La Investigación de la Fiscalía de la CPI se centra en los crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias, torturas, violación y/o otras formas de violencia sexual, y la persecución por motivos políticos, cometidas, desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y “colectivos”).

8.900 víctimas pidieron abrumadoramente que se reanude la Investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad, Venezuela I.

Las víctimas manifestaron que apoyan la Solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Afirmaron que el Gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades, las fuerzas de seguridad y los “colectivos” en Venezuela.

En noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares I ordenó a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones que recopilara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la Solicitud de la Fiscalía para reanudar la investigación sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I, de conformidad con el Artículo 18(2) del Estatuto de Roma.

La VPRS recibió las opiniones e inquietudes de aproximadamente 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones, presentadas en 1.875 solicitudes, incluyendo vídeos, correos electrónicos y otros documentos escritos.

Los familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y ambientales, los estudiantes, los profesores, los pensionados, los periodistas, empresarios, los trabajadores del sector humanitario y público, los abogados, entre otros, presentaron sus observaciones.

Las víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad incluidos sobre la Situación de Venezuela enviaron sus observaciones, incluyendo víctimas de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

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Las víctimas reportaron haber sufrido daños físicos, psicológicos, emocionales, materiales y morales, así como la privación de derechos fundamentales, afectándoles a nivel individual, familiar, grupal y comunitario.

En cuanto a la solicitud de la Fiscalía, las opiniones e inquietudes de las víctimas incluyeron la necesidad de una investigación urgente por parte de una corte internacional imparcial, ya que los procedimientos internos no son genuinos; la insuficiencia de las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela para abordar la falta de procedimientos genuinos; la importancia de llevar a los perpetradores ante la justicia en la CPI.

Señalaron que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal; la oportunidad única de la investigación de la CPI para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes; y el alcance de la investigación, incluyendo delitos específicos mencionados en la solicitud del Fiscal, así como delitos de asesinato y desplazamiento forzado.

Las víctimas pidieron justicia y la protección de sus derechos fundamentales.

¿Cuáles fueron las observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud de la Fiscalía?

Las opiniones e inquietudes de las víctimas, con respecto a la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación incluyen lo siguiente: 

  • Se necesita una investigación urgente por parte de una corte internacional imparcial porque los procedimientos internos no son genuinos; 
  • Las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procedimientos genuinos; 
  • La CPI debe llevar a los perpetradores ante la justicia, ya que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal; 
  • La investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes;
  • Con respecto al alcance de la investigación, además de los delitos mencionados específicamente en la solicitud del Fiscal (es decir, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y persecución por motivos políticos), las víctimas narraron un gran número de casos de delitos de asesinato y desplazamiento forzado;
  • Los casos de asesinatos incluyen aquellos cometidos  en el contexto de manifestaciones contra el gobierno, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos que suceden durante la  detención que resultan, con mayor frecuencia, debido a torturas excesivas, las malas condiciones de detención o debido a la denegación de tratamiento médico;
  • Los casos de desplazamiento forzado incluyen a víctimas que tuvieron que salir de Venezuela debido a la crisis humanitaria y a la persecución política, incluyendo casos en los que fueron impedidos de ejercer su profesión, perdiendo así su estabilidad económica; detenidos arbitrariamente y puestos bajo medidas preventivas después de la detención; despojados de sus ciudadanías y/o documentos de identidad; desalojados de sus hogares; denegados acceso a prestaciones sociales, tratamiento médico, entre otros. Adicionalmente, un gran número de víctimas afirmaron que la negativa de Venezuela a pagar pensiones de jubilación a opositores reales o percibidos del Gobierno que residen actualmente dentro y fuera de Venezuela, así como las sumas irrisorias pagadas al resto de la población jubilada, equivale a crímenes de lesa humanidad que las víctimas que el Fiscal de la CPI investigue;
  • Muchas víctimas también denunciaron torturas y crímenes sexuales y por motivos a de género.

Puede consultar el informe versión pública de la VPRS aquí

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