra entre dos y tres millones. Además, casi seis millones de venezolanos han emigrado, según cifras del ACNUR basadas en datos oficiales, pero sólo hay 108.000 votantes registrados en el extranjero.
El CNE inscribió 42 partidos nacionales y 64 regionales para participar en las elecciones del 21 de noviembre, así como seis organizaciones indígenas nacionales y 24 regionales para participar en las elecciones indígenas del 26 de noviembre. La inscripción de candidatos comprendió tres fases entre el 9 de agosto y el 11 de noviembre. Los cambios realizados en la última fase, que comenzó el 27 de septiembre, no se reflejaron en la boleta. La posibilidad de cambiar candidatos hasta 10 días antes del día de las elecciones benefició a los partidos políticos, pero afectó negativamente al derecho de los votantes a emitir un voto informado, ya que los cambios no se reflejaron en la boleta.
El rechazo de candidaturas a través de un proceso administrativo, sin notificación ni motivación explícita, basado en decisiones de la Contraloría General (CG) consideradas como políticamente motivadas, afectó a 15 candidatos del Partido Comunista de Venezuela y al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática Freddy Superlano, que poco antes de la decisión de la CG había sido determinado ganador de la gobernación de Barinas por el CNE. Estas decisiones contradicen el artículo 42 de la Constitución, que establece que sólo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos, así como los principios internacionales para elecciones democráticas.
La campaña electoral comenzó mucho antes de la fecha oficial del 28 de octubre, a pesar de estar prohibida por el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Los medios de comunicación de masas en Venezuela sufren duras limitaciones técnicas y financieras. Además, algunos medios de comunicación optan por no proporcionar información para evitar problemas políticos. Los interlocutores de la MOE UE reportaron autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados.
La agencia estatal reguladora de los medios de comunicación, CONATEL, puede sancionar directamente a los medios de comunicación, e incluso retirarles las licencias de emisión, sin necesidad de hacer una verificación judicial de la infracción. El monitoreo de medios de comunicación de la MOE UE mostró que los medios nacionales tuvieron un fuerte sesgo a favor del partido gobernante, que recibió la mayor parte de la cobertura televisiva y radiofónica,
especialmente en las emisoras estatales Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela. La propaganda electoral cumplió con los límites diarios establecidos por la ley. La MOE UE no identificó ninguna emisión obligatoria de mensajes gubernamentales
(cadenas).
La importancia de internet como canal de comunicación ha aumentado en Venezuela tras la pérdida de confianza en los medios tradicionales. Los intentos del gobierno por influir en los medios en línea incluyen el bloqueo de páginas web, campañas de desprestigio contra periodistas y operaciones propagandísticas. Aunque el CNE estableció la obligación de respetar la ley electoral también en internet, no hubo sanciones por violaciones ni límites al gasto en medios digitales. La Ley contra el Odio de 2017 empujó a periodistas y candidatos a la autocensura en línea. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para promover sus narrativas a través de Twitter fue ampliamente documentado. El monitoreo de redes sociales de la MOE UE también concluyó que las páginas de Facebook de funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, ministros y varios gobernadores en funciones, y en mucha menor medida algunos funcionarios de la oposición, fueron utilizadas para promover la campaña de los candidatos y los mensajes de sus partidos.
El marco legal electoral venezolano garantiza la igualdad de derechos y la plena participación política de mujeres, grupos indígenas y personas con discapacidad. A pesar de ello, las mujeres se enfrentan a retos económicos y sociales a la hora de presentarse a las elecciones. Una directiva del CNE consiguió una proporción del 49,44 por ciento de candidatas en las elecciones del 21 de noviembre, pero las mujeres sólo representan el 19 por ciento y el 9 por ciento de los alcaldes y gobernadores elegidos, respectivamente.
Como no existe un registro específico de votantes indígenas, el CNE implementó una elección en dos etapas para elegir a los representantes indígenas: una en julio y agosto para elegir a 4.334 delegados, que luego eligieron a los representantes indígenas a los concejos municipales y consejos legislativos de los estados el 26 de noviembre. La elección indígena fue criticada por ser opaca en sus procedimientos y por ser una elección de segundo grado que no respeta los derechos constitucionales al sufragio directo y secreto. En cuanto al voto de las personas con discapacidad, el CNE creó una comisión dedicada a elaborar directrices y materiales de educación al votante, pero eso no dio resultados satisfactorios debido al endeble esfuerzo de comunicación.
El reglamento del CNE de 2020 para la observación electoral restringe las actividades de los observadores al exigirles que sus planes de despliegue y sus informes sean aprobados previamente por el CNE. El CNE acreditó a seis organizaciones de observadores nacionales y a más de 300 observadores internacionales. Los observadores nacionales no reportaron ninguna limitación en cuanto a la libertad de movimiento o de expresión, ya que no se aplicaron los requisitos del CNE, pero el día de las elecciones algunos observadores no pudieron acceder a algunos centros de votación en tres de las 24 entidades estatales. El CNE y la UE firmaron un Acuerdo Administrativo, y el CNE aprobó una resolución para encajar las actividades de observación de la UE en el marco legal existente. Dicha resolución fue criticada por la sociedad civil como un doble estándar para la observación nacional e internacional.
La jornada electoral se caracterizó por retrasos en la apertura y el cierre de los centros de
votación, la ausencia de los miembros de mesa originalmente seleccionados y capacitados por el CNE, la coacción generalizada a los votantes y el abuso del voto asistido. Los partidos políticos, sobre todo el PSUV, pero también, en menor escala, los partidos de oposición, establecieron puntos de control de asistencia de votantes. La jornada electoral fue en general tranquila, pero se vio ensombrecida por incidentes violentos, especialmente en el Zulia, donde un votante fue abatido mientras esperaba en la cola para votar.
La MOE UE 2021 ofrece 23 recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. Las 7 recomendaciones prioritarias que se enumeran a continuación están relacionadas con las principales deficiencias estructurales puestas de manifiesto en las conclusiones de la misión:
- Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la
aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran
una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de
las competencias del poder electoral. - Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho
fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin
notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa. - Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad
y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones
políticas en elecciones simultáneas. - Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de
control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas
progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña. - Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas
- electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.
- Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la
libertad de expresión y evitar la autocensura. - Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de
mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados,
considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.
Informe completo aquí
eu_eom_ven_2021_fr_es-1
