El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron hoy 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela.
La Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio, recalcaron las organizaciones.
Las tres personas expertas que conforman la Misión presentarán su quinto informe el 19 de septiembre, durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre de 2024. Se requiere una resolución para extender el mandato después de octubre.
En el pasado, un grupo de países de América Latina, así como Canadá, lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación de los Estados miembros del Consejo, requerirá una mayoría simple para que se apruebe.
Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca, señalaron las organizaciones.
El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.
La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.
Millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes, ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas de la oposición y restricciones a la participación política.
El Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen significativo.
Desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.
Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo «niños» como menores de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de ‘terrorismo’ y otros tipos penales discrecionales.
El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha documentado rigurosamente en sus informes.
Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas, según las organizaciones.
Con la renovación del mandato de la Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en un periodo postelectoral crítico.
La renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión, concluyeron las organizaciones.
Firman:
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Amnistía Internacional
Caleidoscopio Humano
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro para los Defensores y la Justicia
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comisión Internacional de Juristas
Espacio Público
Federación Internacinal por los Derechos Humanos (FIDH)
Foro Penal
Freedom House
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
Human Rights Watch
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón
Laboratorio de Paz
Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
Observatorio venezolano de conflictividad social (OVCS)
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
ONG Red Reto
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red Electoral Ciudadana (REC)
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Internacional de Derechos Humanos
Voto Joven
