La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos, en su 61° período de sesiones, una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en el país, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2025 y la presente fecha.
La declaración fue presentada por los dos nuevos integrantes de la Misión, María Eloísa Quintero y Alex Neve, quienes renovaron la composición del organismo tras la presentación del último informe en septiembre de 2025.
Continuidad de la represión en el último trimestre de 2025
La Misión registró al menos 135 presuntas detenciones arbitrarias entre septiembre y diciembre de 2025. Entre las personas detenidas figuran familiares de los objetivos principales de los arrestos, incluidos ocho niños, niñas y adolescentes. La Misión investiga casos de tortura y violencia sexual y de género en centros de detención y casas de seguridad. Al menos tres personas fallecieron bajo custodia, en circunstancias que apuntan a condiciones de salud no atendidas oportunamente.
El ataque militar del 3 de enero y sus consecuencias
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos a aeropuertos, bases aéreas y bases militares en Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda. El Ministerio de Defensa de Venezuela reportó 82 muertes, de las cuales al menos 2 fueron civiles, según medios de comunicación. En el marco de dicha operación, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con drogas y posesión de armas.
La Misión reiteró su posición: la operación militar violó el derecho internacional. Que Maduro tenga responsabilidad en crímenes de lesa humanidad no justifica una intervención ilegal, y todos los responsables deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las debidas garantías.
Excarcelaciones y Ley de Amnistía: avances limitados
Tras la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, las autoridades pusieron en marcha un proceso de excarcelaciones masivas. La Misión reconoce este acto como positivo, pero señala que las cifras oficiales son inverificables: Rodríguez cifró en 626 el número de excarcelados al 23 de enero, mientras que las organizaciones no gubernamentales estiman una cifra significativamente menor.
El 20 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La Misión acogió la ley con satisfacción, pero formuló reservas sustanciales: fue adoptada sin proceso consultivo transparente; no reconoce la responsabilidad del Estado ni garantiza verdad, justicia ni reparación para las víctimas; y su alcance es arbitrariamente restrictivo, al limitarse a una lista acotada de delitos y excluir a personas detenidas por acusaciones de acciones contra la soberanía, categoría usada con frecuencia para encarcelar a militares, exmilitares y civiles. Entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, se excarcelaron 247 personas bajo la ley y a 7.407 se les revocaron los procesos, aunque estas cifras no pueden ser corroboradas por ausencia de registros públicos. Al menos 76 personas extranjeras o de doble nacionalidad detenidas por motivos políticos permanecen privadas de libertad.
Sin reformas estructurales
La Misión advirtió que la maquinaria institucional que facilitó la represión permanece intacta. Las instituciones identificadas en informes anteriores (poder judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría, CNE, Conatel) no han sido reformadas. Varios funcionarios señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan en sus cargos. Los instrumentos jurídicos utilizados para la persecución política, incluidas la Ley contra el Odio y la Ley de ONG, siguen plenamente vigentes y deben ser derogados o reformados sustancialmente.
Después del 3 de enero se documentaron al menos 87 nuevas detenciones, entre ellas 14 periodistas detenidos temporalmente durante la juramentación de Rodríguez, 27 personas arrestadas por presuntamente celebrar la captura de Maduro, y alrededor de 30 funcionarios del CICPC y sus familiares.
Llamado a la cooperación y al escrutinio internacional
La Misión reiteró su exigencia de que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas de forma incondicional, independientemente de si sus casos quedan cubiertos por la Ley de Amnistía. Solicitó acceso pleno al país y llamó a mantener, no a reducir, el escrutinio internacional sobre Venezuela, subrayando que el número de víctimas y casos que solicitan ser registrados se ha duplicado o triplicado en los últimos meses.
Declaración completa en el siguiente PDF
