La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela acoge con cautela la aprobación, en primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, la medida no debe avanzar sin una supervisión rigurosa que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la participación segura y significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil.
“Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela” señaló Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos. “Sin embargo, su legitimidad e impacto dependen de un proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos.”
“Esta ley tiene el potencial de contribuir a restituir derechos y reparar el tejido social de Venezuela, pero las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados en las cárceles del país, así como las organizaciones de la sociedad civil que los han asistido y defendido, deben estar en el centro de este proceso” aseguró Neve.
La Misión de Determinación de los Hechos acoge con satisfacción que finalmente el texto del proyecto de ley se haya hecho público. Sin embargo, sigue preocupada por la ausencia de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras. Aunque se ha creado una Comisión Especial para impulsar la consulta pública sobre el proyecto, una ley de esta magnitud requiere un proceso transparente, con participación significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil, en condiciones que garanticen su seguridad y su capacidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El proyecto de ley señala que la amnistía tiene por finalidad promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional. En ese sentido, es indispensable que se implemente de manera integral y transparente.
“Preocupa que la amnistía se conceda únicamente respecto de delitos políticos y conexos, dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria” señaló María Eloísa Quintero, experta miembro de la Misión de Determinación de los Hechos. “Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos.”
Tal como está redactada actualmente, la ley no podría aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por motivos políticos en virtud de delitos que, en apariencia, no son políticos – como delitos contra el patrimonio público – o que estén fuera de los hechos enumerados en el artículo 6 de la ley. También podría dejar fuera a personas procesadas o condenadas bajo instrumentos legales utilizados para restringir el espacio cívico y facilitar la persecución por motivos políticos, así como causas tramitadas ante jurisdicción militar.
La Misión de Determinación de los Hechos subraya que toda ley de amnistía debe prever mecanismos claros para su implementación, supervisión independiente y canales accesibles para denunciar abusos, y que no debe estar sujeta a márgenes indebidos de discrecionalidad.
“Sería conveniente que el procedimiento judicial de verificación cuente con la participación de las víctimas, sus familiares, sus representantes y organizaciones de derechos humanos, a fin de evitar que la ley se instrumentalice o se aplique de manera incompatible con los estándares internacionales” señaló Quintero. “Esto es aún más importante, ya que no debemos olvidar la rendición de cuentas. Ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad.”
“Es fundamental que el proceso de liberación de personas detenidas, que ya está en curso, continúe sin interrupción. Reiteramos nuestro llamado a que todas las personas detenidas por motivos políticos sean liberadas de inmediato y sin condiciones” señaló Neve. “El debate legislativo sobre la Ley de Amnistía no puede retrasar las medidas urgentes necesarias para proteger sus derechos, especialmente a la luz de los informes que hemos recibido en las últimas semanas sobre el grave deterioro de la salud de personas detenidas, así como de muertes bajo custodia.”
La Ley de Amnistía debe ir acompañada de reformas estructurales para desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
“Lo que se requiere en este momento crucial es una agenda integral y basada en consensos para la transición del país, plenamente fundamentada en estándares internacionales” señaló Quintero. “La justicia, la verdad y la reparación para las víctimas deben estar en el centro de cualquier medida que busque abrir un camino democrático”.
La Misión de Determinación de los Hechos continuará monitoreando de cerca la evolución y la implementación de la Ley de Amnistía y su impacto en los derechos humanos y la rendición de cuentas en Venezuela.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 57/36 prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2026.
Para más información sobre la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, visite su página web.
